Por José Luis Camacho López
Kika de la Garza, un risueño diputado demócrata de Texas, decano de las interparlamentarias, se regodeaba e ironizaba sobre la nutrida presencia mexicana. Mientras la corte legislativa estadunidense la componían más ayudantes que diputados o senadores. La correspondiente a México parecía una aristocracia, la corte de una clase legislativa acompañada de más ayudantes y periodistas.
Las interparlamentarias tienen su origen en la Ley Pública 86-420 (USC 22, Chapter 7, Secc. 276h-276k), aprobada por el Congreso estadunidense en abril de 1960. Según los acuerdos entre ambas partes su agenda era previamente diseñada que para México “en ningún caso afectarían los principios de la autodeterminación también bajo las ideas de que las exposiciones de las representaciones legislativas “no tendrían un carácter de conclusiones o decisiones”.
Se determinó que cada delegación estaría integrada por doce senadores y doce diputados, que debían ser parte de las comisiones de relaciones exteriores de cada Congreso. En las series de reuniones se observaron que esta regla no se cumplía a cabalidad, en ocasiones era más notable que los diputados o senadores de la parte mexicana era más numerosa que la estadunidense. Kika de la Garza era uno de ellos, siempre presente y juguetón para darle a las reuniones un cariz amistoso e inocuo.
En la anunciada en abril de 2023 por el senador Héctor Vasconcelos, entonces presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, a efectuarse en junio del mismo año en Washington, ya en el gobierno de la IV Transformación de la República, supuestamente predominarían los temas de seguridad, migración, tráfico de armas, narcotráfico, sobre todo por el fentanilo; y se agregaban los de la materia energética y el maíz transgénico por parte de delegación mexicana.
Las interparlamentarias entre los congresos de los dos países no llega a consolar las aflicciones de la parte mexicana en dos temas que han sido determinantes en las relaciones a satisfacción de Washington en 2025: el derivado de los conflictos por del alto consumo de drogas en los Estados Unidos y las corrientes migratorias de los trabajadores mexicanos, a las que se suman las de familias de otras naciones del sur y de otras latitudes del planeta. Van juntos con pegado con el narcotráfico y el impune tráfico armas del ejército norteamericano hacia México, que sirven y usan las organizaciones del crimen organizado para mantener un estado desafiante de violencia a un Estado como el mexicano que debe mantener el monopolio de la violencia legítima.
Eran reuniones de abrazos sin el mínimo rasgo de rispidez. Son el más idóneo espejo de las relaciones mexicanas con los Estados Unidos. Es la historia Relaciones completamente desiguales y asimétricas.
La parte mexicana siempre acudió con el fin de encontrar arreglos en temas que ahora dominan la agenda presidencial de la mandataria Claudia Claudia Sheinbaum Pardo y el presidente Donald Trump.
En esa conversación del lunes 3 de febrero Sheinbaum Pardo y el presidente Donald Trump, en los cuatro puntos fijados, se denotan los de mayor interés para los dos gobiernos fijados bajo la amenaza de la administración estadunidense de castigar a México con el 25 por ciento de aranceles a las exportaciones mexicanas hacia el imperio del norte: la pausa en la aplicación arancelaria, el tráfico de armas hacia México, la creación de mesas de trabajo de Alto Nivel en materia de migración, seguridad y comercio y disponer el gobierno mexicano de diez mil guardias nacionales para evitar el tráfico de drogas y el paso de migrantes hacia el otro lado de la frontera mexicana.
Una conversación que denota que las interparlamentarias iniciadas en 1961 en la ciudad de Guadalajara poco han contribuido a una relación de igualdad entre pares y entre los gobiernos de las dos naciones.
El viejo tema de los trabajadores migratorias inicio esas reuniones sin soluciones para la parte mexicana hasta ahora.
El tráfico de drogas irrumpió de pronto en la interparlamentaria efectuada en Puerto Vallarta en 1971, había pasado ya la frustrada operación intersección del gobierno estadunidense de 1969 en la frontera norte de México, que apenas logró incautar unos cuantos kilogramos de marihuana, unos cuantos de peyote y unos de cocaína.
En esa interparlamentaria bajo el benigno sol de ese puerto mexicano no hubo ninguna declaración sobre el narcotráfico, se pasó en silencio el escabroso tema que vinculaba a las autoridades de ambos lados de la frontera.
Hasta la reunión en 1972 entre legisladores mexicanos y estadunidenses efectuada Nueva Orleáns y St Croix, hubo el acuerdo de una “Cooperación mexicano – norteamericano para la campaña contra la producción y tráfico ilícito de estupefacientes y sicotrópicos”. El narcotráfico ya era una piedra en el zapato de Washington.
La migración de trabajadores mexicanos en las tierras agrícolas de los Estados Unidos aparecía y se desaparecía en las interparlamentarias al igual del tema del narcotráfico a pesar de que se elevaba en los consumos de la población norteamericana. No eran aún temas prioritarios en la agenda o de interés para la parte estadunidense.
En la interparlamentaria efectuada en Guanajuato, en 1973, ambas partes convinieron solamente en el tema de los trabajadores migratorios mexicanos no documentados, tras considerarlo “un fenómeno social, económico y político, y no solamente demográfico”. Era para los equipos legislativos un problema que exige “la comprensión de las partes” y del narcotráfico se elogiaba “el esfuerzo que los gobiernos de ambas naciones llevan a cabo en la campaña contra el cultivo y el tráfico ilícito de estupefacientes”.
En 1977, el tema del tráfico de armas hacia México se comenta pero no es parte de la declaración conjunta de ambas misiones legislativa, solamente aparece el de “su decisión de coadyuvar con sus gobiernos, a fin de profundizar y reforzar la lucha contra el financiamiento, cultivo, uso y tráfico de estupefacientes”.
En la interparlamentaria efectuada en la Ciudad de México en 1979 “se resolvió que los derechos humanos de los migrantes son inviolables” y se felicitaban ambas partes por “el combate al tráfico de drogas”
En la realizada en 1982 en Santa Bárbara, California se reconoció la cooperación en la lucha contra el narcotráfico traspasaba las fronteras de México y Estados Unidos, se convertía en un problema global por lo que “se acordó que debería alentarse el apoyo pleno de todas las naciones al fondo de la Organización de las Naciones Unidas para el control del abuso de drogas (UNFDAC)”.
En la de Puebla, en 1983 , los legisladores simplemente expresaron su apoyo a la lucha contra el narcotráfico.
En Colorado, en 1986, las ácidas y violentas declaraciones del periodista y senador Jesse Helms sobre México agriaron la reunión. Helms calificaba a México de corrupto y antidemocrático. Por primera vez se reconoció lo grave del problema de la producción, distribución y el consumo de los estupefacientes y se consideró que era necesaria la cooperación para erradicarlo; ya pesaba el asesinato en Guadalajara del agente encubierto de la Administración para el Control de Drogas, (DEA), Enrique Camarena Salazar.
En la efectuada en 2006 en Valle de Bravo, ya la delegación de Estados Unidos determinó que para la reforma migratoria planteada en aquel país era necesario tomar en cuenta aspectos tales como la seguridad fronteriza, la seguridad interior, la administración del flujo migratorio y la cantidad y situación de los migrantes indocumentados en Estados Unidos. Como objetivo de seguridad se determinó establecer espacios de convergencia y no de separación entre los países, que permitieran enfrentar conjuntamente al crimen organizado, como lo es el tráfico de armas y de personas.
En los 50 años de interparlamentarias en 2011, en Washington la parte mexicana mostró a la parte estadunidense, que en materia de lucha contra el narcotráfico, lavado de dinero y tráfico de armas sus acciones eran insuficientes a pesar de la Iniciativa Mérida para combatir el narcotráfico y el trasiego de armas. El Operativo Rápido y Furioso puso “en evidencia no sólo el enorme problema que implica para nuestro país el tráfico de armas, sino las fuertes repercusiones que puede tener en materia de opinión pública una acción unilateral de esta magnitud”. Ya se asomaba la intención de la intervención estadunidense militar en México dada la debilidad que desde Washington se veía sobre la incapacidad mexicana para combatir el narcotráfico.
En la de Washington , en 2013, el narcotráfico y el tráfico de armas continuaron como temas centrales de la agenda que no pasaba de verse en el espejo de un fracaso en las iniciativas de resolverlos por la vía de una desgastada cooperación. Ya se tocaba el tema de una migración desde Centroamérica.
En 2025, después de más de 60 años de interparlamentarias, en su memoria está la presencia de una Kika de la Garza que aunque falleció en 2017, después de una larga vida, nació en 1927, cada vez que veía entrar a los legisladores mexicanos a su reunión con la parte estadunidense , simplemente sonreía.
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