Alejandro Martínez Araiza, secretario general del Sindicato Nacional de la Industria Alimenticia y de Comercio (SNAC), ha impulsado la creación de la llamada Plataforma Inteligente de Impacto Social (PLIIS), una especie de “tienda de raya moderna” que genera poco más de 51 millones de pesos al año. Aunque se presenta como un proyecto innovador y con visión social, en realidad reproduce viejas prácticas sindicales que, según trabajadores, perjudican más de lo que benefician.
Históricamente, las tiendas de raya del Porfiriato obligaban a campesinos y obreros a adquirir productos básicos a precios inflados, generando deudas que los mantenían atados a sus patrones. En pleno siglo XXI, Martínez Araiza retoma este modelo bajo un discurso de “sindicalismo moderno”, utilizando tecnología y supuestos beneficios que, de acuerdo con diversos testimonios, resultan ser un engaño.
Con el eslogan “Tu cuota vale por 30”, la PLIIS invita a los 17 mil trabajadores del SNAC a pagar, además de su cuota sindical, un promedio de 252 pesos mensuales. A cambio, se les otorgan cupones, descuentos, asistencia médica y funeraria, así como acceso a financiamiento. Sin embargo, estos servicios no son gestionados directamente por el sindicato, sino a través de terceros como Beneficios 360, Karam, Integralis y Consultoría de Negocios Estratégicos SC, empresas señaladas por operar como factureras.
El problema central radica en el costo real de estos “beneficios”, el cual no supera los 100 pesos por persona. En otras palabras, los trabajadores pagan más del doble de lo que realmente valen los servicios, mientras que el sindicato los presenta como un logro de gestión. En realidad, lo que existe es una intermediación con sobreprecio.
Más preocupante aún es el esquema de préstamos que se promociona como ventaja exclusiva: créditos a seis o doce semanas con un interés del 10%. Traducido en términos anuales, esto equivale a un 160% de interés, superando incluso las tasas de la banca tradicional y rozando la usura.
La opacidad también acompaña al proyecto. El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral no cuenta con actas que detallen el manejo del patrimonio sindical, a pesar de que la ley lo exige. Según denuncias, algunos integrantes del Comité Ejecutivo Nacional obligaron a trabajadores a firmar hojas en blanco para simular informes y censos internos.
Ante esta situación, surgen cuestionamientos inevitables: ¿dónde termina el dinero recaudado mediante estas cuotas y servicios? ¿Qué beneficios reales obtienen los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional por guardar silencio? Y sobre todo, ¿cuándo intervendrán la Secretaría del Trabajo y la Unidad de Inteligencia Financiera para investigar lo que muchos consideran una tienda de raya disfrazada de modernidad?
