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miércoles, abril 24, 2024

Congreso de Yucatán rechaza extender presencia del Ejército en las calles

MÉRIDA.— Con el voto mayoritario del Partido Acción Nacional (PAN), el pleno del Congreso de Yucatán, en sesión ordinaria, rechazó la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional, con el cual se extiende la presencia de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública hasta 2028.

Con 16 votos a favor –del PAN, Nueva Alianza y Movimiento Ciudadano– y nueve en contra –Morena, PRI, PRD, PVEM, y la independiente Fabiola Loeza– se aprobó la minuta emitida por la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación del Congreso de Yucatán, en donde se rechazaba la modificación constitucional.

De esta forma, y a pesar de que el gobernador Mauricio Vila expresó su apoyo a que los elementos de las fuerzas armadas se queden en las calles, el Congreso de Yucatán se convirtió en el segundo poder legislativo en rechazar la reforma constitucional, luego de que el estado de Guanajuato ‘tumbó’ la modificación enviada por el Congreso de la Unión.

El lunes pasado, las y los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación aprobaron, por mayoría, el dictamen en contra de la iniciativa enviada por el Congreso de la Unión al considerar que no se define de forma clara cómo se designará el fondo meritorio de recursos a los estados y municipios que destaquen en materia de seguridad pública.

Las y los diputados pertenecientes a la presente comisión, (…) nos manifestamos contrarios a la aprobación en los términos del proyecto de decreto (…), toda vez que la falta de certeza en la designación del 25 por ciento del fondo permanente de apoyo a las entidades federativas y municipios podría no estarse contemplando ni tomando en consideración los resultados que tenemos en Yucatán“, detalló el diputado Jesús Efrén Pérez Ballote.

El legislador resaltó que hace falta puntualizar los parámetros e indicadores para realizar la distribución meritoria del recurso, así como conocer entre cuántos estados se dividirá el fondo. Ello “podría generar desconfianza en la transparencia para la distribución de los recursos y no da certeza de que a nuestro estado le será asignado el recurso que le deba corresponder, de acuerdo al nivel de seguridad con la que hoy contamos”.

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EM/dsc

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