Edgar González Martínez
Cuando el gobierno en turno inició su gestión administrativa, la esperanza de acabar con la corrupción entusiasmó a gran parte de la población. Con el tiempo los éxitos han sido muy por debajo de las expectativas. Si bien es cierto que unos cuantos -no más de 5 acusados de peculado a la nación- han regresado parte de lo robado, la corrupción avanza y está presente hasta en áreas de gobierno más modestas como en el registro civil. En un documentado análisis de Expok, se señala que según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2021, la corrupción en las instituciones de gobierno es un acto recurrente, pues al menos el 86.3% de la población. Con respecto a la prevalencia para cada 100,000 habitantes, el estudio asegura: las personas que creen o han escuchado que existe corrupción en los trámites que realizan representó 61.9%, mientras que para 2019 fue de 62.1%. Además de que los habitantes a los que algún conocido les refirió actos de corrupción en los trámites, en 2019 fue de 44.2% y en 2021 fue de 45.2%. Por último, el porcentaje de personas que a título personal experimentaron corrupción durante un trámite gubernamental, se ubica en 14.7%.
La investigación arroja que el costo derivado de los actos de corrupción en México, por realizar pagos, trámites o solicitudes ascendió a más de 9,400 millones de pesos. Esto equivale a 3,044 pesos por persona. Desglosando este dato por entidad federativa, Quintana Roo es el estado con mayor tasa de víctimas de actos de corrupción, 20.41% por cada 100,000 habitantes, en al menos algún trámite realizado. En segundo lugar se ubica Puebla con 19.58%, y le sigue Baja California con 19.3%. Mientras que las entidades que registraron un índice bajo en actos de corrupción, son: Baja California Sur con 5.2%, Colima con 6.23% y Zacatecas con 8.19%.
Asimismo, el informe señala que en 2021, el contacto con autoridades de seguridad pública fue el trámite con mayores experiencias de corrupción, 65%. Los Ministerios Públicos también encabezan la lista con 24%; permisos relacionados con la propiedad con 22.3%; en cuarto sitio se ubicaron los trámites para abrir una empresa con 21.9%. Este último registro un aumento considerable con respecto a 2019 (7.6%).
Por supuesto, la corrupción continúa siendo uno de los principales obstáculos para el crecimiento del país. Desde el aumento de la violencia a partir de la tolerancia de los grupos armados, hasta el desvío de recursos y fondos en inversiones necesarias para el desarrollo. Como bien lo ha señalado el Índice de Paz México 2022 (IPM). Combatir la corrupción y la ineficiencia empresarial, gubernamental e institucional no solo
reduciría la impunidad y los delitos, sino que también liberaría fondos y recursos para inversiones muy necesarias.
De hecho, el Banco Mundial estima que este problema social representa el 9% del Producto Interno Bruto (PIB) del país. Con la falta de una estrategia institucional, integral y nacional para combatir la corrupción, parece que la probabilidad de terminar con el problema de la corrupción es baja.
DISMINUYE LA POBREZA LABORAL EN MÉXICO
Está claro que hablamos de pobreza laboral cuando un ingreso-salario que se percibe por un trabajo no es suficiente para alimentar a los miembros de una familia. Y en México, no obstante el negativo panorama internacional, el porcentaje de la población en condición de pobreza laboral a nivel nacional pasó de 42.0% en el primer trimestre de 2021 a 38.8% en el primer trimestre de 2022. En el primer trimestre de 2022, poco más de la mitad de la población (51.9%) en el ámbito rural se encontraba en pobreza laboral, mientras que en el ámbito urbano era 34.7% de la población. La disminución de la pobreza laboral del primer trimestre de 2022 respecto del mismo periodo de 2021 se debe principalmente a dos factores: al aumento del ingreso laboral real per cápita de 6.7% y al incremento en 3.1 millones en la población ocupada. Al primer trimestre de 2022, sólo 6 de 32 entidades federativas tienen menores niveles de pobreza laboral que previos a la pandemia por COVID-19: Baja California, Campeche, Colima, Chiapas, Nayarit y San Luis Potosí. A dos años del inicio de la pandemia, las entidades más afectadas fueron la Ciudad de México, que aumentó su proporción de población en pobreza laboral de 29.1% a 35.9% (+6.8pp), y Puebla, en donde este indicador aumentó de 42.9% a 49.2% (+6.3pp).
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