Telefónica, crónica de cómo el corporativo español seco las finanzas y evadió el fisco mexicano

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CIUDAD DE MÉXICO.— En octubre de 2018, el consejo de administración de Telefónica evaluó vender su filial mexicana al fondo estadounidense Cerberus Capital Management por unos 2 mil millones de euros, reporte revelado por el diario La Información.

El director general en México desmintió públicamente la operación y el trato no se concretó.

Siete años y medio después, el mismo activo cambió de manos por apenas 450 millones de dólares: una cuarta parte frente a la valoración original de un negocio que, hacia 2019, había absorbido inversiones acumuladas por 13 mil millones de dólares.

Lo ocurrido entre ambos hitos no responde a un accidente macroeconómico, sino a una estrategia corporativa diseñada en Madrid para frenar el gasto de capital (Capex) y extraer liquidez. Los estados financieros del grupo lo documentan: en 2018 canceló totalmente el crédito mercantil en México por 350 millones de euros, y en 2019 revirtió 454 millones de euros en activos por impuestos diferidos, reconociendo contablemente que la filial no generaría utilidades suficientes para aprovecharlos.

Aquel noviembre, la matriz declaró a Hispanoamérica activo «no estratégico». Paralelamente, apagó su red de acceso de radio para migrar como operador virtual a la infraestructura de AT&T —acuerdo vendido a los analistas de mercado como un ahorro anual de 230 millones de euros y 500 millones menos en deuda—. El grupo devolvió gradualmente al Estado mexicano la totalidad de sus frecuencias de espectro radioeléctrico comercial. Este proceso culminó en junio de 2022, ahorrándole a la multinacional el pago de derechos fiscales, pero mermando los ingresos del erario público en aproximadamente 708 millones de euros.

Sus torres fueron traspasadas a American Tower y la fibra óptica a terceros. El otrora segundo competidor móvil del país quedó reducido a una marca comercial que arrienda capacidad a un rival bajo contrato hasta 2030.

El impacto del repliegue recayó en los usuarios locales. Según datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones, la cuota de mercado de Movistar en líneas móviles se desplomó del 21 % a finales de 2019 al 14.7 % a mediados de 2025. Su participación en los ingresos del sector cayó al 6.9 %, dado un ingreso promedio por usuario (ARPU) de apenas 73 pesos mensuales frente al promedio sectorial de 140 pesos.

Tan solo en el último trimestre de 2019 perdió 838 mil suscripciones.

Usuarias en el transporte público mientras ven sus celulares. La CRT dio autorización a operadoras para registrar líneas de pospago sin autorización previa.

Valuada en más de mil millones de dólares antes de la pandemia de COVID-19, la empresa salió al mercado en 2025 por 609 millones. Recibió de Beyond ONE una propuesta equivalente a la mitad y se remató a múltiplos de 0.35 veces ingresos y tres veces EBITDA, muy por debajo de la media sectorial de dos veces ventas y ocho veces EBITDA. Cerca de 2 mil trabajadores directos e indirectos conocieron la operación mediante la prensa.

México ilustra un patrón regional. La propia Telefónica estimaba en 130 mil millones de euros su inversión histórica acumulada en 25 años en Latinoamérica. El desmantelamiento hispanoamericano iniciado en 2019 ha reportado unos 6 mil millones de dólares en valor anunciado, pero solo 3 mil 300 millones de euros cobrados en efectivo. La filial de Perú se liquidó en concurso acreedor por un millón de dólares. En Chile, tras recibir 50 millones de dólares de Millicom y NJJ, la matriz debió inyectar 92 millones; hoy Millicom asume 182 millones en pasivos laborales omitidos. Desde 2018, el grupo acumula más de 6 mil millones de euros en deterioros contables regionales.

En Madrid, los mercados reaccionaron con alzas bursátiles tras el cierre del negocio. Los accionistas celebraron la reducción de apalancamiento, mientras 21 millones de usuarios mexicanos absorbieron el costo operativo de una década de desinversión privada.

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EM/dsc

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