CIUDAD DE MÉXICO.- En medio del crecimiento de viviendas abandonadas en distintas ciudades del país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizó los intentos de gobiernos municipales por reutilizar estos espacios. Bajo el argumento de mejorar el entorno urbano, algunas administraciones buscaron intervenir predios desocupados para destinarlos a servicios o incluso rentarlos a terceros, lo que encendió alertas sobre posibles excesos de autoridad.

Sin embargo, estas acciones han generado preocupación entre especialistas y ciudadanos, ya que podrían vulnerar derechos fundamentales. La propiedad privada, protegida por la Constitución, se ha convertido en el centro del debate ante posibles abusos por parte de autoridades locales.

Fue en este contexto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó un caso clave que sentaría un precedente nacional. La discusión giró en torno a los límites legales de los municipios y su capacidad para actuar sobre bienes privados aparentemente abandonados.

La respuesta del máximo tribunal fue contundente: ni los gobiernos municipales ni otras autoridades administrativas pueden apoderarse, administrar o rentar viviendas privadas, incluso si estas se encuentran deshabitadas. El fallo derivado de la Controversia Constitucional 309/2024 invalidó normas del municipio de Hermosillo que permitían estas prácticas, al considerar que invadían facultades exclusivas del poder legislativo estatal.

Los ministros determinaron que el ayuntamiento excedió sus atribuciones al crear mecanismos que, en la práctica, permitían disponer de propiedades privadas. Esta acción fue considerada una violación directa a los principios de legalidad, seguridad jurídica y al derecho humano a la propiedad, pilares fundamentales del marco constitucional mexicano.

Además, se estableció que solo los congresos estatales tienen la facultad de legislar sobre la posesión y uso de bienes particulares. Esto significa que ningún municipio puede crear reglamentos que impliquen la ocupación, renta o cesión de inmuebles sin una base legal adecuada.

A pesar de esta limitación, la Corte aclaró que los municipios no quedan completamente impedidos de actuar. Las autoridades locales aún pueden emitir declaratorias de abandono y realizar procedimientos administrativos relacionados con el ordenamiento territorial, siempre que no impliquen despojar a los propietarios de sus bienes.

Durante la discusión, ministros como Giovanni Figueroa Mejía señalaron que permitir este tipo de intervenciones abriría la puerta a abusos, especialmente en contextos donde las personas no pueden habitar sus viviendas por razones económicas o migratorias.

Por su parte, el presidente del máximo tribunal, Hugo Aguilar Ortiz, advirtió sobre los riesgos de afectar a sectores vulnerables si no se establecen límites claros. Enfatizó que el Estado debe buscar soluciones al problema de viviendas abandonadas sin vulnerar derechos fundamentales.

Este fallo no solo invalida normas específicas en Hermosillo, sino que también sienta un precedente que podría obligar a otros municipios del país a revisar sus reglamentos. La resolución fortalece la protección del patrimonio de los ciudadanos frente a posibles excesos de autoridad.

En un país donde el abandono de viviendas va en aumento, la decisión de la SCJN plantea un equilibrio entre el interés público y el respeto a la propiedad privada. A partir de ahora, cualquier intento de intervención deberá apegarse estrictamente a la ley y contar con respaldo legislativo.
AM.MX/fm

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CIUDAD DE ÉXICO.- El pleno de San Lázaro avaló darle nuevas facultades a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) para construir, equipar, reconstruir, ampliar y rehabilitar cualquier obra de infraestructura pública, que incluye el sector salud.

El dictamen se avaló con 423 votos a favor, 37 en contra y cero abstenciones, la reforma adiciona la fracción I Sexies al artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, relativa a las atribuciones de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

La reforma indica que las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente decreto se cubrirán con cargo al presupuesto aprobado para la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, por lo que no requerirá recursos adicionales ni se incrementará su presupuesto regularizable para el presente ejercicio fiscal y subsecuentes.

Además, el Ejecutivo Federal contará con un plazo de 180 días hábiles, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para realizar las adecuaciones reglamentarias y normativas que resulten necesarias para su debida implementación.

Precisa que la SICT podrá participar, a solicitud de las autoridades federales competentes, en la construcción, equipamiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción, sustitución, ampliación y habilitación de obras públicas asociadas a proyectos de infraestructura, incluyendo establecimientos destinados a la prestación de servicios de salud, en coordinación con los tres órdenes de gobierno.

La presidenta de la Mesa Directiva, diputada Kenia López Rabadán, instruyó que las propuestas de modificación registradas para su discusión en lo particular que no se presentaron en tribuna, se inscriban íntegramente en el Diario de los Debates.
AM.MX/fm

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CIUDAD DE MÉXICO.- La Ley Myrna, conocida formalmente como “Protección al Patrimonio Social”, busca que recursos provenientes de programas sociales sean legalmente intocables e inembargables por parte de instituciones bancarias o despachos de cobranza.

La Ley Myrna surge como respuesta al caso de una mujer, de 67 años de edad, llamada Myrna, cuya pensión fue bloqueada y utilizada para cubrir un crédito bancario.

Myrna, enferma de diabetes y síndrome mielodisplásico, perdió su único recurso para cubrir necesidades alimentarias y de salud.

Al tratarse de un caso de abuso financiero, ‘El Buzon’ se alió con el PT para evitar que continúen replicándose.

La organización fue clave para documentar los abusos que sufren los adultos mayores frente a las instituciones bancarias.

Esta iniciativa de reforma adiciona decretos al Código Civil Federal, Código de Comercio y a la Ley de Instituciones de Crédito, para evitar que los bancos congelen cuentas de beneficiarios, a fin de cubrir deudas civiles o mercantiles.

Al tratarse de recursos de carácter alimentario son intransferibles e irrenunciables; no obstante, siempre hay una excepción. Un juez podrá retener los fondos en casos de pensiones alimenticias.

La Ley Myrna, iniciativa de reforma impulsada por el diputado federal Adrián González Naveda, del Partido del Trabajo, y respaldada por la asociación civil El Barzón, blindará los recursos provenientes de programas sociales como:
Pensión del Bienestar
Becas Benito Juárez

Actualmente, la propuesta se encuentra en comisiones de la Cámara de Diputados para su discusión y votación en el pleno.

De ser aprobada, entrará en vigor en 60 días y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) tendrá 120 días para emitir la regulación técnica que obligue a instituciones bancarias a proteger de forma automática estos fondos.
AM.MX/fm

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que la reforma relacionada con las Afores, recientemente aprobada en la Cámara de Senadores, no afectará los ahorros de los trabajadores.

Durante su posicionamiento, la mandataria explicó que la iniciativa tiene como objetivo impulsar proyectos de infraestructura en México, como carreteras, puertos y aeropuertos, mediante esquemas de inversión mixta que permitan la participación del sector privado sin comprometer la soberanía del Estado.

“Han difundido algunos medios que lo que propongamos va a estar mal, que queremos endeudar más al país o utilizar las Afores, pero no. Se trata de aumentar la infraestructura en México a través de esquemas de financiamiento totalmente responsables. Estamos proponiendo una ley en la que se utilicen distintos instrumentos y esquemas de inversión mixta que garanticen la soberanía del Estado sobre carreteras, puertos y aeropuertos, permitiendo también alguna inversión privada para el desarrollo”, Claudia Sheinbaum Pardo.

Sheinbaum explicó que la propuesta busca incrementar la inversión en infraestructura estratégica mediante mecanismos de financiamiento responsables.

La reciente aprobación de la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar generó debate público luego de que surgieran versiones que señalaban que la legislación obligaría a las Afores a invertir en obras del gobierno federal.

Ante estas especulaciones, la presidenta rechazó que exista una obligación de utilizar los recursos de los trabajadores para financiar proyectos gubernamentales.

Sheinbaum recuerda obras que ya utilizaron inversión de Afores
La mandataria recordó que durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador ya se utilizaron instrumentos financieros relacionados con las Afores para financiar proyectos de infraestructura, tal como lo permite la legislación vigente.

Entre las obras mencionadas se encuentran:
Aeropuerto de Puerto Escondido
Aeropuerto de Tepic
Una carretera en Guadalajara
Carretera Tepic–Compostela, en Nayarit

“Lo hizo el presidente López Obrador en el aeropuerto de Puerto Escondido, en el aeropuerto de Tepic, en una de las carreteras de Guadalajara y en la carretera Tepic–Compostela, Nayarit”, Claudia Sheinbaum Pardo.

Sheinbaum agregó que este tipo de instrumentos permite financiar nuevas carreteras y proyectos estratégicos, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población.

Por su parte, la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (Amafore) señaló en un comunicado que las Afores ya cuentan con la posibilidad de invertir en instrumentos estructurados vinculados a proyectos de infraestructura.

De acuerdo con la organización, el marco legal vigente permite que las administradoras inviertan hasta el 30% de sus activos en este tipo de instrumentos, siempre bajo la supervisión de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).

Amafore aclaró que la nueva legislación no obliga a las Afores a invertir en proyectos gubernamentales, por lo que las administradoras mantienen libertad para decidir sus inversiones, siempre dentro de los lineamientos legales establecidos.
AM.MX/fm

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