MÉRIDA.— Yucatán se convirtió en el primer estado del país en incluir en su Constitución y otras leyes, la iniciativa llamada “3 de 3” contra los violadores, agresores en materia de género y deudores alimentarios, al aprobar [por unanimidad] las reformas que la añaden.
Con la iniciativa, presentada por Movimiento Ciudadano (MC), se busca erradicar del poder público a los agresores, a padres que han sido deudores alimentarios y a violadores, y de paso, establecer los criterios de elegibilidad para quienes aspiran ocupar un cargo en la función pública.
Para ello, diputados aprobaron las modificaciones a la ley de la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán, la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública estatal y la Ley de Partidos Políticos en materia de violencia de género y deudores alimentarios.
La diputada panista Carmen González Martín precisó que con la iniciativa “3 de 3” no se permitirán que entren en funciones servidores públicos con antecedentes en violencia familiar, delitos contra la intimidad personal, contra la imagen personal, violencia laboral contra las mujeres.
⇒ Así como violencia obstétrica, violencia por parentesco, violencia institucional, hostigamiento sexual, acoso sexual, abuso sexual, estupro, violación o feminicidio, ni ser deudor alimentario moroso, precisó la legisladora.
Asimismo, la legisladora panista detalló que no se propone un mecanismo violatorio de las garantías individuales o de revanchas políticas, sino que tiene que ver con un mecanismo útil, pues se necesita limpiar las instituciones de agresores de mujeres.
por eso nuestro reconocimiento al @CongresoYucatan que aprobó una ley para que quienes tengan historial de violencia de género no puedan ocupar cargos públicos, iniciativa que refuerza los cambios que estamos haciendo en equipo para construir un #Yucatán cada vez más justo. (2/2)
— Mauricio Vila (@MauVila) June 2, 2022
La diputada morenista Rubí Argelia Be Chan comentó que la iniciativa “3 de 3” sienta las bases para la idoneidad de cualquier cargo público por elección, designación o concurso, mientras que la emecista Vida Gómez Herrera expuso que las reformas planteadas constituyen un marco que busca dignificar la política y el poder público.
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