CIUDAD DE MÉXICO.- Respecto a la “Carta Abierta” publicada en el diario Unomásuno, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) rechaza las acusaciones, intentos de manipulación y mentiras emitidos en la publicación e informa lo siguiente:

En la ubicación especificada, personal de campo de la CFE detectó que la empresa denominada Diario Amanecer de México, sin contar con un contrato de suministro, obtenía la electricidad mediante una conexión ilegal, lo cual constituye un delito tipificado en el Artículo 368 del Código Penal Federal.

En el reporte, el personal de campo hizo la especificación de que se encontró el servicio conectado de manera ilícita al transformador, con la instalación eléctrica subterránea con cargas instantáneas de 19 91 kilowatts. La conexión detectada corresponde a la tarifa industrial PDBT (Pequeña Demanda Baja Tensión), con un consumo de energía de 129,192 kilowatt-hora, lo que equivale a $649,475.

Tras la detección del robo de energía eléctrica, se realizó el análisis respectivo para determinar el periodo de tiempo y la cantidad de energía que fue robada a la Comisión Federal de Electricidad y consumida de manera ilegal por la empresa Diario Amanecer de México. Se determinó un periodo de ajuste comprendido entre el 09/06/2022 y el 13/10/2023 y el pasado 21 de noviembre de 2023, se notificó al infractor para que proceda a regularizarse.

Actualmente la CFE se encuentra a la espera de que el usuario se acerque a cualquier Centro de Atención a Clientes para regularizarse y cubrir el cargo por la energía robada, para después formalizar un contrato para el suministro de energía eléctrica.

Ante la detección de una conexión ilícita y del robo de electricidad, la Comisión Federal de Electricidad actúa conforme a sus procedimientos establecidos y de ninguna manera busca afectar a empresa alguna.
AM.MX/fm

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CIUDAD DE MÉXICO / SemMéxico.- En un duro balance de este gobierno frente a la violencia contra las mujeres, la Red Nacional de Refugios rechaza la “ignominia de las autoridades”, que frente a la crisis de derechos humanos en el país, donde siguen los feminicidios, “declara constantemente que los delitos contra las mujeres han disminuido”, y mantiene una política evidente de pacto patriarcal.

En una declaración, en el marco 16 Días de activismo contra la violencia de género, denuncia esta Red que los Refugios han vivido reducciones reales a su presupuesto en toda la administración de Andrés Manuel López Obrador, presupuesto, además, estancado en 2023 y acotado en 2024, mientras la demanda de atención crece en un 7 por ciento y es evidente, entre los perpetradores, que se trata de agendes militares o policiacos.

Denuncia enfáticamente el trato arbitrario, vertical, intimidante y sin enfoque de derechos humanos que han recibido Organizaciones e Instancias que operan Refugios y Centros de Atención Externa operado por Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres CONAVIM a cargo de la operación y ejecución del Programa de “Apoyo para Refugios especializados para Mujeres víctimas de violencia de género, sus hijas e hijos”.

Su conclusión es que hay falta de acceso a la justicia integral para las mujeres, así como la revictimización, corrupción e impunidad a la que se enfrentan al buscar acceder a sus derechos. Además de que se criminaliza a las organizaciones de la sociedad civil y del movimiento feminista.

La Red Nacional de Refugios, que anota todo lo que ha tenido que hacer, en casos, para no cerrar los refugios, plantea que está abierta al diálogo, que no existe y una docena de demandas puntuales al ejecutivo, al legislativo y puntualmente a la CONAVIM, cabeza de la política que tendría que garantizar las acciones gubernamentales que no se realizan. Comisión ahora descabezada y que depende de la Secretaría de Gobernación.

Llama a las y los legisladores a regresar recursos, vigilar su aplicación, y declarar a la política de refugios como una política de Estado.

Puntos de Crítica
• La ignominia de las autoridades gubernamentales ante la crisis de derechos humanos que arrebata la vida de más de 11 mujeres y niñas al día, ignorando las transgresiones de derechos humanos y declarando constantemente que los delitos contra las mujeres han disminuido.

• Los discursos y políticas transgresoras de los derechos humanos de las mujeres que perpetúan el pacto patriarcal y la naturalización de las violencias contra mujeres, niñas y adolescentes.

• La tendencia del gobierno en turno de no asignar presupuestos suficientes y progresivos a programas claves para prevenir, atender y eliminar las violencias contra las mujeres como lo son los Refugios, quienes han tenido reducciones reales en el presupuesto en 2019, 2021 y 2022, manteniéndose el presupuesto estancado en 2023 y 2024, limitándoles la capacidad de adquisición de bienes y servicios que son necesarios para brindar atención a las víctimas de las violencias machistas.

Lo que hacen sin gobierno para poner fin a las violencias machistas:

Como respuesta a la naturalización de las violencias machistas y su aumento, la RNR ha realizado diversas acciones, entre ellas:

• Acompañamiento integral gratuito a mujeres e infancias:

-De enero a octubre de 2023, a través de los 76 espacios de prevención, atención y protección que integran la RNR se brindó atención integral gratuita a 15,362 mujeres e infancias sobrevivientes de violencias. Y a través de redes sociales y líneas telefónicas, a 1,558 personas, el 87% mujeres.

-Pese a que el presupuesto para Refugios no ha incrementado y éstos llevan operando desde el 2021 con el mismo presupuesto, se ha mantenido desde la resistencia y la convicción la operación de estos espacios que restituyen derechos y previenen feminicidios, incluso teniendo incrementos en los ingresos y atenciones, registrándose un aumento en los Refugios de 13% en enero y del 6% en febrero, en comparación al mismo periodo del 2022. Asimismo, hubo incremento de las atenciones en los Centros de Atención Externa de Refugios del 2% en enero y del 7% en mayo.

-Día a día las defensoras de derechos humanos que acompañan a mujeres e infancias sobrevivientes de violencias en los refugios se enfrentan a situaciones de riesgo, ya que el 43% de los agresores tienen vínculos militares o políticos y además usan armas.

• Desarrollar estrategias para crear comunidad y espacios de protección entre mujeres tal es la aplicación móvil “Sendero Violeta”, lanzada el año pasado y que al mes de octubre cuenta con 8,669 descargas, destacando la participación de las mujeres usuarias en los registros de zonas rojas, ya que el 79% de éstas han sido registradas por las usuarias, lo que refleja la importancia de crear senderos seguros desde la experiencia y participación de las mujeres.

• Creación y puesta en marcha de campañas nacionales como:

– “Voces X la Igualdad y la Justicia” campaña de perifoneo por tercer año consecutivo que este 2023 recorrerá a partir de hoy 27 de noviembre al 9 de diciembre, las 16 alcaldías de la CDMX a través de un perifoneo con mensajes claves para nombrar las violencias perpetradas por los hombres contra las mujeres, desnaturalizando los actos violentos, invitando a la ciudadanía a romper el pacto patriarcal, reconociendo y señalando la misoginia y las violencias contra las mujeres. Así como 5 episodios especiales del IMER a través de “Bingo” del 27 de noviembre al 1 de diciembre por las emisoras FM del IMER.

Demandan asuntos urgentes a los tres órdenes de gobierno:
• Garantizar el acceso a la justicia integral para las mujeres en todas sus diversidades y etapas de vida, entendiéndose y reconociéndola como todos los mecanismos de protección, judicialización, reparación, atención, prevención e impulso de la autonomía de las mujeres, que garanticen que ellas ejerzan su ciudadanía como sujetas de derechos.

• Eliminar todas las formas de discriminación, desigualdades y violencias machistas contra mujeres, niñas y adolescentes en todos los espacios y sectores, así como garantizar la protección de sus derechos sexuales y reproductivos.

• Políticas que promuevan y garanticen la igualdad sustantiva, así como concretar el Sistema Nacional de Cuidados.

• Cumplimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer -Belém Do Pará- y de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer -CEDAW-.

A las y los legisladores tanto de la presente legislatura como de la siguiente

• Que los Refugios para Mujeres víctimas de violencias y en su caso, sus hijas e hijos sean una política de Estado, con presupuesto plurianual, garante y progresivo.

• Asegurar y vigilar que el PEF2024 del Programa de “Apoyo para Refugios especializados para Mujeres víctimas de violencia de género, sus hijas e hijos” se entregue a más tardar el primer trimestre del 2024, por lo que exigimos que no suceda el inadmisible retraso del 2022 y 2023 en la liberación del recurso eliminándose los procesos administrativos burocráticos.

• Garantizar la asignación de presupuestos suficientes y progresivos a programas claves para prevenir, atender y eliminar las violencias contra las mujeres, priorizando y poniendo en el centro de las agendas los derechos humanos y respondiendo al principio de progresividad.

• Instar a CONAVIM, quien es la instancia federal ejecutora del Programa de “Apoyo para Refugios especializados para Mujeres víctimas de violencia de género, sus hijas e hijos”, incorporar desde la democracia a las organizaciones de la sociedad civil y entes públicos que operan refugios en la realización de los lineamientos 2024, de tal forma que se plasmen las realidades y establezcan las rutas viables para su cumplimiento evitando así las solicitudes a discreción que se han tenido en los dos últimos años y que obstaculizan la labor de protección de derechos humanos de mujeres e infancias llevadas a cabo por los espacios de Refugio y sus Centros Externos.

A la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres
• Dar respuesta ágil y oportuna a las solicitudes realizadas por las OSC´s y entes públicos que realizan en el marco de los lineamientos del Programa de Refugios, así como entregar las observaciones a los informes presentados por los Refugios dentro del periodo fiscal correspondiente, evitando el aletargamiento que se ha venido presentando y que obstaculiza el óptimo ejercicio de los proyectos y por ende, el ejercicio de los recursos, respetando las necesidades que tiene cada Refugio y/o Centro de Atención Externa para redirigir el recurso, si fuese el caso, sin imponer como se ha presentado en este año, siendo la CONAVIM la que indica el rubro o concepto en el que se debe redirigir.

• Garantizar a las Organizaciones que operan Refugios y Centros de Atención Externa un trato digno, horizontal, corresponsable, democrático que priorice el diálogo respetuoso y libre de cualquier coacción por parte de las personas responsables que están al frente y operan el Programa de “Apoyo para Refugios especializados para Mujeres víctimas de violencia de género, sus hijas e hijos”.

• Crear un área jurídica exclusiva para el Programa de Refugios con el porcentaje del presupuesto que tiene designado en el PEF para operar dicho programa, agilizando así los procesos, ejemplo de este obstáculo, es que apenas en éste mes, pese a que el proyecto fue aprobado en el mes de febrero, se hizo llegar al Refugio del Instituto Municipal de Mérida el convenio, el cual es el primer paso para poderles liberar el presupuesto, siendo alarmante ya que queda menos de un mes y medio para poder ejercer 3,000,000 y que pudiera interpretarse como incapacidad u omisión del/los Refugios, lo cual evidentemente no es así, afectando este incomprensible e inadmisible retraso principalmente a las mujeres e infancias.

Seguimos expresando nuestra disposición al diálogo, sumar acciones, experiencias a favor del derecho a una vida libre de violencias, creemos en la importancia de nombrar para poder reconocer, enfrentar y derribar los obstáculos, por ello hacemos visible lo que realmente atraviesa a quienes acompañamos directamente a las mujeres, niñas y niños víctimas violencias, solicitamos a este gobierno en turno y a los subsiguientes priorizar los derechos humanos y ponerlos al centro de sus agendas materializando en hechos y presupuestos garantes los discursos.
AM.MX/fm

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CIUDAD DE MÉXICO / SemMéxico.- La realidad de las mujeres que denuncian algún tipo de violencia en México es alarmante. En nuestro país, un feminicida, o un agresor por violencia familiar o sexual, tarda de dos a cinco años en recibir una sentencia. Además, durante todo ese tiempo, las víctimas y sus familiares son citadas entre 10 a 20 audiencias para carearse con los agresores.

El dato lo presentan las abogadas del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD) en su último informe: ¿Una sentencia es sinónimo de justicia?, cómo se vive un proceso judicial en México para víctimas de violencia sexual y violencia feminicida. En el informe se documentaron violaciones a la legalidad y a los derechos de las víctimas en los procesos penales.

El informe da un dato contundente: en México, el 90 por ciento de los delitos cometidos en contra de las mujeres permanecen en la impunidad.

Además, acusaron que “cuando se logra sentenciar a feminicidas, violadores y abusadores, las víctimas deben de recorrer un largo camino que inicia cuando deciden denunciarlo. Cuando son ellas las acusadas, los procesos se vuelven estigmatizastes, así es la violencia institucional”.

El largo camino para la justicia

En la investigación, el IMDHD analizó 19 casos. En ellos, corroboraron la lentitud del proceso penal en contra de los agresores de mujeres.

El análisis de los casos va desde la presentación de la denuncia, hasta que se obtiene una sentencia condenatoria. Sin embargo, explicaron que también contemplaron el tiempo de los amparos que los tribunales tienen que analizar, y que puede alargar el proceso penal hasta dos o tres años más.

La organización de derechos humanos acompañó a mujeres durante siete años en su búsqueda de justicia y reparación del daño. En este proceso, el IMDHD documentó 19 experiencias de mujeres víctimas de violencia dentro de los procesos penales que fueron resueltos de 2022 a 2023.

Los casos corresponden a carpetas de investigación por los delitos de violencia familiar, violencia sexual, feminicidio, tentativa de feminicidio, desaparición forzada, despojo, homicidio y una denuncia por daño moral.

En la investigación, además, se observaron las malas prácticas de las fiscalías y el Poder Judicial, quienes resolvieron las sentencias sin imponer las penas máximas

¿Justicia? Las sentencias a agresores tienen una tendencia a la mínima

El informe también da cuenta de los patrones discriminatorios en contra de las mujeres que denuncian. Patrones que se encuentran arraigados dentro del sistema judicial e impiden el acceso a la justicia para las mujeres.

Un ejemplo, cuenta la defensora Verónica Garzón, pasa en la Ciudad de México, donde el informe revela una tendencia en la que las juzgadoras responsables de sentenciar a los agresores siempre recurren a las penas mínimas para sancionar delitos de violencia sexual y violencia familiar.

“Resulta preocupante por dos razones: en primer lugar, las autoridades jurisdiccionales no están aplicando los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos para analizar el contexto de los casos e identificar la forma en que las conductas afectan la vida de las mujeres y niñas. En segundo lugar, estas argumentaciones se presentaron principalmente en dos casos, uno es el de Rihana, y otro el de una adolescente de 12 años».

En ambos casos, cuenta Garzón, «las juezas no identificaron, en atención al interés superior de las niñas, los impactos diferenciados que la violencia tiene sobre ellas, en comparación con mujeres adultas”.

El caso de Rihana ocurrió en 2017, cuando ella tenía siete años. La menor fue violentada sexualmente por el hermano de la entonces pareja de Erika, su mamá. La agresión la denunció la madre ante el ministerio público, sin embargo, después de denunciar, su ex pareja y su familia la agredieron, por lo que Erika también interpuso una denuncia por los delitos de violencia familiar, lesiones y despojo.

La ex pareja y su familia echaron de la casa a Erika y a Rihana. Ni siquiera les permitieron que recuperaran sus pertenencias. Durante meses, ambas vivieron en un coche.

A pesar de que se demostró que hubo violencia sexual en contra de la menor, la jueza que conoció el caso determinó que la conducta del agresor no ameritaba el grado máximo de culpabilidad, por lo que decidió sentenciarlo a pena mínima.

El Tribunal de Alzada compartió el mismo argumento cuando Erika interpuso un recurso de apelación contra la reducción de la sentencia del agresor. En ese caso, el Tribunal resolvió que era inoperante argumentar que el daño a la menor había sido máximo.

“Sólo por tratarse de una persona menor de edad, y por ser mujer, toda vez que el mismo se torna discriminatorio para el resto de las personas en caso de no considerarse de tal magnitud” explicó Verónica Garzón.

Falta de análisis y desinterés, las causas de sentencias que no significan justicia

El informe cuestiona que se reduzcan las condenas a los agresores para que estén menos años en prisión.

Los argumentos que presentan las autoridades judiciales siempre arguyen la falta de razonamientos jurídicos, pero en realidad las autoridades no realizan análisis exhaustivos de los casos, ni aplican los estándares internacionales de protección en materia de derechos humanos.

Esto representa uno de los principales obstáculos para que las mujeres acceden a la justicia, además de la dilación de los procesos penales y el tiempo que las autoridades judiciales se tardan en resolver las sentencias.

En promedio, el IMDHD calcula que los procesos penales tardan cuatro años en resolverse, pero hay casos en los que se prolongan hasta ocho años. «Ninguno», concluye el informe «duró menos de dos años, contados a partir de la presentación de la denuncia. En el caso de los juicios orales, la duración osciló entre los dos y siete meses”.
AM.MX//fm

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PUEBLA, PUEBLA.- La muestra, integrada por 52 fotografías de la Comisión Federal de Electricidad, está disponible en el Benemérito Instituto Normal del Estado (BINE) para ser visitada por sus casi 10 mil estudiantes a lo largo de dos semanas.

A través de seis secciones, la exposición da cuenta de las acciones que emprende la CFE no sólo en temas de electrificación, sino por su capacidad y el compromiso de sus trabajadores, también muestra una amplia gama de actividades a veces intangibles para las y los usuarios.

En el acto inaugural, en el Benemérito Instituto Normal del Estado, el coordinador de Comunicación Corporativa de la CFE, Luis Bravo Navarro, agradeció el espacio que brinda el Instituto Normal más grande del país para dar muestra de todo el trabajo que hay detrás de un acto tan común como apretar el interruptor para tener luz.

Comentó que, en hechos tan lamentables como los ocurridos en Guerrero, tras el paso del huracán Otis, es que la sociedad puede conocer la importancia de la CFE, quien logró el restablecimiento de la electricidad en tan sólo una semana, gracias a la incesante labor de sus trabajadores.

Por parte del BINE, el coordinador de Educación Obligatoria, Xicohténcatl Arroyo Parra comentó que, Puebla es uno de los estados beneficiados por la Comisión Federal de Electricidad, la cual dijo, es una de las empresas más importantes del mundo y es un ejemplo de lo que debe ser una empresa del estado.

A la par de exhibirse esta muestra fotográfica en el Benemérito Instituto Normal del Estado, se brinda un ciclo de conferencias por parte de ingenieras e ingenieros de la Comisión Federal de Electricidad con temas como: productos y servicios que ofrece la CFE; consumo global de energía y fuentes renovables; y el desarrollo de las mujeres en la industria eléctrica.

Para nivel básico, se presenta el teatro robótico del Programa de Ahorro de Energía del Sector Eléctrico (PAESE) que enseña a cerca de 2,500 niñas y niños de primaria en esta institución sobre el ahorro energético a través del uso eficiente de los electrodomésticos.
AM.MX/fm

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