NUEVA YORK.– Un excandidato al máximo tribunal de México presentó la semana pasada una petición que documenta violaciones a derechos humanos reconocidos en tratados internacionales derivados del reciente proceso de elección de nuevos jueces en México.
El Cyrus R. Vance Center for International Justice , programa sin fines de lucro de la New York City Bar Association , presentó la petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en representación de Ricardo Alfredo Sodi Cuéllar, magistrado presidente estatal en retiro y excandidato a Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el máximo tribunal federal del país.
La petición, presentada el 13 de febrero, sostiene que el reciente proceso para elegir nuevos jueces en México violó los derechos políticos de Sodi y, de manera más amplia, no garantizó elementos clave de integridad electoral conforme a los marcos internacionales de derechos humanos. Estas fallas derivaron en violaciones de múltiples derechos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
A pesar de las preocupaciones existentes, Sodi decidió participar “de buena fe” en las elecciones de jueces federales celebradas en todo México en 2025, tras la aprobación de una controvertida reforma judicial en 2024.
Sin embargo, según la petición, el proceso electoral se llevó a cabo en “condiciones estructuralmente desiguales”, sin garantías de imparcialidad, supervisión independiente ni acceso público equitativo a la información.
El escrito documenta una serie de irregularidades, entre ellas la distribución de “acordeones” que indicaban a los votados por qué candidatos votar; recortes presupuestales que impidieron la participación de sectores significativos del electorado, incluidos incluidos en el extranjero y personas en prisión preventiva; y la desestimación por parte de las autoridades electorales de recursos legales y denuncias de irregularidades en el proceso. Asimismo, las autoridades no definieron ni aclararon el proceso electoral antes de su inicio, dejando tanto a los candidatos como al público en incertidumbre sobre qué esperar y dónde obtener información confiable.
En conjunto, estas circunstancias afectarán negativamente tanto el proceso electoral en su totalidad como las condiciones en las que participó el peticionario, señala el documento.
La petición insta a la Comisión a evaluar las violaciones denunciadas y adoptar medidas para proteger los derechos fundamentales, así como ordenar reparaciones integrales a favor de Sodi. También subraya la necesidad urgente de que la Comisión responda y defina la responsabilidad de México en la protección de la integridad electoral antes de la siguiente fase del proceso, prevista para 2027.
Esta es la tercera petición presentada por el Vance Center en representación de jueces mexicanos afectados por la reforma. En mayo de 2025, el Vance Center representó a 14 jueces federales en activo y en retiro en una petición que documentó cómo la reforma vulneró principios de independencia judicial, igualdad y no discriminación, afectando particularmente la participación de las mujeres en la judicatura. La segunda fue presentación en diciembre de 2025 en representación de otro grupo de jueces federales.
La controvertida reforma al sistema judicial mexicano, impulsada bajo el mandato del expresidente Andrés Manuel López Obrador y aprobada en septiembre de 2024, introdujo cambios profundos al sistema judicial del país, incluyendo la elección popular de jueces en lugar de su designación mediante un proceso de selección establecido. En agosto de 2024, antes de la aprobación de la reforma, la Asociación de Abogados de la Ciudad de Nueva York publicó un informe en el que expresaba su preocupación por la propuesta.
“Esta petición es única porque pone de aliviar violaciones ocurridas durante la reciente elección judicial, en lugar de años después, lo que ofrece una oportunidad para que la Comisión y el Estado Mexicano atiendan de manera significativa estos problemas antes de la próxima ronda de elecciones en 2027”, señaló Jaime Chávez Alor, Director Ejecutivo Adjunto del Vance Center. “Los hechos documentados muestran claramente que cuando las reglas que rigen las elecciones no se aplican de manera igualitaria y transparente, el proceso no puede garantizar la selección de una judicatura independiente y ética y termina siendo poco más que una simulación electoral.”
Al recibir la petición, la Comisión iniciará un proceso de verificación y evaluará las alegaciones. De considerarlo procedente, podrá formular recomendaciones a México para abordar las violaciones a derechos humanos, impulsar investigaciones u ordenar reparaciones, así como adoptar medidas para evitar que estos hechos se repitan.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es uno de los mecanismos centrales del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, junto con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ambos órganos independientes y autónomos velan porque los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos respetan y garantizan los derechos humanos y cumplen sus obligaciones conforme a las convenciones, tratados e instrumentos internacionales pertinentes. Estos órganos supervisan la situación de derechos humanos en los Estados miembros y, en casos graves, pueden emitir recomendaciones o decisiones vinculantes.
AM.MX/fm
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