Ciudad de México, 3 de febrero de 2021.- Para ser una “patrón ejemplar” y dar base laboral a los 500 mil trabajadores al servicio del Estado, que están actualmente subcontratados en diversas empresas, el gobierno del presidente López Obrador deberá tener en el presupuesto de este año, sólo para salarios, entre 6 mil y 7 mil millones de pesos, consideran especialistas.
Pero eso no es todo, indican, para cumplir con todas las de la ley, a esos recursos hay que sumarle un 25 por ciento adicional de la carga social de este medio millón de trabajadores al servicio del Estado.
Por ejemplo, hace unas semanas la Cámara de Diputados dio base a 462 personas de limpieza que estaban en el esquema de subcontratación y que tenían un salario promedio de 4,200 pesos mensuales.
Ahora, con su incorporación al Congreso, tendrán un salario de 9 mil 526 pesos y además acceso a una serie de prestaciones y apoyos que los llevarán a un salario integrado de 14 mil pesos al mes.
Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), señala que la administración encabezada por Andrés Manuel López Obrador ha asignado al menos 50 contratos a empresas de outsourcing entre el 2019 y el 2020. Estas operaciones equivalen a 8,000 millones de pesos e implican el trabajo de 28,800 personas.
Los contratos se han dado en prácticamente todas las áreas del gobierno federal: en las secretarías de Bienestar, Economía, Relaciones Exteriores, Marina, Sedena, Cultura y Educación, así como en Bancomext, Nacional Financiera, Banobras, el INEA y en centros de investigación”, se expone en la investigación firmada por el Raúl Olmos para MCCI.
En tanto, Joel Ayala, dirigente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) estima que en el gobierno existen alrededor de 500,000 trabajadores contratados por Outsourcing, sobre todo en las áreas de limpieza, vigilancia y tecnología.
En la antesala de la discusión en el Congreso por la iniciativa que reforma la Ley Federal del Trabajo para regular la subcontratación, surgen estas preguntas de los especialistas.
¿De dónde se sacarán recursos públicos para darle base a medio millón de trabajadores del gobierno con su carga social completa? ¿El IMSS y el ISSSTE tienen capacidad para atender esta demanda? ¿El gobierno de Morena daría más poder a un sindicato dirigido por un líder priísta?
