Roberto Vizcaíno
Aquí y en China una zancadilla a la mala, con piquete de ojo y empujón por la espalda, es y será siempre lo mismo: una felonía. Así lo califican los puristas del lenguaje.
Y si es con fines inconfesables, oscuros, en contra de la Democracia, eso podría ser Traición a la Patria.
En el caso que nos convoca, lo ocurrido en el Tribunal Electoral debiera ser un no sólo un acto punible, sancionable por el Legislativo, el Senado o la Cámara de Diputados, con juicio político de por medio, sino un motivo de alarma nacional.
Pero hasta hoy no hay nada de eso.
La felonía -traición contra los mexicanos- ocurrió a la vista de todo México y el mundo sin el menor pudor por quienes lo cometieron en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Ahí, sin motivos fundados, los magistrados Felipe de la Mata, Felipe Fuentes y Mónica Soto dieron un Golpe de Estado al magistrado Reyes Rodríguez a quien le retiraron su confianza y obligaron así a renunciar a la presidencia de ese Tribunal.
Los 3 magistrados designaron luego a Mónica Soto como la sustituta del magistrado Rodriguez, quien sólo contaba con el apoyo de la magistrada Janine Otalora.
Quienes podrían y debían haber intervenido en este caso, son los Senadores y evitar el atropello. Es el Senado quien por mayoría calificada designa a los magistrados de ese Tribunal. Pero la oposición PRI, PAN, PRD y Grupo Plural por más que lo sugirió y denunció no logró que la mayoría de Morena, PT y Verde actuara en ese sentido.
No lo logró como no ha conseguido que Morena, PT y Verde den el paso para elegir a los 2 magistrados que faltan en ese Tribunal para completar la plantilla de 7 magistrados que dice la Constitución debe integrar el Pleno del Trife.
Eso mantiene al Tribunal Electoral incompleto y con sólo 5 magistrados, lo que permitió que 3 de ellos le diera el Golpe al magistrado Reyes e impusieran a la magistrada Soto.
¿Pero, y por qué todo este embrollo?
La historia reciente en este Tribunal ha sido la del desencuentro, la confrontación y el desacuerdo. Bueno, incluso la Unidad de Inteligencia Financiera llegó a denunciar a su expresidente José Luis Vargas, el magistrado billetes por enriquecimiento inexplicable.
Pese a todo, los fallos emitidos se dieron dentro una confiable autonomía.
El caso es que últimamente quienes siguen las resoluciones de esa institución perciben una fuerte inclinación, podríamos hablar de sumisión hacia el lopezobradorismo o la 4T, en las decisiones de tres de los 5 magistrados integrantes.
Si, adivinó Usted: de Mónica Soto, hoy ya presidenta y sus compañeros Felipe de la Mata y Felipe Fuentes.
De ahí que el agandalle de la presidencia del Tribunal cobre una connotación muy preocupante, la de la percepción de que se podría estar preparando desde ya la posible anulación de la elección presidencial del 2024 si es que esta la gana con poco margen la oposición con Xóchitl Gálvez bajo las siglas del Frente Amplio.
Si no es con ese fin, ¿por qué han hecho todo lo que han hecho?, es la interrogante.
Esta preocupación se fortalece ante los pronunciamientos de la magistrada Soto.
Ayer, al asumir la presidencia (¿espuria?) del Tribunal Electoral y sin la presencia de Reyes Rodríguez, y en un hecho inusual convocó a una ceremonia en la que izó la bandera frente a magistrados estatales y de las salas regionales con la asistencia de ex consejeros y ex magistrados, algunos de quienes son ya parte del equipo de Claudia Sheinbaum.
O sea…
Luego en su discurso juró que con ella en la presidencia habrá un Tribunal Electoral autónomo e independiente.
A nadie en el medio electoral se le olvida que la magistrada Soto se ha mostrado muy cercana a Sergio Gutiérrez Luna un expresidente de la cámara de Diputados muy cuestionado por sus arranques en defensa de Morena.
“Hoy se abre una nueva página en el Tribunal Electoral, no es un borrón y cuenta nueva, debemos sentirnos orgullosos por lo que hemos construido en los últimos 28 años, y estar comprometidos en preservar la independencia y la autonomía de este órgano. Valores que seguiremos defendiendo a plenitud.
“México puede estar tranquilo, cuenta con un Tribunal con autonomía e independencia. Va en prenda mi imparcialidad, mi independencia y autonomía en mis decisiones. El proceso electoral está plenamente garantizado”, afirmó.
“Iniciamos con pasos firmes nuestra tarea de proteger los derechos fundamentales de todas las ciudadanas y los ciudadanos de México, con respeto a la igualdad de trato entre nosotros, sin separaciones ni discordias, honrando así, la fortaleza de esta institución”, indicó.
¿Usted le cree?… yo tampoco.
SANCHEZ CORDERO VS DELITOS DE ODIO
Al considerar que todos los mexicanos tenemos derecho a una vida libre de violencia y sin discriminación, en entornos de protección institucional que inhiban comportamientos que atenten contra su integridad, la exministra y exsecretaria de Gobernación, expresidenta del Senado Olga Sánchez Cordero, presidenta de la Comisión de Justicia presentó una iniciativa para penalizar y sancionar los delitos de odio.
En su propuesta se considera que, cuando se cometa un delito doloso en contra de alguna persona, motivado por su edad, género, preferencia o auto adscripción sexual, etnia, condición de discapacidad, religión o raza, será considerado un delito de odio y aumentará hasta en un tercio la pena establecida para este tipo de agresiones. La pena se duplicaría si es cometida por un servidor público en ejercicio de sus funciones.
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