CIUDAD DE MÉXICO, 26 de abril (AlmomentoMX/SemMéxico). El eje transversal de la tortura en México es la impunidad, sostenida por la falta de independencia, imparcialidad y eficacia de los y las profesionales a cargo de realizar la documentación e investigación de las denuncias, ya que es común que las personas encargadas pertenezcan a una dependencia implicada ya sea en la tortura o en el uso de pruebas ilícitas fabricadas mediante los actos denunciados.
Además de que los peritajes médicos-psicológicos se han convertido en un mecanismo que bloquea la investigación y sanción de actos de tortura, señala el “Informe Alternativo de las Organizaciones de la Sociedad Civil de México al Comité contra la Tortura de la ONU 2012-2019” que se presenta entre el 24 y el 26 de abril en Ginebra, Suiza.
El informe alternativo o “sombra”, en el que participaron más de 125 organizaciones de la sociedad civil, se presenta en virtud del séptimo examen periódico a México en el marco del 66° periodo de sesiones que celebra el Comité contra la Tortura (CAT, por sus siglas en inglés. La última vez que compareció México ante esta instancia fue en 2012.
La evaluación de ésta semana, consideraron integrantes de las ONG, quienes estarán presentes en las sesiones, es fundamental, ya que se examinará todo el sexenio de Enrique Peña Nieto, y al mismo tiempo los compromisos o la falta de ellos respecto del tema por el gobierno de López Obrador.
Al término de las audiencias que durarán tres días, el CAT emitirá al Estado Mexicano recomendaciones tendientes a superar la problemática del país en materia de tortura.
Los otros estados revisados por el Comité son, Bejín, la República Democrática del Congo, Alemania, Sudáfrica y el Reino Unido, que son parte de los 166 Estados partes de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, por lo que deben someterse a revisiones periódicas sobre cómo están implementando la Convención y las recomendaciones anteriores del Comité.
El Comité está formado por 10 miembros que son expertos independientes en derechos humanos provenientes de todo el mundo, que sirven a título personal y no como representantes de los Estados partes. Las observaciones finales del Comité son una evaluación independiente del cumplimiento por parte de los Estados de sus obligaciones de derechos humanos en virtud del tratado.
La tortura en México es generalizada.
En 100 páginas, las organizaciones detallan cifras oficiales y casos concretos, y coinciden que “sigue vigente” la conclusión del relator especial de la ONU, Juan Méndez, en el sentido de que la tortura en México es “generalizada”.
Señalan que la Unidad (hoy Fiscalía) Especializada de Investigación del Delito de Tortura a nivel federal informó en febrero de 2018 que de 8,335 investigaciones por tortura que había conocido, había ejercitado acción penal en solamente 17. En cuanto a sentencias condenatorias por tortura en septiembre de 2015, el Estado informó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que existían solo 15 condenas federales desde 2006, abarcando únicamente 8 causas penales.
En el año de 2017 la Encuesta Nacional a la Población Privada de Libertad, levantada en la totalidad de centros penitenciarios del país, misma que permite apreciar en parte el uso de la tortura en el sistema de procuración de justicia, se detalla que 75.6% de las personas detenidas sufrió violencia psicológica; 63.8% sufrió violencia física en el arresto y ante el agente del Ministerio Público; 49.4% fue incomunicada; 39.4% “recibió patadas o puñetazos”, y más del 23% recibió golpes con algún objeto y lesiones por aplastamiento, entre otros muchos reportes de violencia.
En noviembre de 2018, durante el Examen Periódico Universal (EPU) de México, el Estado Informó al Consejo de Derechos Humanos que de 2013 a 2018 se habían emitido 36 sentencias federales por tortura, pero “en realidad esta cifra representa solamente 16 causas penales, incluyendo varias con sentencia absolutoria, y la casi totalidad de las sentencias condenatorias fueron revocadas en apelación, por lo que se desconoce su estado final”.
De igual manera, menciona que los escenarios en los que se lleva a cabo la tortura, según las víctimas, son instalaciones militares, centros de reclusión, centros de salud, hospitales psiquiátricos, centros de detención migratoria y centros de menores, o durante las detenciones en manifestaciones.
Respecto a los peritajes medico psicológicos, las autoridades suelen reducir la investigación de la tortura al resultado de estos peritajes internos -erróneamente llamados “Protocolos de Estambul”-, mismos que generalmente se realizan tardíamente por personal no independiente y sin apego al verdadero Protocolo de Estambul.
Esto crea un ciclo vicioso: sin peritaje, las autoridades suelen considerar que no se puede acreditar la tortura, pero al someterse a un peritaje viciado, el resultado previsible es un dictamen ‘negativo’, lo cual igualmente se considera como indicador de que no hay tortura.
La Ley General para Prevenir la Tortura un avance, pero falta su total implementación.
Los avances más significativos en el cumplimiento de las recomendaciones que formuló el CAT al Estado mexicano en 2012 han tomado la forma de medidas legislativas, en particular la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Sin embargo, la mitad de los 32 estados que conforman el país no han creado las Fiscalías Especializadas de Investigación de la tortura, aun cuando el plazo que otorga la ley se venció hace año y medio, y tampoco se encuentra operando el Registro Nacional del Delito de Tortura contemplado en la Ley.
El otro avance significativo en éste periodo, es la entrada en vigor en todo el territorio nacional del nuevo sistema de justicia penal oral y acusatorio, regulado en el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), mismo que contempla un mayor nivel de debido proceso y protección de derechos humanos en los procesos penales.
Sin minimizar la importancia de dicha transición, en éste informe se identifican varios focos rojos en las prácticas de las autoridades y los criterios que se están aplicando en el marco del nuevo sistema penal.
En el informe las organizaciones muestran preocupación por la creación de una Guardia Nacional militarizada y el aumento de la lista de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.
AM.MX/fm
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