CIUDAD DE MÉXICO.— Greenpeace se sumó a las protestas de miles de personas, organizaciones civiles y comunidades que luchan contra los devastadores impactos del Tren Maya en la Península de Yucatán. Ante ello, reiteró la exigencia que ha tenido hacia el Gobierno Federal desde que estas obras iniciaron: se actúe con apego a la ley.
Este viernes “se inaugura el Tramo 5 Norte bajo la ilegalidad y el mismo proceder de los segmentos que ya han sido abiertos al público. Todos los tramos hasta hoy inaugurados se han construido sin que las autoridades encargadas del proyecto (Fonatur) presentaran con antelación las respectivas Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA) a las que la ley les obliga”, apuntó en un comunicado.
Greenpeace resaltó que las obras del Tren Maya, “en repetidas ocasiones, se han topado con la valiente resistencia de comunidades y organizaciones que les han obligado a presentar tales evaluaciones. Sin embargo, la información que se les ha presentado ha sido imprecisa, con datos insuficientes o falsos, generando una situación de desconocimiento sobre los verdaderos impactos que este megaproyecto”.
Inauguramos hoy el tramo 5 Norte del Tren Maya (Cancún-Playa del Carmen). Serán 45.6 kms de vía doble electrificada; 6 servicios comerciales y 4 especiales/día; 2210 pasajeros por trayecto con trenes de 4 vagones. Habrá conexión intermodal a terminales y zonas arqueológicas. pic.twitter.com/3Ax3EtkKK7
— Jesús Ramírez Cuevas (@JesusRCuevas) February 29, 2024
La organización ambientalista resaltó que “la Península de Yucatán se enfrenta a una devastación sin precedentes. A lo largo y ancho de su territorio se ha documentado la presencia de megaproyectos extractivistas como inmensas granjas de cerdos, la especulación inmobiliaria en alarmante aumento ante la demanda de un turismo masivo y depredador, agroindustria a base de siembras ilegales de transgénicos y monocultivos. A estos se suman los impactos del Tren Maya, su conector principal”.
“El presidente dijo “Ni un solo árbol se va a tirar”. Sin embargo, se calcula que aproximadamente 10 millones de árboles han sido arrancados a la Selva Maya. Ha sido deforestada más de la mitad de las casi 11 mil hectáreas de selva sobre las que se ha construido el tren. El 87% de esa deforestación se ha hecho ilegalmente, sin ninguna autorización de Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales”.
Los riesgos de colapso en suelos kársticos y amenazas a reservas de agua dulce deben ser plenamente considerados y evitados, pidió Greenpeace. Tienen que tomarse medidas por los impactos del Tren Maya, que ya han sido ampliamente documentados y alertados por organizaciones de la sociedad civil y expertos desde fines de 2018.
La organización ambientalista resaltó que en numerosas ocasiones las consultas a los pueblos y comunidades han carecido de verdadero consentimiento. La ruta del tren atraviesa 177 territorios indígenas que se han visto afectados. A pesar de que el gobierno mexicano tiene la obligación legal de consultar a esos pueblos indígenas, esto no ha sido más que una simulación. “La voz de numerosas comunidades se ha alzado en distintas ocasiones sin que hayan sido escuchadas”.
"Playa del Carmen":
Porque hoy se lleva a cabo la inauguración del tramo 5 norte del tren Maya desde Cancún a Playa del Carmen. pic.twitter.com/CU5KjF8mGE— ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) February 29, 2024
“Desde Greenpeace hemos trabajado con las comunidades mayas, quienes se han unido para preservar su territorio y bienes comunes, rechazando el modelo de desarrollo extractivista impuesto. Han denunciado que los sistemas de producción local como la producción apícola y de chile jalapeño se están cayendo por la destrucción de la Selva y por el cambio a una producción masiva, completamente ajena a las técnicas tradicionales agroecológicas y sustentables”.
Greenpeace resaltó que imponer el Tren Maya ha implicado el uso de la fuerza y la intimidación. Se blindó bajo la categoría de Seguridad Nacional acompañado de un aumento alarmante de la militarización en la región. Las denuncias de hostigamiento por parte de las comunidades de la región han sido una constante sin que haya un cambio de política al respecto.
Ante ello, se exigió que el Gobierno obedezca la orden judicial de suspensión que actualmente existe para el Tramo 5 Sur, que se entregue toda la información relacionada con los impactos ambientales de ese proyecto y que se implemente una política que verdaderamente integre las perspectivas de las comunidades mayas y locales de la región.
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EM/dsc
