CIUDAD DE MÉXICO.- La Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos fue publicada oficialmente en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 4 de noviembre de 2026 y entró en vigor este 5 de noviembre. Con esta medida, el gobierno federal busca acelerar la bancarización, reducir el uso de efectivo y fomentar el uso de herramientas electrónicas como SPEI, CoDi y DiMo en sectores estratégicos de la economía mexicana.
De acuerdo con el decreto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tiene un plazo de 15 días hábiles para definir los sectores y actividades donde los pagos digitales serán la única forma de pago autorizada. Aunque la ley no elimina el efectivo en general, sí establece que en ciertos sectores, como gasolineras y casetas de peaje, los pagos deberán realizarse exclusivamente por medios electrónicos.
Para millones de mexicanos, este cambio representa una transformación en la manera de pagar servicios cotidianos. Actualmente, el 85% de las operaciones menores a 500 pesos se realizan en efectivo, según datos de la Agencia de Transformación Digital. El objetivo del gobierno es reducir este porcentaje al menos al 50% mediante la masificación de los pagos electrónicos.
La Ley de Economía Digital consta de 22 artículos y cinco transitorios. Su objetivo central es impulsar la digitalización de los pagos, facilitar la apertura de cuentas bancarias y combatir la corrupción asociada al manejo de efectivo. Entre los puntos más relevantes, la ley:
Obliga a que ciertos sectores definidos por la SHCP acepten únicamente pagos digitales.
Reconoce la CURP Digital y el Expediente Digital Ciudadano como instrumentos válidos para contratar servicios financieros y abrir cuentas bancarias de forma remota.
Permite la apertura de cuentas bancarias electrónicas simplificadas con un saldo de hasta 130,000 pesos.
Otorga al Banco de México (Banxico) facultades para regular cuentas de depósito a la vista y homologar la experiencia de uso en aplicaciones financieras.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado que “no se va a prohibir el uso de efectivo ni mucho menos, se trata de facilitar el uso de la tecnología para reducir trámites y combatir la corrupción”.
Aunque la SHCP aún debe publicar la lista definitiva, se ha adelantado que gasolineras y casetas de peaje serán los primeros sectores donde los pagos digitales serán obligatorios. Esto significa que, en breve, los usuarios deberán pagar estos servicios utilizando tarjetas bancarias, transferencias electrónicas o aplicaciones como CoDi.
La medida busca reducir el manejo de efectivo en sectores donde tradicionalmente se han detectado riesgos de evasión fiscal y corrupción. Además, se espera que la digitalización de estos pagos facilite la trazabilidad de las operaciones y agilice los procesos para los usuarios.
¿Qué pasa con quienes no tienen cuenta bancaria o acceso a internet?
Uno de los retos más señalados durante el proceso legislativo fue la inclusión financiera. En México, se estima que 18 millones de adultos no cuentan con una cuenta bancaria. Para atender este problema, la ley contempla la posibilidad de abrir cuentas simplificadas de manera remota, utilizando la CURP Digital y el Expediente Digital Ciudadano.
Estas cuentas podrán tener un saldo de hasta 130,000 pesos y se podrán contratar sin necesidad de acudir físicamente a una sucursal bancaria. Sin embargo, organizaciones civiles y algunos legisladores han advertido sobre el riesgo de exclusión para personas sin acceso a internet o dispositivos móviles, especialmente en zonas rurales.
La Ley de Economía Digital no elimina el uso de efectivo en todo el país. El efectivo seguirá siendo válido para la mayoría de las transacciones, salvo en los sectores que la SHCP determine como obligatorios para pagos digitales. Además, la normativa contempla excepciones: en caso de contingencias extraordinarias que impidan el uso de medios digitales, se podrá seguir utilizando efectivo o cheques.
El gobierno federal ha insistido en que la medida busca reducir, pero no prohibir, el uso de efectivo. El objetivo es avanzar hacia una economía más digitalizada, transparente y eficiente, sin dejar de lado la inclusión de quienes aún dependen del efectivo.
Para los comercios de los sectores obligados, la ley implica la necesidad de contar con infraestructura para aceptar pagos electrónicos, como terminales bancarias o aplicaciones móviles. La SHCP y la banca comercial deberán coordinarse para facilitar la adopción de estas tecnologías, especialmente en pequeñas y medianas empresas.
Para los usuarios, el cambio significa que deberán contar con una cuenta bancaria o una aplicación de pagos digitales para acceder a ciertos servicios. La ley también busca proteger la privacidad y seguridad de los datos personales, aunque durante el debate legislativo surgieron preocupaciones sobre la fiscalización excesiva y la protección de la información.
Durante el proceso de aprobación, sectores de la oposición y organizaciones civiles expresaron inquietudes sobre la posible exclusión digital, la privacidad y el riesgo de una mayor fiscalización de las operaciones personales. También se señaló que la infraestructura tecnológica en algunas regiones del país aún es insuficiente para garantizar la adopción universal de los pagos digitales.
El gobierno ha respondido que la implementación será gradual y que se contemplan mecanismos para atender casos excepcionales. Además, se prevé que la masificación de los pagos digitales contribuya a reducir la corrupción y la evasión fiscal, al tiempo que facilita el acceso a servicios financieros para millones de mexicanos.
¿Qué sigue tras la promulgación de la Ley de Economía Digital?
A partir de la entrada en vigor de la ley, la SHCP tiene 15 días hábiles para definir los sectores y actividades donde los pagos digitales serán obligatorios. Se espera que en las próximas semanas se publiquen las reglas específicas y se inicie la transición en gasolineras y casetas de peaje.
El Banco de México también deberá emitir disposiciones para regular las cuentas de depósito y garantizar la interoperabilidad de las aplicaciones financieras. Por su parte, la banca comercial y las empresas de tecnología financiera tendrán que adaptar sus servicios para cumplir con la nueva normativa.
La promulgación de la Ley de Economía Digital marca un paso relevante hacia la modernización de la economía mexicana. Al reducir el uso de efectivo y promover la bancarización, el gobierno busca combatir la corrupción, facilitar la fiscalización y ampliar el acceso a servicios financieros. Sin embargo, el éxito de la medida dependerá de la capacidad de incluir a los sectores más vulnerables y garantizar que nadie quede excluido del sistema financiero digital.
AM.MX/lm
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