CANCÚN.— A raíz de la viralización en redes sociales de material videográfico sobre la presunta tenencia irregular de grandes felinos, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) desplegó dos visitas de prospección en el municipio de Benito Juárez para verificar la legal procedencia, el confinamiento y el estado físico de los ejemplares vinculados a José Juárez Gil, conocido como “Pepe Tigre”.
Juárez Gil cobró notoriedad en los años ochenta por operar un restaurante donde los clientes convivían con fauna salvaje, recinto que fue clausurado formalmente por las autoridades en 2005 tras el decomiso de sus animales. Pese a ello, mantiene un litigio activo para recuperar ejemplares, lo que detonó una manifestación en su respaldo este domingo 27 de septiembre sobre el bulevar Kukulcán, con bloqueos parciales al tránsito en la zona hotelera.
El primer operativo se concretó el pasado 21 de septiembre en un terreno ubicado en la delegación de Alfredo V. Bonfil, inmueble que actualmente se encuentra bajo resguardo y administración de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo (Agepro). Dicha propiedad figuraba en reportes ciudadanos como el sitio donde supuestamente permanecían animales confinados.
Durante el recorrido técnico, los inspectores de la Profepa constataron la existencia de cinco estructuras de hierro habilitadas como antiguas jaulas, las cuales mostraban condiciones de abandono y deterioro avanzado. La dependencia confirmó mediante un comunicado oficial que en dicho perímetro no se localizó ningún ejemplar de fauna exótica ni silvestre.
La segunda diligencia se ejecutó el 24 de septiembre en un predio ubicado en plena zona hotelera de Cancún. La movilización derivó de grabaciones recientes donde se aprecia a un ejemplar de jaguar (Panthera onca), especie en peligro de extinción catalogada bajo la NOM-059-SEMARNAT-2010, que presuntamente permanece bajo custodia de “Pepe Tigre”.
El despliegue contó con el resguardo de efectivos de la Guardia Nacional y el acompañamiento de especialistas de la Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar (ANCJ), con base en las facultades que confiere la Ley General de Vida Silvestre en materia de confinamiento seguro y trato digno.
Pese a la orden de prospección, los ocupantes del inmueble negaron el acceso al área específica y se rehusaron a otorgar las facilidades para que los peritos practicaran la revisión ocular y la correspondiente valoración médico-veterinaria del felino, impidiendo certificar su estado de salud y su documentación de procedencia legal.
Ante la negativa vecinal, los inspectores de la Profepa levantaron el acta circunstanciada correspondiente para sustentar el expediente jurídico y advirtieron que mantendrán abiertas las rutas legales y administrativas para garantizar la protección de la especie y la seguridad de la ciudadanía.
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EM/dsc
