Tribunal Electoral de Yucatán sanciona a alcaldes de Espita y Kinchil

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MÉRIDA.— El pleno del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán (TEEY) aprobó por unanimidad dos resoluciones —elaboradas por la ponencia del magistrado por ministerio de ley Carlo Méndez Suárez— en las que determinó que autoridades municipales de Espita y Kinchil incurrieron en violencia política y en la obstaculización del ejercicio del cargo en perjuicio de regidoras, ordenando medidas para restituir sus derechos político-electorales y garantizar la no repetición.

Caso Espita: patrón de restricciones en el Ayuntamiento

Al resolver el Procedimiento Especial Sancionador (PES 04/2025), promovido por una integrante del Ayuntamiento de Espita con datos protegidos, el Tribunal concluyó que no se comprobaron elementos de género en los actos denunciados, por lo que declaró inexistente la violencia política contra las mujeres en razón de género (VPMRG).

Sin embargo, tras un análisis contextual de las pruebas, las magistraturas determinaron que sí existió violencia política al acreditarse un patrón de conducta institucional que limitó las funciones de la denunciante:

• Restricción de sus atribuciones de fiscalización.
• Limitación en su participación colegiada.
• Obstáculos en el acceso a documentación oficial.

Por estos hechos, el Tribunal Electoral de Yucatán declaró la responsabilidad del alcalde Mario Isaías Sánchez Esquivel, así como del secretario y de la tesorera del Ayuntamiento, y ordenó medidas orientadas a tutelar los derechos político-electorales de la promovente.

Caso Kinchil: irregularidades en sesiones de Cabildo y cuentas públicas

En el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales de la Ciudadanía (JDC 36/2026), presentado por una regidora del Ayuntamiento de Kinchil que se autoadscribe como mujer indígena maya, el Tribunal declaró fundados los agravios por obstrucción en el desempeño de su cargo.

El fallo estableció que el presidente municipal Irvin Pisté Canul y el secretario municipal incurrieron en violencia política al incumplir de manera reiterada sus obligaciones legales, entre las que destacó el Pleno:

• Falta de formalidades en las convocatorias a sesiones de Cabildo.
• Restricciones injustificadas para consultar las cuentas públicas.
• Celebración de sesiones sin acceso al público.

De acuerdo con el TEEY, estas prácticas no fueron omisiones administrativas aisladas, sino actos que mermaron de forma sistemática las atribuciones de representación, deliberación y vigilancia de la regidora. Como consecuencia, el órgano jurisdiccional ordenó medidas restitutorias, de satisfacción y garantías de no repetición para ambas autoridades municipales, con el fin de asegurar el ejercicio pleno y libre del cargo de elección popular.

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EM/dsc

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