PUERTO MORELOS, 29 de marzo (ElMaya.MX).-.- La administración de Laura Fernández Piña es, en los hechos, la administración menos comprometida con la transparencia y es, al mismo tiempo, la que en los hechos, se ocupa cada vez menos del tema.
La impunidad podría tener relación con el hecho de que, hasta la fecha, no se ha registrado ninguna sanción para las autoridades que se niegan a transparentar su administración, aunque parece pasar por alto que, de seguir con los recursos que la propia ley otorga al solicitante, los funcionarios municipales –incluida la presidenta-, podrían hacerse acreedores a sanciones que van desde la amonestación pública, pasando por multas que de ninguna manera se pueden pagar con recursos públicos, hasta la vinculación a investigaciones que deriven de la falta de transparencia y que podrían estar relacionadas con actos de corrupción.
El análisis que hace sobre el particular la organización ciudadana Transparencia Quintana Roo AC, revela que esa administración habría dado respuesta al 38 por ciento de las solicitudes de información que se habían ingresado desde el inicio de la presente administración y hasta el mes de enero; no obstante, en una segunda revisión, se habría desplomado al 12 por ciento de solicitudes atendidas, es decir, cayó 26 puntos.
Quintana Roo Hoy ha ingresado, desde el mes de noviembre de 2018 y hasta fechas recientes, diversas solicitudes de información. En particular, existe un grupo de 23 solicitudes emitidas entre los meses de noviembre y diciembre de 2018; de las cuales, sólo dio respuesta inadecuada a dos desde que se solicitó por primera vez, lo cual corresponde a un porcentaje del 11.5 por ciento; a otras dos dio respuesta hasta después de que quien remite hubo de recursar por falta de respuesta en primera instancia y las respuestas fueron también inadecuadas.
De hecho, los 23 documentos fueron recursados ante la misma instancia de transparencia, debido a que, 19 de ellos no tuvieron respuesta y 4 obtuvieron una que fue inadecuada al responder sin fundamento y sin documentos de respaldo, entre otras irregularidades.
LA IMPUNIDAD SE AGOTA
Hasta ahora, la administración de Fernández Piña se ha limitado a simplemente no responder, no sólo a este medio de comunicación sino a un grupo importante de ciudadanos y organismos autónomos, en el entendido de que no se han habilitado sanciones en contra de la falta de transparencia; no obstante, el detalle con el que no cuenta la administración portomorelense es que, con base en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los sujetos obligados que incumplen con la transparencia se hacen acreedores a sanciones que van desde amonestaciones, hasta fuertes multas la cuales, de ninguna manera pueden pagar con dinero del erario público.
Pero además, cuando resultado de la información que se solicita se presume que el sujeto obligado ha incurrido en actos de corrupción o delitos relacionados con el peculado (desvío o robo del dinero de las arcas públicas), el funcionario del Instituto relacionado a la transparencia deberá dar vista a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, en donde, de comprobarse los ilícitos, se aplicarían las sanciones derivadas de delitos que hoy, son graves y consideran prisión preventiva oficiosa.
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