Por: Teresa Gil
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Las cifras del informe septembrino del jefe del ejecutivo, serán abrumadoras, pero para el ciudadano común debió de haber habido desde siempre, una síntesis expresada a partir de las obras y hechos visibles. En su columna Dinero del 29 de agosto, Enrique Galván Ochoa hace una síntesis sobre lo fundamental de la obra de este gobierno y lo contrapone a algunos de los nombres que han hecho hasta lo imposible por detenerla. Menciona a Claudio X. González, Vicente Fox, Felipe Caderón, Alito, Marko Cortez, Ricardo Anaya, entre otros. Le faltaron nombres al columnista de La Jornada, entre ellos el sector intelectual aunque lo alude en sus escritos y referencias, igual que a medios, en la misma medida que por ser en lo general un espacio económico, no habla del apoyo social que han tenido diversos sectores del país, las presiones que ha recibido de un INE en picada y el involucramiento en un nivel bajo y cobarde, a la familia de AMLO, con ataques a su hijo menor, inclusive. El hace referencia a un presidente que ha sido atacado como nunca por un sector despechado que ha fracasado en todos sus intentos. Y yo estuve comparando el hecho con las leyes que advertían no agredir a la autoridad salvo castigo, la ley de Imprenta de 1917, entre ellas, y cuales hubieran sido los resultados. Recientemente, muchos que utilizan hasta los peores epítetos contra el gobierno en medios públicos, saltaron indignados porque en Veracruz se planteó una norma que impide la expresión de esos epítetos, para agredir funcionarios. Quieren irse por la libre; lo quieren todo.
EL DECLIVE INFAME DE SECTORES ESTATALES NO DESEQUILIBRÓ A OTROS
En la referencia mencionada, hay que señalar que no es la primera vez que se menciona al Poder Judicial en plena pudrición. Pero hay que destacar que por fortuna es un sector específico, el de más bajo nivel moral, aunque algunos tengan puestos altos. Hay solidez y coherencia en un alto porcentaje de jueces. Y en los otros poderes pasa lo mismo. Por otro lado están los organismos autónomos, como el mencionado INE entre ellos y algunos que han querido pasarse de su raya burocrática como lo hizo el INEGI en su momento acusado de alterar cifras. Y ahora lo hace el INAI, queriendo saber incluso, la secrecía de las denuncias contra los ex presidentes Fox, Calderón, Peña y el presidente AMLO, en la FGR. Tratando de evidenciar, tal vez, que son humo las denuncias que se mencionan en los medios o para advertir a los ex interesados. Grave violación de ese organismo, si es el caso, que igual que lo hace el INE, se quiera saltar las trancas de sus limitaciones.
NO SE PRECISAN LEYES. LA RELACIÓN DEBE SER DE RESPETO
La campaña injuriosa que menciona Galván Ochoa, ha subido de tono. Los insultos contra el actual Presidente de la República que hemos comprobado los ciudadanos, son en efecto, aparte de bajos, calumniosos. Pero no se ha respondido con acciones de la parte oficial. Eso ha provocado que los insultos aumenten. El reforzamiento del criterio de daño moral en la ley, tunde más fuerte a los difamadores y calumniadores porque se transita por la vía civil con restituciones económicas a veces fuertes. En la revisión de las leyes que imponían castigo a los boca sueltas y a los que calumniaban a funcionarios, lo cierto es que buena parte de los juristas mexicanos mostraron oposición. La aprobación de la abrogación de la Ley de Imprenta de 1917, fue el 26 de noviembre del 2020. Los llamados delitos contra el honor, la injuria, la difamación y la calumnia, fueron derogados del Código Penal Federal en 2007 y cualquier acto que los exhiba puede ser denunciado como daño moral. Diferentes son las limitaciones a la libertad de expresión que menciona el artículo sexto constitucional por lo vago que son los conceptos. Y fue expresado incluso en el propio constituyente (de 1857 y de 1917). Las palabras de Francisco Zarco aún retumban y en el siglo pasado en sus escritos, Luis Castaño (Régimen legal de la prensa en México, Porrúa 1962) Mariano Jiménez Huerta, Eduardo Pallares, Ignacio Burgoa entre otros, algunos de ellos criticando la Ley de imprenta y las limitaciones a la libertad de expresión como una censura por tratarse de conceptos poco claros. Las denuncias en todo caso deben estar fundadas en hechos concretos que se puedan probar, cosa que los opositores no han podido hacer.
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