MÉRIDA.— Con el fin de frenar el impacto ambiental y ordenar una de las actividades económicas más importantes de la región, autoridades federales y estatales implementaron una estrategia integral para regular las granjas porcícolas en Yucatán. El plan interinstitucional combina mano firme en inspección y clausuras con la exigencia de nuevas tecnologías para proteger el agua y los ecosistemas locales.
La iniciativa, coordinada entre la Profepa, la Semarnat, la Conagua, el Imta, el Inecc y el Gobierno de Yucatán, a través de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS), busca que las instalaciones operen bajo altos estándares de desempeño ambiental, priorizando la salud de las comunidades mayas y la restauración de los recursos naturales.
Mano firme: Inspecciones, multas millonarias y clausuras
En el frente de vigilancia, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ha intensificado sus operativos entre 2025 y 2026. Hasta la fecha se han inspeccionado 18 granjas en municipios como Maxcanú, Temax, Tixkokob, Chocholá, Kopomá y Abalá, lo que ha derivado en sanciones, medidas correctivas y clausuras definitivas. En total, las multas acumuladas a empresas del sector ascienden a 105.8 millones de pesos.
Un emblema de estas acciones es el caso de la granja Pecuaria Peninsular, ubicada en Santa María Chi. Tras una inspección rigurosa, el 4 de septiembre de 2025 se decretó su clausura total definitiva y una multa de 18.6 millones de pesos, obligando a la empresa a reparar el daño ecológico. Para abril de 2026, las autoridades concluyeron el retiro de los más de 41,500 cerdos que albergaba el predio, cuyas afectaciones al suelo y al agua ya están siendo evaluadas.
Las dependencias federales y estatales recalcaron una directriz contundente: no se ha autorizado la construcción ni la operación de nuevas granjas porcícolas en la entidad.
Tecnología contra la contaminación del agua y el aire
Para atender el problema histórico de las aguas residuales, la estrategia contempla la transición hacia la NOM-001-SEMARNAT-2021. La empresa Kekén y sus asociadas, que concentran el 80% de la producción porcícola yucateca, participan activamente en este proceso:
• Las 14 granjas propias de Kekén ya operan con sistemas de tratamiento avanzados (tres con tecnología en funcionamiento y once en proceso de instalación con fecha límite a marzo de 2027).
• De las 56 granjas aparceras, 39 ya presentaron sus proyectos de mejora ante la autoridad ambiental para su evaluación.
En cuanto a la calidad del aire, el Inecc colabora con la industria y académicos en un estudio especializado para reducir la emisión de contaminantes climáticos de vida corta, como el metano, fomentando además esquemas de economía circular y aprovechamiento energético.
Vigilancia descentralizada y atención comunitaria
Como parte de los acuerdos institucionales, en febrero de 2026 se firmó un convenio para fortalecer la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) de forma coordinada entre la federación y el estado, cerrando vacíos legales y previniendo daños futuros.
Finalmente, el gobierno estatal y federal enfatizaron que los procedimientos se realizan con transparencia, garantizando el acceso a la información y la atención directa a las denuncias de las comunidades afectadas, bajo la premisa de que el desarrollo productivo no puede estar por encima de la salud de los ecosistemas y la preservación del agua en Yucatán.
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EM/dsc
