TUXTLA GUTIÉRREZ.— Con 39 votos a favor, el pleno de la 69 Legislatura del Congreso de Chiapas aprobó un integral paquete de reformas de cara a los comicios de 2027. El decreto modifica los plazos de separación del cargo para funcionarios públicos que busquen una candidatura, introduce bloques de competitividad para garantizar la paridad efectiva en las presidencias municipales y faculta a comunidades indígenas y afromexicanas para la administración directa de recursos públicos.
Las modificaciones abarcaron la fracción VI del artículo 40 de la Constitución Política del Estado, diversas disposiciones de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales y la adición del artículo 111 Bis a la Ley de Desarrollo Constitucional en materia de Gobierno y Administración Municipal, avaladas durante el Cuarto Periodo Extraordinario de Sesiones que encabezó la presidenta de la Mesa Directiva, Marcela Castillo Atristain.
Licencias de 90 días y reincorporación inmediata
La nueva norma elimina el requisito de separación definitiva para quienes aspiren a una diputación local o miembros de ayuntamientos. En su lugar, establece que los servidores públicos únicamente deberán solicitar licencia temporal 90 días antes del día de la votación —fijada para el primer domingo de junio—.
Al respecto, el diputado Mario Guillén Guillén precisó que la medida equilibra la contienda y asegura la gobernabilidad, pues los aspirantes podrán mantenerse al frente de sus encargos durante la mayor parte del proceso y regresar a sus funciones tras el día de la jornada comicial, sin esperar a que concluya la etapa de litigios e impugnaciones en los tribunales.

Paridad por bloques y freno a la simulación
En materia de género, el Congreso de Chiapas avaló lineamientos para evitar que las candidaturas femeninas sean relegadas a demarcaciones con nula rentabilidad electoral. Según detalló Guillén, actualmente poco más de 20 de los 124 municipios chiapanecos son gobernados por mujeres, con la meta de elevar la representación a más de 50 o 60 alcaldesas.
Para ello, los municipios se dividirán en tres bloques de competitividad (alto, medio y bajo), garantizando una distribución equitativa de postulaciones en cada segmento y respetando de manera simultánea los sistemas normativos internos en los municipios de usos y costumbres.
Presupuesto directo para pueblos originarios
En un punto medular para los derechos de los pueblos originarios, la adición del artículo 111 Bis responde a un ordenamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) derivado del litigio impulsado desde 2022 por la comunidad tsotsil La Candelaria, ubicada en San Cristóbal de Las Casas.
El legislador Juan Salvador Camacho Velasco subrayó que esta adición armoniza la entidad con la reforma al artículo 2 federal sobre autonomía y autogobierno. Establece mecanismos bajo reglas de transparencia y rendición de cuentas para que los ayuntamientos entreguen a las comunidades indígenas y afromexicanas la parte proporcional del presupuesto que legalmente les pertenece.
⇒ Una vez promulgado el decreto, el Ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas contará con un plazo de 30 días naturales para definir lineamientos y transferir los fondos a La Candelaria.
El nuevo marco normativo regulará la renovación del Congreso estatal y de los 124 ayuntamientos. La delegación del Instituto Electoral en Chiapas reportó que se prevé la instalación de unas 7 mil casillas —la entidad con mayor índice de casillas extraordinarias del país por su complejidad orográfica y sociopolítica— para atender a una lista nominal superior a los 4.1 millones de votantes.
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