Francisco J. Siller
La única institución en México que merece el respeto y reconocimiento de Andrés Manuel López Obrador fue tremendamente sacudida. Sí me refiero al Ejército, ese que el presidente defiende todos los días desde su púlpito mañanero y que califica como incorruptible.
Razón por la que le ha encomendado, junto con la Marina —además de obras de construcción y otras que no son de su competencia—, la seguridad pública, los puertos y las aduanas, puntos clave para el trasiego de drogas a los Estados Unidos.
El apoyo de inteligencia y logístico que las fuerzas armadas pueden proporcionar a los carteles de las drogas y la intención de éstos por comprar a cualquier autoridad que les facilite y les permita operar con libertad, son fruto apetitoso para el crimen organizado.
La detención en Estados Unidos del General Salvador Cienfuegos Zepeda solo comprueba la penetración de las organizaciones criminales en el Ejército, algo que se sabe, que se rumora, incluso que se ignora deliberadamente, por el respeto que se tiene a nivel institucional.
Algo que vemos en las numerosas series dedicadas al narco y que se difunden en la TV de paga, producidas por empresas estadounidenses y colombianas, en las que siempre hay un militar y un político de alto nivel que protege a los capos a cambio de carretadas de dólares.
Por lo menos tres generales de la Sedena han sido acusados y juzgados por mantener relación con diversos carteles, iniciando con el general José de Jesús Gutiérrez Rebollo, el Zar Antidrogas de México, detenido en 1997 y acusado de proteger a Amado Carrillo, conocido como el “Señor de Los Cielos”.
Gutiérrez Rebollo —hoy finado— fue condenado en 2007 a 40 años de prisión al comprobarse su participación con el Cártel de Juárez y la protección que daba para el trasiego de drogas. Caso muy sonado, pero que quedó en el olvido de la gente al paso de los años.
Igual ocurrió con los generales Humberto Quirós Hermosillo y Mario Arturo Acosta Chaparro que también fueron juzgados y condenados a 15 años de prisión en 2007. El primero por sus nexos con el Cártel de Juárez y por su actuación en Guerrero.
Por cierto que Mario Arturo Acosta Chaparro murió tras un atentado cuando su auto en un taller mecánico en calles de la colonia Anáhuac en la alcaldía Miguel Hidalgo, el 20 de abril de 2012. Las autoridades no aclararon el homicidio, pero se sabe qué fue víctima de un sicario.
Además, otros cuatro generales,Tomás Ángeles Dauahare, Ricardo Escorcia Vargas, Roberto Dawe González y Rubén Pérez Ramírez, junto con dos oficiales fueron acusados por la extinta PGR en 2012 de brindar protección al cártel de los Beltrán Leyva.
Casos como estos han sido documentados al paso de los años, pero no son conocidos por la opinión pública —que incluye a militares de todos los rangos sometidos a la corte marcial—, ya que al ser juzgados por la corte militar, los expedientes se han cerrado y reservado.
El presidente López Obrador al conocer de la detención de Cienfuegos Zepeda dijo que limpiará la Sedena de todo rastro del exsecretario en tiempos de Peña Nieto, purga que de ser cierta alcanzará a numerosos mandos superiores que actúan al interior de esa institución armada.
No hacerlo sería una vez más ignorar la corrupción que impera en las fuerzas armadas, que se han vuelto intocables para el gobierno de la 4T. Se debe actuar de fondo y no de forma, incluso modificando el paquete de leyes que las rigen y quizá pensar en un mando civil, como ocurre en muchos países.
Sin embargo, lo más probable es que López Obrador continúe sus ataques verbales a los gobiernos anteriores sin poner atención a lo que hoy ocurre, pues la detención de Cienfuegos le vino “como anillo al dedo”. Es más cómodo ignorar que reconocer que esto es sólo la “punta del iceberg”.
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