*A menos de que la 4T aspire a mil años, como lo hicieron los ideólogos del Tercer Reich, el rango constitucional de los programas sociales durará lo que un suspiro, o dos sexenios a lo mucho, que en la línea del tiempo equivale a un estornudo de malos auspicios, debido al Covid-19
Gregorio Ortega Molina
Orondo José López Portillo, presidente en funciones, explica al inquisitivo Manuel Buendía que elevó a rango constitucional la estatización bancaria, para quitarle la tentación a Miguel (de la Madrid Hurtado). La reprivatización no fue inmediata, tardo poco más de un sexenio. Hoy, salvo Banorte, el sistema financiero nacional tiene sus sedes en el extranjero. Así son las consecuencias de los errores políticos.
38 años después y sin detenerse a meditar en las pifias de la historia reciente, el actual presidente de México se congratula porque “su” Cámara de Diputados elevó a rango constitucional los programas sociales que son piedra de toque de su administración, como si ello evitara su fracaso y los convirtiese en joyas que han de admirarse por su éxito. Falta su paso por el Senado, y olvidan, los políticos, que toda reforma constitucional nace con su contrarreforma bajo el brazo.
¿Qué resuelven con la entrega de esos recursos fiscales, más allá del clientelismo político? Anteriormente tuvieron establecido un control sobre el destino de ese dinero, con la idea de que podrían evitar que se compraran otros bienes que no fueran alimentos, ropa, medicinas, lo que realmente se requiriera para elevar, unos milímetros, el nivel de vida y evitar el hambre. Hoy, esos recursos pueden convertirse en efectivo, y nada ni nadie tiene conocimiento ni control del uso que se da a esa parte a la que contribuimos los que sí pagamos impuestos.
Un distinguido amigo trató de convencerme, hace meses, de que ese dinero reactivaría la economía. El razonamiento es ilógico, porque al federalizar los programas se pervirtieron, y porque no llegan a todo el que debe ser beneficiario, pues esa entrega también tiene su vertiente de corrupción. Cómo saber cuántas tarjetas del bienestar, o becas, o estímulos diversos no están en manos ajenas, porque creen que se lo merecen, o sólo por joder al vecino. Recuerden, a caballo dado, no se le ve colmillo.
A menos de que la 4T aspire a mil años, como lo hicieron los ideólogos del Tercer Reich, el rango constitucional de los programas sociales durará lo que un suspiro, o dos sexenios a lo mucho, que en la línea del tiempo equivale a un estornudo de malos auspicios, debido al Covid-19.
La manera en que la nación salga de la pandemia viral y económica, nos mostrará la estatura de los gobernantes y las verdaderas consecuencias de las decisiones tomadas antes, durante y después de los hechos. La falta de inversión, el subejercicio y la mezquindad al administrar, no contribuirán a la eficaz lucha contra el virus. O quizá el destino, o la divinidad, nos dan otra oportunidad.
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