Pablo Cabañas Díaz
El llamado “lawfare”, o “guerra jurídica” es una palabra inglesa que corresponde a una contracción gramatical de las palabras “ley” (Law) y “guerra” (warfare), que describe una forma de guerra asimétrica. Una “guerra jurídica” que se despliega a través del uso ilegítimo del derecho interno o internacional con la intención de dañar al oponente, consiguiendo la victoria en acometidas de relaciones políticas públicas, paralizando política y financieramente a los oponentes, e inmovilizándolos judicialmente para que no puedan perseguir sus objetivos ni presentar sus candidaturas a cargos públicos.
El arquetipo del “lawfare” en México es el estudio: “Legalidad contra las cuerdas” patrocinado por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y Causa en Común, en colaboración con la revista Nexos.
Desde principios del siglo XXI, se comenzaron a invertir recursos en programas de cooptación de las instituciones judiciales de numerosos países, en especial de América Latina. Las “Escuelas de las Américas” para militares se han sustituido por escuelas judiciales y programas de capacitación jurídica, tanto en Estados Unidos –donde acuden a recibir doctrina jueces y operadores jurídicos–, como en los países de América del Sur, donde a través de la financiación de la agencia estadunidense para el desarrollo, la USAID, se han creado y controlado políticamente las escuelas de capacitación judicial. En América Latina asistimos a la paulatina sustitución de los sistemas penales inquisitivos o mixtos, por el sistema penal acusatorio a imagen y semejanza del estadunidense, provocando un desmesurado empoderamiento de las fiscalías nacionales, que en la práctica operan sobre las instrucciones, informaciones e “indictments” remitidos por la justicia de Estados Unidos.
A la Cuarta Transformación se le está aplicando una nueva forma de desestabilización que se podría calificar de “golpe suave” que se viene realizando a través del Poder Judicial. En el corto plazo lo que pretende es detener la consumación de la 4T; es decir, impedir que la políticalopezobradorista pueda avanzar.
Una “guerra jurídica” que inició a partir de una tipología que identificó 20 acciones impulsadas por el gobierno federal que a su juicio son ilegales, siete de dudosa legalidad y cuatro “leyes a modo” que cubre de diciembre de 2018 a mayo de 2019 y que, según ese trabajo, esas acciones del gobierno federal tuvieron consecuencias negativas para la población.
Como acciones ilegales se identifican las siguientes: la Ley de Remuneraciones de Servidores Públicos, el memorándum para dejar sin efecto la reforma educativa, la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el inicio del de Santa Lucía, la omisión en la desocupación o bloqueo de vías férreas en Michoacán y el cierre de comedores comunitarios. Además, el reclutamiento anticipado de personal para la Guardia Nacional, la cancelación de recursos para estancias infantiles, la adjudicación directa sin justificación en la compra de pipas para Petróleos Mexicanos, el inicio del Tren Maya sin requisitos legales previos, la consulta participativa para la termoeléctrica en Huexca, Morelos, la militarización de las funciones de seguridad pública, entre otras.
El documento también incluye como acciones de dudosa legalidad el nombramiento de los llamados “súper delegados”, la adjudicación directa del estudio costo-beneficio del Tren Maya, la refinería Dos Bocas sin licitación ni permisos ambientales, la reducción de recursos para combatir el VIH sida y cáncer, los programas sociales sin reglas de operación.
Enlista como “leyes a modo” la llamada Ley Taibo, para que Paco IgnacioTaibo II pudiera asumir la dirección del Fondo de Cultura Económica; la transformación del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad en una dirección adscrita a la Secretaría de Bienestar. Así como el cambio al Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación para que las asociaciones religiosas e iglesias puedan participar en proyectos de reconstrucción del tejido social; y el reglamento del Servicio de Administración Tributaria.
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