CIUDAD DE MÉXICO / SEMlac.-Tras medio año de contradicciones, el gobierno de México reconoció a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, sin que la autoridad electoral del país sudamericano haya exhibido el resultado de las elecciones del 28 de julio pasado.
Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, en sus respectivas administraciones, abandonaron su inicial exigencia de transparencia en los resultados, rompieron la gestión común para ese fin con Brasil y Colombia, negaron la gravedad de la crisis venezolana y cedieron ante la autoproclamación de Maduro.
Primero, la cancillería mexicana defendió el punto clave de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) exhibiera las actas de la votación.
En su conferencia del 30 de julio, López Obrador dijo: “Que se limpie la elección si es que hace falta, que se cuenten los votos, lo que aquí no quiso ni (los ex presidentes Vicente) Fox ni (Felipe) Calderón”.
De esa forma, recordó su propia pelea en 2006, cuando la autoridad electoral declaró ganador a Calderón y López Obrador exigió un recuento íntegro: “Voto por voto, casilla por casilla”.
El mismo día, horas más tarde y ya como presidenta electa, Sheinbaum repitió en esencia la posición de López Obrador y también evocó la disputa mexicana de 18 años atrás.
“Es importante siempre transparentar los resultados”, dijo Sheinbaum a la prensa. “Como todos sabemos, la autoridad electoral dio un resultado que da el triunfo al presidente Maduro y es importante, como lo planteamos en su momento en el 2006, que se transparente el resultado. Escuché hoy al presidente que hablaba de un 80 por ciento computado, hay que esperar también al final del cómputo. Entonces, lo primero es transparencia en el resultado y que se termine de contar”.
La mandataria electa hablaba entonces de un reporte del CNE que consignaba supuestos porcentajes de votación sin apoyo documental.
Una declaración conjunta de Brasil, Colombia y México, el 1 de agosto, confirmó la necesidad de la exhibición de actas y agregó el reclamo de una “verificación imparcial”.
En un segundo comunicado, los tres gobiernos precisaron, además, que es el CNE, no el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la autoridad que por ley debe divulgar los resultados.
Era una reacción a la salida que encontró Maduro: promover ante el TSJ un recurso, saltarse al Consejo y evitar así la exhibición de las actas de votación.
López Obrador cambió ya abiertamente el enfoque el 15 de agosto, cuando planteó esperar el fallo del TSJ, evitar toda opinión de cualquier tipo sobre la crisis y objetar la intervención de otros países en la solución del conflicto.
El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos el 16 de agosto resolvió instar a las autoridades venezolanas a difundir y verificar los resultados. México estuvo ausente. Pudo debatir, negociar el proyecto de resolución, votar en contra o abstenerse, pero prefirió abandonar la plaza en silencio.
El 22 de agosto, y sin resultados a la vista, el TSJ declaró a Maduro ganador.
López Obrador ya había roto la concertación con Colombia y Brasil. Sheinbaum siguió en todos los puntos a su antecesor: confirmó esa ruptura y argumentó la nueva posición mexicana.
El 15 de octubre, ya en el cargo, la Presidenta recordó que esos tres países habían llamado a que “se transparentaran los resultados” en Venezuela.
Pero “a partir de ahora nosotros nos vamos a mantener ya, digamos, imparciales ante esto”, dijo. ¿Por qué decidió romper ya explícitamente con Lula y Petro y dejar de pedir con ellos la exhibición de las actas de votación? No lo explicó Sheinbaum.
El 23 de diciembre avanzó un paso más al anunciar una representación mexicana en la toma de posesión de Maduro, lo que confirmó el 6 de enero, cuando amplió un poco su alegato: “La postura que está en la Constitución, con todos los gobiernos del mundo: la autodeterminación de los pueblos. Entonces, en el caso de Venezuela irá un representante a la toma de protesta, pero no vemos por qué no deba ser así. Y le corresponde a las y los venezolanos, no a México, definir”.
Igual que López Obrador, Sheinbaum omite sistemáticamente que uno de los mandatos constitucionales de la política exterior mexicana es la promoción de los derechos humanos.
El punto, recién expuesto con amplitud por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ganó densidad en los últimos meses por la extensa represión que ha emprendido Maduro.
La reacción de la oposición a todo el proceso ha escalado desde difundir sus copias de actas electorales a reclamar a toda costa lo que considera el triunfo de su candidato Edmundo González. El choque de trenes sólo va a empeorar la crisis venezolana.
Al voltear hacia otro lado, la presidenta y su antecesor ignoraron tanto la experiencia diplomática mexicana como el trayecto que recorrió Maduro para llegar a las elecciones de julio.
México ha intervenido por razones de seguridad nacional en conflictos vecinos. Sólo en poco más de medio siglo, la ruptura de relaciones con Somoza (1979), la declaración franco-mexicana sobre El Salvador (1981), el Grupo Contadora para Centroamérica (1983), las mesas de paz para Colombia desde la década de los noventa y la gestión multilateral de los últimos años para encarar la crisis de Haití.
Maduro ha discutido y adoptado acuerdos sobre asuntos internos con Estados Unidos (Qatar, 2023) y ha negociado con la oposición con la mediación de terceros (Barbados, 2023), con una larga fase previa, cuya sede fue la Ciudad de México. En este tramo ofreció celebrar elecciones justas, con garantías para todos, sin exclusiones y con observación internacional, lo que claramente incumplió.
Por último, aunque no menos importante, Sheinbaum, que como López Obrador ha declarado su interés por resolver las causas de la migración, tendrá que observar cómo la crisis electoral y su secuela de represión son combustible para el éxodo venezolano de casi ocho millones de personas en los últimos años. Para México, una razón de seguridad nacional.
AM.MX/fm
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