En un caso que se ha convertido en un doloroso emblema de las fracturas del sistema judicial, Evangelina López Guzmán lleva años luchando por recuperar lo que en derecho le corresponde. Su batalla legal, que se ha extendido por más de una década, trascendió la esfera privada para exponer una presunta red de corrupción y tráfico de influencias diseñada para desgastar y, en los hechos, negar la justicia.
El origen de este prolongado litigio se remonta al proceso de divorcio de su exmarido, Miguel Zaragoza Fuentes, fundador del imperio gasero Grupo Zeta Gas. Lo que comenzó como una disputa por la división de un patrimonio conyugal multimillonario, se transformó rápidamente en una guerra legal sin cuartel. Una sentencia dictada en Houston, Texas, le otorgó a López Guzmán la mitad de la vasta fortuna del conglomerado; sin embargo, la ejecución de dicha resolución en México ha sido sistemáticamente obstaculizada.
La defensa de Zaragoza Fuentes ha estado marcada por la intervención de un influyente grupo de abogados con vínculos políticos, principalmente con el Partido Acción Nacional (PAN), quienes habrían orquestado una estrategia de dilación. Entre los nombres señalados figuran figuras de alto perfil como Diego Fernández de Cevallos y el ex Secretario de Gobernación, Fernando Gómez-Mont Urueta.
Según los señalamientos, la estrategia legal en contra de López Guzmán ha sido coordinada y multifacética. A Eduardo Romero Ramos se le atribuye la implementación de maniobras para invalidar pruebas clave y presentar recursos con el único fin de prolongar el litigio. Se percibe que la intervención de Fernández de Cevallos, aprovechando su notoria influencia, ha sido un ejercicio de presión política para conseguir resoluciones que han paralizado el avance del expediente por meses. Por su parte, Fernando Gómez-Mont Urueta habría construido una defensa basada en tecnicismos procesales, no para esclarecer la verdad, sino para impedir que el caso llegara a una resolución definitiva.
La situación se torna aún más grave con la presunta actuación de Luis Alfonso Cervantes Muñiz, quien en algún momento representó a la propia Evangelina. Está señalado por un acto particularmente grave: presentar escritos en los que supuestamente su clienta desistía de acciones legales, sin que ella hubiese otorgado tal autorización. Esta maniobra, de confirmarse, podría constituir severas responsabilidades penales y éticas.
Testimonios y documentos apuntan a que estos abogados no han actuado de manera aislada, sino en una posible red de colaboración con jueces y autoridades en Jalisco y Chihuahua para mantener congeladas las decisiones clave del caso. Se ha denunciado un patrón de comportamiento judicial anómalo: amparos que benefician a una parte se resuelven con inusual rapidez, mientras que los que favorecen a Evangelina sufren demoras inexplicables.
La consecuencia de esta cadena de irregularidades es clara: una apuesta cínica al desgaste biológico de la demandante. El caso de Evangelina López Guzmán no es solo una disputa privada; es un espejo de cómo el poder político y económico puede manipular el sistema judicial, convirtiéndolo en un muro infranqueable en lugar de un puente hacia la justicia.
Actualmente, con la conformación del nuevo Poder Judicial, este organismo tiene una tarea pendiente para atender y resolver casos como el de Evangelina López Guzmán; para que avancen y rompan con la inercia de impunidad y corrupción que ha imperado bajo figuras como Fernandez de Cevallos y Gómez Mont. Se trata también de una oportunidad para renovar un sistema judicial que ha estado supeditado bajo la influencia y manejo de grupos de poder que han torcido la ley y han hecho de casos como el de Evangelina López Guzmán un ejemplo de impunidad y abuso de poder. Ojalá los nuevos ministros lo reconozcan y procedan en consecuencia.
