CIUDAD DE MÉXICO.- OpenAI anunció esta semana una actualización de su modelo de generación de imágenes: ChatGPT Images 2.0. Y el lanzamiento tiene un impacto directo en la industria editorial, ya que el eje ya no está solo en la calidad estética de las imágenes, sino en su capacidad para funcionar como piezas editoriales completas, integrando texto, estructura y coherencia visual.

De acuerdo con Proyecto451, uno de los puntos más destacados es la capacidad de generar imágenes que responden a una lógica de organización interna: layouts, jerarquías de información, distribución de elementos. El modelo puede producir desde infografías hasta diapositivas o mapas visuales con una estructura reconocible.

Esto supone un desplazamiento importante para el campo editorial. La imagen deja de ser un complemento y empieza a operar como soporte de contenido en sí mismo, donde texto e imagen se construyen de forma simultánea.

En la práctica, esto se traduce en la posibilidad de generar:
Páginas con texto e ilustración integrados
Materiales educativos estructurados
Piezas de comunicación visual listas para circular

No se trata solo de “generar una imagen”, sino de producir algo más cercano a una unidad editorial.

Otro avance señalado es la mejora en la consistencia entre imágenes. El modelo puede mantener personajes, estilos y elementos gráficos a lo largo de múltiples outputs, algo que hasta ahora era difícil de lograr sin intervención manual. Esto abre la puerta a usos específicos dentro del mundo del libro, como secuencias narrativas (cómic, manga) o el desarrollo de universos visuales coherentes.

Esta versión acerca la herramienta a un uso más “productivo”. La incorporación de capacidades que organizan la información antes de generar la imagen permite resolver pedidos más complejos, con múltiples capas de contenido
AM.MX/fm

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CIUDAD DE MÉXICO / SemMéxico.- Nos preocupa profundamente la persistencia de la violencia en su contra de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, en un contexto que continúa siendo adverso para el ejercicio de la defensa de derechos y la libertad de expresión, señala el Espacio OSC en una carta dirigida a Volker Türk, comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ONU-DH, en su reciente visita a México.

Más de 15 organizaciones firman la carta en la que señalan que esta violencia afecta fundamentalmente a quienes defienden el territorio y el medio ambiente; los derechos de las mujeres y la diversidad; las personas en situación de movilidad; así como quienes realizan cobertura de nota policíaca, política y temas de seguridad.

Esta situación impacta de manera particular a personas indígenas y a mujeres y tiene un efecto en la sociedad y en el ejercicio de otros derechos.

Señalan que pese a los esfuerzos sostenidos de la sociedad civil por promover un diálogo propositivo, estructurado y orientado a resultados que contribuya al fortalecimiento de la política pública de protección —en particular del Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas—, actualmente no se cuenta con espacios efectivos de interlocución con las autoridades, ni con señales claras de apertura.

En este contexto, consideramos especialmente relevante retomar y dar continuidad a los esfuerzos impulsados conjuntamente con la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Destacan el diagnóstico sobre el Mecanismo de Protección elaborado en 2019, así como el Grupo de Trabajo que sesionó entre 2022 y 2024, promovido por la Oficina en México con la participación de sociedad civil y autoridades. Este espacio permitió avances en la implementación de recomendaciones del diagnóstico, así como la elaboración de un informe final con resultados sustantivos, que fue aceptado en su momento en el año 2024 por el Estado mexicano.

Sin embargo, estos esfuerzos no han sido retomados por la actual administración y, a la fecha, no se cuenta con un plan de acción claro para fortalecer el Mecanismo a partir del diagnóstico elaborado ni de un diálogo con organizaciones de la sociedad civil. Esta situación resulta particularmente preocupante ante la persistencia de la violencia, el rezago en la atención de casos por parte del Mecanismo, las limitaciones en capacidades operativas, la inadmisión de solicitudes de protección, el retiro de medidas y otras deficiencias estructurales ampliamente documentadas.

Por lo anterior, nos parece fundamental solicitarle que en los diálogos con instancias de gobierno resalta la importancia de la continuidad del Grupo de Trabajo para el fortalecimiento de la política de protección.

Asimismo, reconocemos el papel fundamental de la Oficina en México del Alto Comisionado en la documentación de casos, la elaboración de informes y el impulso al diálogo interinstitucional, acciones que han sido clave para atender situaciones de riesgo, avanzar en investigaciones y respaldar el trabajo de la sociedad civil.

En este sentido, consideramos fundamental no sólo dar continuidad a estas prácticas, sino también fortalecerlas. El trabajo conjunto entre la Oficina en México y la sociedad civil ha sido clave para visibilizar y atender riesgos y violaciones a derechos humanos, por lo que su consolidación resulta esencial para el espacio cívico y la defensa de los derechos humanos en el país, para seguir contrarrestando el riesgo al que se enfrentan personas defensoras y periodistas.

Finalmente, le expresamos nuestros mejores deseos para su estancia en México, con la confianza de que esta visita contribuirá a visibilizar la importancia de los derechos humanos en el contexto actual, así como la labor de la sociedad civil, y a fortalecer los esfuerzos para garantizar condiciones más seguras para quienes defienden derechos humanos y ejercen la libertad de expresión.

La carta es firmada por el Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (Espacio OSC).
AM.MX/fm

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CIUDAD DE MÉXICO/ SemMéxico.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió este lunes un par de fallos que amplían los derechos de las mujeres para la interrupción del embarazo.

En una primera resolución, la Corte invalidó disposiciones de la Constitución de Tamaulipas y de su Código Penal que criminalizaban el aborto y protegían la vida “desde la fecundación”, al considerar que vulneran derechos fundamentales como la autonomía reproductiva, la igualdad, la no discriminación y el acceso a la salud.

Al resolver el Amparo en Revisión 426/2025, el Pleno del máximo tribunal concluyó que estas normas contravienen el marco constitucional y los criterios previamente establecidos por la propia Corte en materia de derechos reproductivos.

Como parte de la sentencia, la SCJN ordenó a las autoridades de Tamaulipas implementar medidas para garantizar el acceso efectivo a servicios de interrupción del embarazo.

Entre ellas, destacan programas de capacitación, difusión y talleres dirigidos al personal de salud, con el fin de evitar la criminalización de quienes soliciten o practiquen abortos voluntarios.

Elaborado por el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, el proyecto de sentencia refuerza el criterio de que las entidades federativas deben adecuar sus marcos legales y políticas públicas para garantizar el acceso efectivo —no solo formal— a la interrupción legal del embarazo.

El fallo también subraya que la protección de la vida prenatal no puede traducirse en la anulación de los derechos de las mujeres y personas gestantes, especialmente en contextos donde la penalización genera barreras para acceder a servicios médicos seguros.

En una segunda resolución, la Corte estableció un nuevo criterio que fortalece el acceso a la interrupción legal del embarazo, al permitir que los juicios de amparo no solo protejan a quienes los promueven, sino que también puedan generar efectos más amplios en beneficio de otras personas en condiciones similares.

Al resolver la Contradicción de Criterios 125/2025, el Pleno determinó que los jueces pueden ordenar acciones concretas a las autoridades de salud para garantizar servicios accesibles, seguros y libres de discriminación en entidades donde el aborto ya está despenalizado.

El punto central del fallo radica en la interpretación del llamado principio de relatividad de las sentencias de amparo, que tradicionalmente limita sus efectos a las partes que promovieron el juicio.

La Corte precisó que este principio no impide dictar medidas generales cuando el caso se presenta bajo la figura de “interés legítimo”.

A diferencia del interés jurídico —que protege afectaciones directas y personales— el interés legítimo permite impugnar problemas estructurales que afectan a un grupo o colectivo, como la falta de acceso efectivo a servicios de salud reproductiva.

Esto abre la puerta a que las resoluciones judiciales incluyan medidas para eliminar barreras institucionales, como la negativa de atención médica, la falta de personal capacitado o prácticas discriminatorias.

Con este criterio, el máximo tribunal busca que el amparo funcione también como una herramienta para corregir fallas estructurales, no solo como un mecanismo de protección individual.

AM.MX/fm

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