Por Mouris Salloum George*
En términos de literatura penal, como latinajo, se le denomina última ratio: El último argumento o solución final. La pena de muerte. En México fue abolida desde hace medio siglo.
Pondremos el tema en este tamaño: ¿Vale más la vida de un toro de lidia que la de un ser humano? La repuesta queda de tarea al lector.
La grave cuestión se inscribe en nuestros días en un entorno de histeria, rayana en la esquizofrenia, desde la cual se exigen penas máximas, lo mismo si se transgreden los derechos de las personas que los derechos de los animales. Ya rebasamos los términos medios.
En una atmósfera de sicosis colectiva, no necesariamente espontánea, algunas voces partidistas, bajo las que se oculta un perverso clientelismo electoral, han insinuado la posibilidad de restablecer la pena de muerte.
Insinuación meliflua de algunos, otros la han tomado como declaración programática con tronantes cajas de resonancia que la han elevado al rango de doctrina, no precisamente cristiana.
El senador Velasco Suárez se apunta como cruzado “humanista”
Es el caso del senador coordinador de la bancada verde en la Cámara alta de la LXIV Legislatura federal, el ex gobernador chiapaneco Manuel Velasco Coello.
El Partido Verde Ecologista Mexicano (PVEM), desde la campaña para las elecciones federales intermedias de 2009, aprovechando tiempos oficiales administrados por el entonces Instituto Federal Electoral, introdujo en sus spots la demanda de restablecimiento de la pena de muerte.
La semana pasada, Velasco Coello consideró “oportuno” que, ahora que se comentan y “analizan” iniciativas para la reforma de la justicia mexicana, la ejecución por el Estado de criminales sea incorporada a la agenda legislativa.
El partido al que pertenece Velasco Coello ha tomado las calles y las plazas públicas para demandar la proscripción de las corridas de toros, en defensa de los indefensos miuras. Ha tenido tal éxito que hasta ha logrado extender su manto protector a los animales que servían al espectáculo circense.
Con esos antecedentes, y en un clima de irracionalidad, ¿quién garantiza que la implantación de la pena de muerte a las personas no sea aprobada por los legisladores federales en plena época en que uno de los timbres de orgullo del Estado mexicano es la protección de los Derechos Humanos?
Antes que el paredón, las guillotinas o las horcas, debiera estimularse la fabricación de camisas de fuerza. Hay muchos alienados en las calles y en los salones de plenos legislativos.
(*) Director General del Club de Periodistas de México, A.C.
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