Por EDGAR GONZALEZ MARTINEZ
Para muchos analistas especializados en temas de seguridad, esto no es nuevo, desde hace tiempo -dicen- se repite en lugares de provincia, pero ahora se observa con mayor frecuencia en centros urbanos capitales. En efecto, en una investigación de Citibanamex, recopilada por Nydia Iglesias, hace más de doce años que la población nacional percibe a la inseguridad como el principal problema en México. Cuestionados sobre cuál consideran como el principal problema del país, la mayoría de los mexicanos responde que es la inseguridad.
Sí, pero últimamente el Tribunal Electoral de la Federación (Trife), el Instituto Nacional Electoral (INE) y analistas han expresado su preocupación por el incremento de la violencia, que ahora se está notando mayormente en tiempos de procesos político-electorales.
Según el Índice Global de Crimen Organizado (IGCO) 2023, que evalúa los niveles de criminalidad y de resiliencia de los gobiernos ante la actividad criminal, México ocupa el tercer lugar de 193 países analizados. Y para la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), en 2021 el promedio del número de homicidios por cada cien mil habitantes (hxc100mh), fue 5.8 a nivel mundial y en América Latina, 15. En México, desde 2009, ese dato se ha ubicado por encima del promedio de la región.
No obstante, durante el gobierno de López Obrador, la tasa de homicidios se ha reducido, aunque los niveles absolutos se mantienen altos. Comparando el quinto año de gobierno de López Obrador con su primer año se observa una caída de 20% en el número de hxc100mh, que pasaron de 28.9 hxc100mh en 2019 a 23.3 hxc100mh en 2023. Ahora bien, durante los cinco años que lleva su gobierno han sido asesinadas más de 170 mil personas, es la cifra más alta de los últimos 10 sexenios (121 mil durante todo el gobierno de Calderón y 157 mil con Peña Nieto). En promedio, durante el gobierno de López Obrador, 92 personas han sido asesinadas al día, aunque en 2023 ese dato fue 83. Y sí, casi todos los delitos más violentos presentan una tendencia a la baja excepto la extorsión, que recientemente ha alcanzado niveles históricos. Durante este sexenio, los delitos de alto impacto han presentado una tendencia a la baja. Comparado con el último año de Peña Nieto, los secuestros disminuyeron -67% y los robos con violencia, –23%. Sin embargo, las extorsiones han continuado con la tendencia de crecimiento que han observado desde el sexenio de Vicente Fox (2000-2006). Notoriamente, durante el gobierno de López Obrador las denuncias de extorsión crecieron 48%, comparado con el último año de Peña. Y por supuesto, también está el tema de desapariciones que, ante la falta de cifras oficiales, las investigaciones están en manos de actores privados como la consultora TResearch, que ha publicado datos de desaparecidos para los últimos seis sexenios. Pero también los asesinatos de periodistas han alcanzado registros históricos. Los periodistas que cubren la agenda de inseguridad y violencia se han vuelto cada vez más vulnerables al asedio de grupos criminales que buscan disuadirlos del seguimiento de sus actividades y la publicación de noticias y reportajes que los involucren.
Destacan la importancia de fortalecer la CFE y organismos reguladores.
Al respecto Juan Carlos Machorro, socio experto en energía de la firma Santamarina y Steta señaló la importancia de fortalecer al Estado mexicano como regulador del sector eléctrico y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como participante esencial en el sector, pero no regresando a un monopolio estatal caduco y anacrónico en la actualidad. “Se trata de que ganemos todos: que exista seguridad energéticaen la realidad más allá del discurso público y certeza jurídica para todos los participantes. Es decir, energía limpia y accesible en volumen, cobertura y precio para los consumidores en todo el país. CFE no puede sola con el paquete, por más dinero que se le inyecte”, dijo.
El especialista explicó que nadie en su sano juicio está en contra de fortalecer a CFE como Empresa Productiva del Estado o al Estado vía los órganos reguladores en la materia. No es casualidad ni es gratuito que se la haya designado así, al amparo de la reforma energética de 2013 y 2014. “Lo que se logró con esta reforma fue ubicar a México del lado de la sensatez, de los países democráticos que venido abandonando sistemática y categóricamente esquemas de monopolios estatales verticales; ya no funcionan los sistemas en los que el ente público controla todo, como dueño del estadio, de los boletos, los equipos,el balón y el árbitro; pretender dar marcha atrás a un país de hace sesenta años nos debilita a todos, gobierno incluido”, apuntó.
La reforma energética de 2014 abrió a la competencia fundamentalmente en dos de cuatro actividades: la generación y la comercialización de electricidad, siendo esencial pensar en un fortalecimiento profundo de CFE para convertirla en una empresa productiva y eficiente en áreas en las que competiría con el sector privado, con una prevalencia inicial manifiesta en el mercado. Se planeó como un proceso gradual de inversión, de proyectos y recomposición del mercado, a partir de una inversión privada que va participando poco a poco. Así se abre un juego de mercado en el que irían predominando aquellas empresas que aportaran las mejores tecnologías y eficiencias operativas con proyectos e inversiones de muy largo plazo, apalancados en los mercados financieros. Es decir, mejor precio y servicio para todos, concluyó.
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