Sara Lovera
CIUDAD DE MÉXICO / SemMéxico.- En los últimos 5 años el gobierno de la república ocultó 5 mil 668 feminicidios y registró como accidentes y suicidios otros miles de casos para esconder los crímenes contra las mujeres, afirmó esta mañana Irinea Buendía Cortez al informar que presentará para toda la república una iniciativa para castigar a los servidores públicos que no investigan con visión de género los asesinatos de mujeres.
En conferencia de prensa, en las instalaciones de Amnistía Internacional, está mujer que plantea crear un nuevo delito federal contra los servidores públicos, denunció que las fiscalías de prácticamente toda la República por no cumplir con el mandato de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de 2009 y la de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de 2015, para juzgar con una mirada feminista a los feminicidios, que dijo, ya son 20 todos los días.
Advirtió sobre la gravedad de las violencias y la situación feminicida en Chiapas, donde el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dice que tiene otros datos, con un dejo de desprecio, tanto que no ha recibido nunca a las madres buscadoras, mientras que a las que protestan le pone vallas. Y en su mañanera, miente cuando dice que bajan los feminicidios.
La defensora de los derechos humanos, que, por el asesinato de su hija, Mariana Lima Buendía, pudo demostrar que no fue un suicidio y durante 13 años luchó por que se le hiciera justicia, también denunció que la sentencia condenatoria del feminicida Julio César Hernández Ballinas, con 70 años de cárcel, está en peligro, no está firme.
Interrogada sobre esta administración, que ofreció acabar con la violencia, luego de decir que se simula, que antes se hablaba de “crímenes pasionales” y ahora se justifican como ejecutados por el crimen organizado y el narcotráfico, dijo que las cifras hablan por sí mismas de los resultados de la administración que encabeza Andrés López Obrador.
Todas las cifras son oficiales, dijo a su vez el abogado Pablo Navarrete Gutiérrez, al señalar que hay una contradicción entre las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y las del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que revelan un subregistro de los casos de homicidios de mujeres. Ahora hay varias contabilidades, las del feminicidio, las de homicidios dolosos, las de accidentes y las de suicidios. Una verdadera manipulación.
Para Irinea, que habló con periodistas flanqueada por Edith Olivares Ferreto, directora de AI y Navarrete Gutiérrez, ella que ha andado en su lucha más de 13 años, mientras ministerios públicos, jueces, fiscalías, no investiguen con perspectiva de género, las cifras, de 140 mil 842 mujeres en muertes violentas, sólo 20 por ciento juzgadas como feminicidios en los últimos 13 años, desde que se empezaron a contar; los recortes de hasta 14 mil 680 atribuidas a suicidio y 85 mil 247 atribuidas a “accidentes”, cifras que seguirán creciendo. En suicidios hasta del 58 por ciento y “accidentes”, 60 por ciento.
Pero puntualizó, las cifras que hay son imprecisas y manipuladas, “realmente no sabemos la verdad” y es la verdad la que quieren las madres buscadoras, víctimas del feminicidio de sus hijas, desesperadas por la desaparición de miles.
Pero, acotó el gobierno está mintiendo, dice que” bajaron los feminicidios”, y el mensaje que envía a los feminicidas es que pueden seguir adelante, serán beneficiados por la impunidad, la tolerancia al crimen, la corrupción, la negligencia, de las y los servidores públicos. También puso en jaque a las funcionarias de la política de género y las fiscalías de delitos sexuales.
La propuesta de ley y la caravana
En noviembre de 2022, Irinea Buendía Cortez, inició una caravana, para impulsar la Sentencia Mariana Lima Buendía, asesinada en Chimalhuacán, Estado de México el 28 de junio de 2010. Para promover entre el funcionariado del sistema de justicia, lo que se consideró una sentencia histórica, porque por primera vez un caso jurídicamente archivado y resuelto como “suicidio”, se reabriera y pudiera demostrarse que en realidad era feminicidio.
Esa sentencia podría ser la clave. Pero no. Hoy Irinea Buendía Cortez, ha comprobado que hay múltiples obstáculos estructurales para alcanzar justicia; y miles de casos están cerrados, reabrirlos es muy complicado. Asumida feminista, criticó el desdén por hacer un cambio cultural que permitiera a las y los funcionarios juzgar con perspectiva de género. Los protocolos, las orientaciones, la capacitación son “pura simulación” y el resultado es impunidad para las víctimas del feminicidio cotidianamente.
Y nada conmueve. Narró cómo de los 16 estados que ha visitado para promover la sentencia Mariana Lima Buendía, encontró puertas cerradas principalmente en las entidades gobernadas por el partido oficial como Baja California, Tlaxcala, Chiapas, Michoacán, y Tabasco, donde encontró a las madres tiradas en el suelo pidiendo audiencia. Y las otras, las que vienen a la Ciudad de México, pretendiendo ser escuchadas en la mañanera. Pero nada, “el presidente nunca las ha querido escuchar”.
Encontró que en todo el país hay madres buscadoras, como ella, buscando justicia donde no hay escucha, casos de 2, de 5, de 8 o de 10 años. Casualmente la escucharon en Durango
Irinea, de noviembre a junio ya recorrió 34 mil 68.2 kilómetros, y ya tiene 4 mil 380 días sin encontrar verdadera justicia, para ella, pero miles y miles de días más suman las de todas las mujeres de México, sobre todo madres y familiares.
Mañana entregará al Congreso del Estado de México una propuesta de reforma a diversas normas, se llamará ley Mariana Luna Buendía. La propuesta propone reformar los Códigos Penal Federal y del Estado de México; así como el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, nacional y local.
Estas propuestas buscan que la sentencia de la SCJN obligue a todas las autoridades del país a aplicar los parámetros que se establecen para juzgar con perspectiva de género. También busca sancionar las omisiones de los servidores públicos obligados a cumplir esa sentencia y reparar el daño causado. Realmente, no con artimañas.
Esta propuesta expresa la obligación de estado para promover un cambio social y cultural.
En el Estado de México esta propuesta, dijo, es un reto para la gobernadora electa, a ver…
La más importante innovación es la creación de un nuevo delito federal que cometan las y los servidores públicos, o delitos contra la administración de justicia cometidos por ellos: se trata de que dejan de obstruir la justicia por negligencia, corrupción u omisiones.
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