• Al mismo tiempo, alrededor del 45% de la población penitenciaria permanece en prisión sin una sentencia definitiva.
CIUDAD DE MÉXICO.- El sistema penitenciario mexicano enfrenta una doble crisis: mientras más de un tercio de las personas que salen de prisión reincide en actividades delictivas por la falta de oportunidades de reinserción, cerca de la mitad de quienes permanecen encarcelados aún no recibe una sentencia definitiva, una combinación que evidencia las deficiencias estructurales del modelo de justicia penal en el país.
Así lo advirtió el Dr. Virgilio Tanús, especialista en derecho penal y socio director de Tanús, Salazar & Azaola, quien señaló que México ha privilegiado durante décadas una política enfocada en el castigo y el endurecimiento de las penas, dejando en segundo plano la reinserción social y las garantías procesales.
Actualmente, 268 mil 245 personas permanecen privadas de la libertad en México. De ellas, alrededor del 45% enfrenta su proceso penal sin haber recibido una sentencia, mientras que 35 de cada 100 personas que recuperan su libertad reincide en la comisión de delitos, de acuerdo con estimaciones del especialista.
“La cárcel, por sí sola, no resuelve el problema de la inseguridad. Si una persona sale sin educación, sin empleo y sin oportunidades, las probabilidades de reincidir siguen siendo muy altas”, afirmó Tanús.
El abogado recordó que el artículo 18 de la Constitución establece que el sistema penitenciario debe sustentarse en el respeto a los derechos humanos, el trabajo, la educación, la capacitación, la salud y el deporte como herramientas para lograr la reinserción social. Sin embargo, advirtió que estos objetivos continúan lejos de cumplirse en la mayoría de los centros penitenciarios.
Para revertir esta situación, propuso impulsar alianzas entre gobiernos y empresas para generar empleos dentro de las prisiones, ampliar los programas de capacitación laboral y crear incentivos fiscales para las compañías que contraten personas que hayan cumplido sus condenas.
Prisión preventiva: una pena antes de la sentencia
A este panorama se suma la preocupación por la ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, vigente desde 2025, una figura que obliga a mantener privadas de la libertad a personas acusadas de determinados delitos mientras enfrenta su proceso penal.
“La gran crítica es que desaparece en los hechos la presunción de inocencia. Basta con que una persona sea acusada de alguno de los delitos contemplados para enfrentar el proceso en prisión, aunque todavía no exista una sentencia que demuestre su responsabilidad”, explicó.
Tanús recordó que organismos internacionales como la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han cuestionado reiteradamente esta medida por considerar que vulnera estándares internacionales de protección de derechos humanos.
Uno de los casos que más inquieta a los especialistas es la incorporación de delitos relacionados con comprobantes fiscales falsos al catálogo de prisión preventiva oficiosa, ya que empresarios, profesionistas o pequeños contribuyentes podrían enfrentar investigaciones complejas y perder su libertad antes de que exista una resolución judicial.
“Muchas veces pensamos que el derecho penal sólo alcanza a delincuentes violentos, pero hoy actividades económicas cotidianas pueden derivar en investigaciones penales que impliquen prisión preventiva”, advirtió.
Asimismo, señaló que la prisión preventiva oficiosa incrementa la presión sobre un sistema penitenciario que ya enfrenta problemas de sobrepoblación y hacinamiento, con entidades donde la ocupación supera el doble de la capacidad instalada.
Aunque reconoció la necesidad de proteger a las víctimas y garantizar la comparecencia de los imputados, sostuvo que el sistema jurídico ya contempla herramientas suficientes, como la prisión preventiva justificada y otras medidas cautelares, que permiten a un juez valorar cada caso de manera individual.
“Una persona puede perder años de su vida en prisión y al final resultar inocente. Esa es una discusión que México sigue teniendo pendiente”, señaló.
Finalmente, el especialista afirmó que fortalecer la seguridad pública requiere atender tanto las condiciones de quienes egresan de prisión como garantizar procesos penales respetuosos de los derechos fundamentales.
“La pacificación del país también comienza dentro de las prisiones. Si no corregimos lo que ocurre ahí, difícilmente podremos reducir la violencia fuera de ellas”, concluyó.
AM.MX/fm
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