Por EDGAR GONZALEZ MARTINEZ
El entendimiento entre los dos países se ha mantenido en secreto, y no sabemos si sería un acuerdo, un tratado o un convenio, todos son instrumentos que establecen obligaciones entre países, pero cuyo alcance y formalidad varía. Según analistas de Citibanamex, la aplicación de un acuerdo, por ejemplo, tiende a ser más flexible, menos obligatoria que la de un tratado. En cualquier caso, sería deseable que Canadá también participara en la negociación de compromisos. Un acuerdo regional de colaboración en materia de seguridad podría incorporar capítulos sobre compartición de inteligencia estratégica, fortalecimiento de capacidades de investigación, formación de grupos operativos de alto rendimiento y niveles de confianza, capacitación de corporaciones policiales, adopción de tecnología de control fronterizo, de aduanas y migración. Y podría levantar la mira hacia el futuro para generar condiciones sostenibles de orden y paz, programas para descontaminar a la sociedad, sus instituciones y su infraestructura crítica (agua, energía, conectividad del control e influencia de los intereses criminales.
México es reacio a permitir el acceso de fuerzas policiacas o militares de EU, que es lo que demanda Washington D.C. Acuerdos de colaboración en materia de seguridad nacional, se han concretado en el pasado. Ahí tenemos en el gobierno del entonces de presidente Calderón, cuando se firmó el Plan Mérida entre EU, México y varios países de Centroamérica con el objetivo de combatir el narcotráfico y el crimen organizado internacional. Dicho plan consistió en asistencia técnica y financiera, en la entrega de equipo (helicópteros y aviones) y en entrenamiento policial y militar para operaciones antinarcóticos. Pero parece que se negocia es un compromiso legal más ambicioso.
Pero lo que se negocia, parece más ambicioso, y aunque no contamos con evidencias al respecto, y sobre todo que México haya concedido y acomodado demandas norteamericanas, ya se pueden observar operaciones encubiertas de drones y barcos norteamericanos que registran información de inteligencia sobre actividades criminales en territorio mexicano. El congreso mexicano – dominado por mayorías morenistas- ha venido autorizando el ingreso de misiones norteamericanas de entrenamiento militar. Y México parece haber rehabilitado una política de seguridad proactiva en contra del crimen organizado, que se refleja en la “transferencia” de hasta ahora 55 delincuentes asociados a los cárteles, la detención de muchos otros, decomisos de precursores, droga y combustible, el desmantelamiento de laboratorios, y un control redoblado de puertos y fronteras.
Un acuerdo internacional de seguridad supondría objetivos estructurales y de largo plazo. Las acciones referidas son aisladas, con efectos inconexos sobre la escena criminal. Un instrumento legal bilateral de seguridad podría generar un marco institucional de colaboración para enfrentar la creciente complejidad y alcance de las organizaciones criminales más grandes de México, cuya operación plantea desafíos para la estabilidad y el desarrollo de ambos países. Pero, hasta ahora, no hay nada seguro.
Piden mayores impuestos al consumo de tabaco y bebidas alcohólicas.
Para reducir el consumo de productos que perjudican a los mexicanos con enfermedades, muertes, accidentes, violencia y generan fuertes cargas económicas al sistema de salud nacional, organizaciones de la sociedad civil solicitaron a la presidenta Claudia Sheinbaum y a los secretarios de Salud y Hacienda, aplicar impuestos saludables al alcohol, tabaco, ultraprocesados y bebidas azucaradas.
Representantes del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP); del Centro de Análisis e Investigación FUNDAR; de la Red de Acción Sobre Alcohol (RASA); del Poder del Consumidor, y de Salud Justa MX, afirmaron que los impuestos saludables cuentan con un gran apoyo social, sobre todo si lo recaudado se destina a fines sociales como aumentar recursos para proteger la salud pública.
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