CIUDAD DE MÉXICO.- Mariano Calderón, socio experto en materia constitucional de la firma legal Santamarina y Steta señaló que las reformas a la Ley Minera tienen la intención de generar un monopolio de Estado respecto del litio y cancelar la participación de inversión privada en toda la cadena de valor para la explotación de éste y otros minerales.“Obedecen al mismo dogma de la iniciativa de reforma constitucional en materia energética que no obtuvo mayoría en el Congreso. Así, dejarán de otorgar concesiones o permisos si el mineral se considera estratégico. El problema es que este dogma incurre en una grave falla constitucional y el gobierno federal no tiene dinero ni conocimientos para explotarlo. Ni siquiera para crear el instituto que pretende”, dijo.
El experto explicó que tanto el presidente, como la mayoría legislativa que impulsó las reformas a la Ley Minera no analizaron a profundidad sus alcances y –de manera increíble- olvidaron establecer disposiciones transitorias, lo cual deja en plena incertidumbre a todas las concesiones otorgadas y vigentes a la fecha, las cuales seguramente se defenderán vía amparos, dado que tienen derechos ya adquiridos que se verán afectados por el texto aprobado.
“Desde luego, eso se puede considerar inconstitucional y aquellas personas que sean afectadas por la reforma legal pueden recurrir al juicio de amparo o a arbitrajes de inversión al amparo de tratados comerciales”, informó.
Mariano Calderón añadió que la doctrina o principio de que ningún tipo de inversión privada pueda participar en la cadena de valor de minerales va en contrasentido de lo que requiere el país, que son inversiones, oportunidades de negocio y empleo para los mexicanos. No una burocracia que ahora podrá cancelar sectores enteros de la industria minera a discreción. A cambio, promueve establecer un monopolio de Estado que no tendrá oportunidades de ingresar ni competir en el mercado del litio.
“Está además montado sobre la base de un error de origen y una falla Constitucional grave por esta ideología, dado que el mismo artículo 27 constitucional siempre ha establecido que el dominio de las tierras, aguas y todos los minerales del subsuelo pertenecen a la nación y que corresponderá al Estado ver por su mejor aprovechamiento, mediante asignaciones o concesiones. Lo que está haciendo la iniciativa es excluir al litio del ámbito de la inversión privada. Ahora el gobierno federal tendrá que asignar presupuestos para crear un nuevo organismo, otorgarle recursos para que siquiera empiece a funcionar. No se diga para invertir para la exploración, explotación y aprovechamiento del mineral. Dados la escasez de recursos y los retos económicos nacionales e internacionales que estamos viviendo, prácticamente estamos enterrando al litio por muchos años”, concluyó.
AM.MX/fm
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