*En 2018 Morena obtuvo el triunfo con 33 por ciento del sufragio. El 67 por ciento restante debe sumarse a una sola propuesta: dar otra oportunidad al proyecto de nación y construir, ya, los consensos para reformar constitucionalmente la institución presidencial, fuente de corrupción y, sobre todo, de impunidad
Gregorio Ortega Molina
El presidente de México deja rastros en su lenguaje, gestos durante las conferencias, actitud, de lo que realmente siente por ese pueblo bueno y sabio al que dice amar: lo desprecia. De otra manera resulta incomprensible que ponga al país en manos de los oligarcas.
Andrés Manuel López Obrador está en lo suyo y se apega al libreto señalado por Chomsky. Es notorio el esfuerzo por controlar las entidades reguladoras, el caso del Inai muestra que cumple; el empeño en controlar las elecciones le abrió otro frente con el Poder Judicial Federal, pues en la SCJN decidieron -a pesar de los infiltrados- obedecer su mandato constitucional. En cuanto al cometido de “someter a la plebe”, como nombra el señor Chomsky a los que únicamente pueden vivir de las dádivas gubernamentales. Para eso son los llamados programas sociales, cuidadosamente aplicados, porque las guarderías desaparecen con el propósito de evitar que madres y padres encuentren tiempo para ver en su entorno y darse cuenta de la tomadura de pelo a que se les somete.
El autor de Réquiem por el sueño americano se refiere específicamente a las reguladoras financieras, pero acá, en este México nuestro, lo que molesta a nuestro presidente es la regulación del poder del gobierno. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha vuelto a cargar contra los órganos autónomos sugiriendo incluso su desaparición. El Ejecutivo ha señalado a la Comisión Federal de Competencia (Cofece) y al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) como “instituciones de defensa de la política neoliberal” y “de pillaje”, sostienen órganos de información.
El embate contra el INE, a pesar de la posposición del plan “B”, continuará, pero eso carece de importancia, porque a través del Congreso impuso el gobierno a los nuevos consejeros y a su consejera presidenta. Poco importa lo que digan la norma y la ley, impusieron sus criterios y, en caso de exigirlo una situación extrema, ellos mismos boicotearán las elecciones, con la apuesta de anularlas.
En 2018 Morena obtuvo el triunfo con 33 por ciento del sufragio. El 67 por ciento restante debe sumarse a una sola propuesta: dar otra oportunidad al proyecto de nación y construir, ya, los consensos para reformar constitucionalmente la institución presidencial, fuente de corrupción y, sobre todo, de impunidad.
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