CIUDAD DE MÉXICO.— El Grupo de Expertos de Derechos Humanos sobre Nicaragua (Ghren, por sus siglas en inglés), de la ONU, señaló al Gobierno de Daniel Ortega de cometer “crímenes de lesa humanidad” desde 2018 y llamó a la comunidad internacional a “actuar de manera oficiosa” para ejercer una acción penal y juzgar a los responsables.
⇒ Las conclusiones del Grupo de Expertos figuran en un informe presentado este jueves en Ginebra, Suiza, el cual recoge “graves violaciones y abusos de los derechos humanos”, incluyendo “ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes”.
También constató que el Gobierno de Nicaragua ha incurrido en actos como la privación arbitraria de la nacionalidad y del derecho a permanecer en el propio país, una medida aplicada en febrero a 222 opositores excarcelados y deportados a Estados Unidos y a otros 94 disidentes, en su mayoría exiliados.
“El Grupo encuentra motivos razonables para creer que estas violaciones y abusos fueron perpetrados de manera generalizada y sistemática por motivos políticos y que, verificados en todos sus elementos, permiten sostener la existencia de crímenes de lesa humanidad”, resaltó el texto del grupo conformado por el alemán Jan-Michael Simon, la colombiana Ángela María Buitrago y el chileno Alexandro Álvarez.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, y altos mandos estatales han perpetrado crímenes de lesa humanidad, concluye un grupo de expertos en DDHH de la ONU que presenta su primer informe en Ginebra (Suiza).https://t.co/GboE5zaPzj pic.twitter.com/PwAQ4ckj20
— EFE Noticias (@EFEnoticias) March 2, 2023
Los expertos en Derechos Humanos de la ONU identificaron como responsables de estos “crímenes de lesa humanidad” al presidente Daniel Ortega y a la vicepresidenta Rosario Murillo, además de agentes, funcionarios y diversas estructuras de su Gobierno y actores no estatales.
⇒ Nicaragua vive una grave crisis política desde abril de 2018, cuando Daniel Ortega reprimió con policías y paramilitares una revuelta social. La acción gubernamental dejó 355 muertos y más de 2 mil heridos, según organismos de derechos humanos.
El Grupo señaló que su trabajo consistió en la investigación detallada de 142 casos individuales de violaciones de derechos humanos a partir de más de 160 pruebas documentales confidenciales y reportes de organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos.
Al respecto, Ángela María Buitrago destacó que el Grupo recomendó a la comunidad internacional “ampliar las sanciones” a los funcionarios e instituciones nicaragüenses implicadas en estos “crímenes de lesa humanidad” e iniciar acciones legales desde la legislación interna de cada país para “ejercer el principio de protección” a partir del derecho internacional.
(@radio_nicaragua) Grupo de experto en materia de derechos humanos de la ONU, presentan pruebas sobre crímenes cometidos por el sistema dictatorial de Daniel Ortega Saavedra y compañía en contra del pueblo Nicaragüense. #DDHH #SOSNicaragua pic.twitter.com/WRiSAlSt0x
— (@ReporteNi) March 2, 2023
Entre los patrones de la represión, el Grupo identificó el uso de armas con alto potencial lesivo por parte de policías y paramilitares contra manifestantes en protestas. “Entre el 70 y 80 por ciento de las muertes se produjeron por impactos de proyectil de arma de fuego y la mayoría de ellas por impactos en zonas vitales”, destacó el informe.
También constató que la policía y sus fuerzas de apoyo “actuaron coordinadamente” para cometer 40 ejecuciones extrajudiciales. Entre estos grupos mencionaron a miembros del gobernante Frente Sandinista, de la Juventud Sandinista, exmilitares, empleados públicos y miembros de pandillas reclutados por “personas de confianza de las altas autoridades del gobierno”.
El Grupo refirió que durante las protestas de 2018, por orden de la ministra de Salud “se dio la instrucción a las directivas de centros de salud y hospitales de todo el país de denegar el ingreso y la atención médica” a manifestantes y reportarlos ante la policía. A su vez, destacó que no hay ninguna condena a policías o integrantes de grupos pro-gobierno por las violaciones cometidas.
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AM.MX/dsc
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