Miguel Pérez García
Presidente Confederación Mundial de Empleo América Latina
México —al igual que todos los países del mundo— está resintiendo los efectos económicos y laborales del COVID-19. De acuerdo con datos oficiales publicados por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en el primer semestre de 2020, se perdieron un millón 113 mil 677 empleos formales. La cifra es elevada, mas no contempla ni los desempleos de la informalidad ni aquellos autoempleos de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), que representan el 99.8% de las unidades económicas del país.
En un contexto donde todos los actores sociales tendrían que buscar soluciones conjuntas, el senador Napoleón Gómez Urrutia ha continuado su lucha contra la subcontratación, un esquema de trabajo completamente legal en México, que, cuando es utilizado con responsabilidad, ha probado ser benéfico, sobre todo en la creación de puestos de trabajo formales. Sin fundamentar con información objetiva y comprobable ninguna de sus afirmaciones, ha acusado al outsourcing de ser el responsable de la mayoría de los empleos perdidos. (No existen, a la fecha, cifras oficiales y fidedignas al respecto.)
Como Presidente de la Confederación Mundial de Empleo para América Latina, estoy obligado a señalar que es precisamente ahora cuando se tiene que aprovechar con mayor intensidad y responsabilidad la subcontratación. Para hacer frente a la contingencia es indispensable administrar de manera emergente el trabajo de personal médico, muchas veces altamente especializado. Con tal objetivo, las empresas de tercerización son una solución inmejorable, ya que permiten ahorrar costos, flexibilizar el trabajo y contar con modelos innovadores y focalizados en materia de gestión de personal.
Por otra parte, según datos utilizados numerosas veces por el propio senador Gómez Urrutia, en México existen cerca de 8 millones de trabajadores que laboran bajo algún modelo de subcontratación. Hoy más que nunca tenemos que cuidar el empleo de esas personas, máxime cuando, según distintos estudios de prestigiadas instituciones (como el COLMEX), la subcontratación ha ayudado en diversos sectores económicos mexicanos a aumentar tanto la productividad como los índices de formalidad.
Dentro de este panorama, el senador Napoleón Gómez Urrutia ha insistido en impulsar mediáticamente una iniciativa en materia de subcontratación que en los hechos pretende prohibir y criminalizar dicha actividad. De ese modo, en vez de incentivar el empleo se está exponiendo a la población y a los sectores más vulnerables en el punto más crítico para la economía y la estructura laboral de México. La subcontratación, lejos de ser un problema, constituye una de las principales armas contra la crisis provocada por el COVID-19.
Cabe señalar que, a principios de este año, el senador Gómez Urrutia intentó imponer dentro del Senado la iniciativa referida, pasando por alto los acuerdos plurales y democráticos a los que se llegó al interior de dicha cámara. No solamente se ignoraron los diálogos de dos parlamentos abiertos, sino que no se respetaron los compromisos explícitos a los que gracias a la Junta de Coordinación Política del Senado (JUCOPO) llegaron representantes del Ejecutivo Federal, legisladores, empresarios, trabajadores, sindicalistas y académicos en una serie de mesas de alto nivel. Lamentablemente, parece que los intereses políticos y económicos particulares están por encima del empleo de los mexicanos y de los pactos conjuntos.
Complementariamente, aunque resulta positiva la propuesta del senador Gómez Urrutia de crear un seguro de desempleo, su solución no responde preguntas fundamentales que las circunstancias ameritan, como, por ejemplo, cuál será la temporalidad de dicho seguro, de dónde se sacarán los recursos para financiarlo, quiénes serán los beneficiarios y cómo se instrumentarán los pagos en el corto plazo. Cabe añadir, además, que la propuesta ya había sido hecha por numerosas cámaras empresariales y fue rechazada por el Ejecutivo Federal.
Quisiera cerrar con el oportuno llamado que hizo la Organización Internacional de Trabajo (OIT) de no criminalizar la subcontratación y, especialmente, de proteger a los trabajadores durante la crisis del COVID-19 por medio de medidas flexibles que incentiven el empleo.
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