Por EDGAR GONZALEZ MARTINEZ

El fortalecimiento del peso fue la principal variable económica que mantuvo una tendencia positiva en todo el año que está por terminar, constituyéndose en el principal soporte del fortalecimiento de la estabilidad financiera, pero también tuvo efectos adversos sobre la competitividad de algunos sectores exportadores y sobre los ingresos derivados del sector externo.

Para Consultores Internacionales, el peso fuerte resulta muy atractivo para los agentes con obligaciones denominadas en dólares, incluido el sector público, mientras que el impacto sobre el resto de la economía resulta desfavorable. Por ejemplo, dicen estos analistas, los envíos de remesas hacia México mostraron una disminución de 4.8% respecto a 2024. En una economía altamente dependiente de las exportaciones y de los flujos de remesas, un tipo de cambio sobreapreciado tiende a generar más costos que beneficios.

La crisis en AL y el Caribe esta perpetuando la desigualdad: CEPAL.

El Panorama Social de América Latina y el Caribe 2025 analiza la trampa de alta desigualdad, baja movilidad social y débil cohesión social que perpetúa la crisis de desarrollo en la región. La desigualdad es un fenómeno histórico, estructural y multidimensional que requiere una medición adecuada para diseñar políticas integrales que aborden sus múltiples causas. Superar la desigualdad implica enfrentar de forma integral las desigualdades causadas por las debilidades de los sistemas educativos y fortalecer el papel de la educación en la movilidad social intergeneracional. Asimismo, es preciso articular políticas de desarrollo productivo, de mercado laboral, la institucionalidad social y los sistemas de cuidado para potenciar la inclusión laboral. Estas acciones deben ir acompañadas de políticas integrales que promuevan la igualdad de género y la sociedad del cuidado, y garanticen el respeto de los derechos de los Pueblos Indígenas, las personas migrantes y las personas con discapacidad. Para implementar estas políticas, es fundamental fortalecer las capacidades técnicas, operativas, políticas y prospectivas (TOPP) de las instituciones, y asegurar un gasto social eficiente y financieramente sostenible. Solo mediante estas estrategias será posible reducir la desigualdad y avanzar hacia un desarrollo social inclusivo en América Latina y el Caribe.

En el caso de México, la CEPAL estima que en 20º26 el PIB de México aumentará un 1,3% en términos reales, debido principalmente a una mejora en el entorno económico internacional, un aumento de las inversiones y un mayor dinamismo comercial. La inflación interanual se situaría alrededor del 3,5% al cierre de 2026, como resultado de un incremento moderado de los precios de los alimentos y la energía. La tasa de desempleo promedio se situaría cerca del 2,8%. El gobierno federal ha anunciado que el salario mínimo aumentará un 13% en términos nominales a principios de 2026. El déficit fiscal del sector público no financiero representaría un 4,1% del PIB y se financiaría principalmente mediante la deuda pública y el aumento de impuestos y derechos. La deuda pública total neta equivaldría al 53,0% del PIB. El déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos equivaldría al 0,9% del PIB, en línea con la tendencia a la aceleración de los flujos comerciales.

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Federico Berrueto
Primero que todo debe quedar claro que uno de los recursos más preciados para salvaguardar lo que importa y mejorar lo que existe son la crítica y el disenso. Tiene dos variantes: el quehacer de los partidos políticos opositores, hoy en una profunda crisis y extravío ético, y el que realiza la sociedad a través de los grupos de interés, las organizaciones civiles y, especialmente, los medios de comunicación. No todos, porque es explicable que haya pluralidad de opiniones, entre ellas la de quienes favorecen el estado de cosas y al gobierno.
La calidad de un gobierno depende de la crítica. Las autoridades, en cualquier circunstancia, resienten la opinión o las expresiones adversas; a las de estos tiempos les indigna y reaccionan con exceso, abusando de los recursos públicos frente a los señalamientos críticos a ellos y sus asociados. Con el obradorismo, por su autoritarismo esencial, el país normalizó que las autoridades hicieran uso de recursos que pertenecen a los ciudadanos, como la libertad de expresión o el derecho de réplica. Las autoridades tienen margen para responder a la crítica y al disenso, pero, como toda comunicación oficial, debe realizarse con riguroso respeto al particular y al medio, sin prejuicios y con un propósito de objetividad. Nada de eso ha sucedido: predominan el insulto, la descalificación y el señalamiento de “traidores a la patria” contra quienes difieren, mismo recurso que utiliza el dictador Nicolás Maduro frente a quienes defienden la democracia y las libertades.
La crítica y el disenso viven una situación muy delicada. De la tarea de los partidos, ni se diga. A pesar de voces firmes y consistentes de algunos de sus miembros, la postura de sus voceros es casi siempre irrelevante, aunque con pretensiones estruendosas. La sociedad civil realiza un trabajo encomiable, pero no cuenta con la divulgación suficiente en su tarea de escrutinio al poder. Aun así, mucho es rescatable y constituye uno de los espacios de mayor presencia en el debate público en temas fundamentales como corrupción, pobreza, violencia, violación de derechos humanos y connivencia de autoridades con el crimen. Muy penosa ha sido la aportación de la representación empresarial, incluso en aspectos de gran trascendencia como la destrucción del sistema de justicia, fundamental para la certeza de derechos y la confianza pública; rehenes de clientelismo empresarial.
La intimidación desde la presidencia ha dado resultado y en los medios convencionales ha prevalecido la autocensura. Muchos diarios y noticieros de radio y televisión han depurado a sus colaboradores con el propósito de complacer al régimen; además, en su mayoría reproducen de manera acrítica y casi refleja la propaganda y la narrativa gubernamentales.
La inclusión siempre es positiva para enriquecer la deliberación y la reflexión públicas; el problema surge cuando los espacios de la crítica se estrechan o se cierran. Cada vez es más evidente el lenguaje cauteloso de los colaboradores en medios concesionados respecto a sus expresiones en sus espacios editoriales. Hay que subrayar que, afortunadamente, muchos medios locales con historia han sabido mantener la calidad de su trabajo editorial y su independencia, a pesar de la crisis que ha impuesto la digitalización del quehacer informativo y periodístico. El problema de lo local se agrava en los lugares donde domina el crimen organizado en connivencia con autoridades. Las agresiones contra periodistas son propias de un país en guerra; muchos medios han cerrado o han declinado cubrir asuntos que podrían detonar represalias criminales.
Se vive una ola antiliberal. Su mayor impulso proviene del régimen en su conjunto, no sólo del gobierno y de quien preside. Los casos de acoso judicial contra periodistas y particulares por expresar opiniones adversas a personajes del régimen constituyen una preocupante vertiente de persecución a la libertad de expresión. No ocurre por consigna explícita del gobierno, sucede como manifestación espontánea de instancias de autoridad en la supuesta defensa del proyecto político que las sustenta. La perversión de la figura de la violencia política de género es una de sus expresiones más repudiables.
El régimen se regocija en su propio autoritarismo y, como tal, recurre a expresiones grandilocuentes que niegan la realidad: México como el país más democrático del mundo, un sistema de salud mejor que el de Dinamarca y, ahora, un país en el que, como en ningún otro, se respeta la libertad de expresión. Prohibido prohibir (sí, sólo lo que a ellos convenga).

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