CIUDAD DE MÉXICO.- En las últimas semanas el autotransporte de carga ha sido motivo de noticias en México y América Latina, ello debido a los altos niveles delictivos que golpean a este sector que van desde el robo de mercancías (que en 2022 dejó pérdidas por más de 7 mil millones de pesos), sustracción de camiones y hasta homicidios de los operadores.

En respuesta, transportistas afiliados a organizaciones estatales del gremio bloquearon varias carreteras del país exigiendo mayores y efectivas medidas de seguridad.

El gobierno federal por su parte se ha visto rebasado y hasta indiferente ante la alarmante situación. Ante preocupante escenario, la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad e Industria Satelital (AMESIS) promueve sinergias con organizamos sectoriales para impulsar la creación y puesta en marcha de paradores seguros para los operadores y sus cargas.

Ricardo Bustamante Medina, presidente de la AMESIS, destacó que de acuerdo con la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN) se estima que durante 2022 el robo a transporte de carga, considerando el costo de la mercancía, daño a equipos y costo de acciones para reforzar la seguridad de las operaciones y sus unidades, dejó pérdidas por más de 7 mil millones de pesos.

Entre enero de 2018 y noviembre de 2023, hay registro de 85 mil robos a transportistas, según datos de la CONCAMIN. Los recientes paros y bloqueos de carreras por parte de organizaciones transportistas, también han afectado a la ciudadanía y diversos sectores industriales

El presidente de la AMESIS, organización experta en geoposicionamiento satelital y tecnología de protección para la logística, cadena de suministro, capacitación y certificación especializada, considera necesario que para reducir la alta siniestralidad, organizaciones como la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (CONATRAM), la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP), la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) y otros organismos transportistas estatales, junto con organizaciones proveedores de sistemas de seguridad, continúen y/o multipliquen reuniones y esfuerzos con los tres niveles de gobierno para establecer mecanismos de protección, pues el delito afecta a toda la cadena de suministro, incluido el consumidor final.

Reiteró que los artículos más robados son alimentos y abarrotes, materiales de construcción, refacciones y productos automotrices, medicamentos, hidrocarburos, ropa y calzado. Todos los días, las empresas pierden en promedio 19 millones de pesos por el robo al transporte de carga. La implementación de tecnología de geolocalización satelital, monitoreo dedicado y hasta videovigilancia remota son herramientas efectivas vs asaltos.

“Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los día que más robos registran son martes con 21%, miércoles con 18% y jueves con 19%, mayoritariamente entre las 06:00 y las 10:00 horas. Esta tendencia viene desde 2022 hasta lo que va de 2024. El robo a camiones representa pérdidas promedio de 500 mil pesos en valor de mercancía, aunque pueden rebasar los 7 millones de pesos si se trata de productos de alto valor. Estas cifras se registran principalmente porque en carreteras no hay suficientes elementos y patrullas de la Guardia Nacional”, acotó el directivo.

En diversos foros -refiere Ricardo Bustamante Medina-, reiteradamente he mencionado la importancia del descanso durante la conducción de largas distancias y tiempos prolongados, pero esto no se lleva a cabo pues son pocos los paradores seguros que existen en la red carretera nacional, lo que dificulta el paro total de unidades en determinados lugares o zonas; ello es aprovechado por el crimen organizado, lo demás ya es conocido: robo del vehículo o de la mercancía, y en algunos casos hasta la muerte de operador.

“Por lo anterior, es importante que empresarios y autoridades del transporte fomentemos la aplicación de la NOM 087 (conocida como ´norma de la fatiga´), pero además, se establezcan criterios para determinar en el país cientos de paradores seguros donde la Guardia Nacional sea la autoridad primaria que vigile dichos puntos, pues no solo el robo de mercancías en tránsito es un lastre para el sector, a ello se suma el alto índice de accidentes ocurridos donde se ven involucrados vehículos de carga. Una alternativa sería el establecimiento (oficial) de más paradores seguros.

Existen iniciativas y diversas actividades de los organismos que estamos involucrados en el transporte, por ejemplo, en AMESIS capacitamos y certificamos a los monitoristas de los asociados y de los clientes finales que cuentan con centros de control para un correcto seguimiento de unidades. Sin embargo, en este sentido requerimos el apoyo de la Guardia Nacional como autoridad federal para atender con mayor fuerza en el rubro de los paradores seguros donde los operadores lleguen a asearse, alimentarse y sobre todo descansar; con todas las garantías de seguridad tanto para ellos como para sus cargas”, finalizó Bustamante Medina.
AM.MX/fm

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CIUDAD DE MÉXICO.- Greenpeace México ha lanzado la campaña “Océanos sin plásticos. Detengamos a las empresas contaminantes” con el objetivo de movilizar a la sociedad para la protección de los océanos.

La iniciativa ciudadana busca frenar la contaminación por plásticos en México, haciendo hincapié en la responsabilidad de las empresas y oponiéndose a los productos plásticos de un solo uso.

La organización llevó a cabo una rodada en Paseo de la Reforma, instando a los ciudadanos a respaldar con sus firmas una propuesta ciudadana para reformar la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR).

Greenpeace señaló que la legislación actual en México se centra en las ganancias económicas y en la gestión de residuos como mercancía, lo que ha obstaculizado la capacidad de la LGPGIR para abordar la emergencia ambiental y de salud provocada por los desechos plásticos.

Se estima que el 55% de las aves marinas, el 70% de los mamíferos y el 100% de las tortugas marinas han ingerido o enredado plásticos. Además, la contaminación plástica afecta la salud humana, ya que el agua potable, los alimentos y la sal de mar contienen microplásticos que se consumen, y el aire que respiramos contiene partículas plásticas que inhalamos.

La iniciativa antiplásticos de Greenpeace se centra en fortalecer medidas preventivas y de reducción de residuos sobre un modelo económico que incentiva la producción. Propone la inclusión de la figura de Responsabilidad Extendida del Productor (REP) para que las empresas fabricantes se responsabilicen de diseñar productos que no se conviertan en residuos contaminantes y se hagan cargo de su gestión sin afectar la salud ni el ambiente.

La propuesta también aboga por eliminar “falsas soluciones” en la ley, como quemar residuos para usarlos como combustible, considerando que esto empeora la crisis ambiental y exacerba la producción de más basura.

Para presentar la propuesta ciudadana al Congreso de la Unión, Greenpeace México tiene como objetivo reunir al menos 200,000 firmas. Estas se recogerán en módulos llamados “puntos azules”, que se instalarán en diversos puntos de la Ciudad de México y otras ciudades del país. La organización busca una movilización masiva para impulsar cambios significativos en la gestión de residuos y la reducción del uso de plásticos de un solo uso en México.
AM.MX/fm

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CIUDAD DE MÉXICO.- Durante la conferencia matutina del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, informó sobre la iniciativa de reforma constitucional en materia de industrias estratégicas del Estado, en particular, respecto al fortalecimiento de la CFE como empresa pública, para garantizar la soberanía energética, la soberanía nacional y la justicia social al garantizar el acceso universal a la electricidad a los precios más bajos posibles.

La iniciativa de reforma a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales busca recuperar el sentido original de la Constitución: la electricidad no es una mercancía, sino un derecho humano, por depender de ello el desarrollo de la vida y la economía del país; es un servicio público y una responsabilidad ineludible del Estado. Mientras que dejar el aprovisionamiento de la energía eléctrica a intereses económicos, implica el abandono de la responsabilidad esencial de los poderes públicos, representantes de la nación y responsables ante ella.

“Como sigue el afán privatizador, siguen queriendo que el gobierno sea un comité al servicio de una minoría, no al servicio de todo el pueblo de México, pues hay que reformar la Constitución para fortalecer las empresas públicas, tanto la Comisión Federal de Electricidad como Pemex. Y no permitir que regrese la política neoliberal o neoporfirista, acompañada de la corrupción que imperaba en beneficio de un pequeño grupo, de una minoría”, señaló el presidente de la República.

El director general de la CFE explicó que la reforma energética de 2013 estableció ventajas a favor de las empresas privadas en detrimento de la empresa pública, en un sistema que establece la prelación del interés privado sobre el interés público y nacional que representa la CFE. Dijo que, por ello, el presidente propuso reformar el texto constitucional para atender la problemática.

“En el artículo 28, cuarto párrafo del texto vigente (…) no se define cuál es el objetivo de la planeación y el control y, por lo tanto, el sistema eléctrico vigente se desarrolla al margen de toda planeación y en ausencia de la atribución del control del Estado. En ese vacío, son las leyes secundarias las que regulan el sistema sin obedecer a un principio constitucional que se propone establecer. Para evitar este vacío se propone añadir que la planeación y el control del Sistema Eléctrico Nacional Vigente en nuestra constitución, tenga un objetivo específico”, apuntó el director de la CFE.

Señaló que el artículo 27 establece que las leyes determinan la forma en que los particulares podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica; sin embargo, a falta de precisión, se propone adicionar que dichas leyes deberán tener como principio garantizar la justicia social.

“Finalmente, el artículo 25 constitucional, quinto párrafo, en él se propone eliminar el concepto de empresa productiva del Estado incorporado al texto constitucional por recomendación de organismos internacionales financieros de corte neoliberal desnaturalizando la obligación del Estado de garantizar el servicio público de electricidad convirtiéndola en una empresa que no se diferencia de una privada y, por tanto, reduciendo la finalidad a la mera obtención de utilidades sin ninguna función social”, indicó.

ALCANCE DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 28

Se define cuál es el objetivo de la planeación y el control del Sistema Eléctrico Nacional:
“… preservar la seguridad y autosuficiencia energética de la nación, y proveer al pueblo de la electricidad al menor precio posible, evitando el lucro, para garantizar la seguridad nacional y soberanía a través de la empresa pública del Estado”.

Se establece que el servicio de internet que provea el Estado constituye un área estratégica.

ALCANCE DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 27

Se respeta la participación privada en las demás actividades de la industria eléctrica.
Se establece que las empresas particulares no pueden tener prevalencia sobre la empresa pública del Estado, que es la garante de la continuidad y accesibilidad del servicio público de electricidad.

ALCANCE DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 25

Se elimina el concepto de empresa productiva del Estado, que fue incorporado por recomendaciones de organismos internacionales financieros, desnaturalizando su función social. Se sustituye por empresa pública.
Elimina la obligación de que las empresas públicas se guíen por el concepto de las “mejores prácticas”, porque, de acuerdo con la propia definición neoliberal, se refiere a un gobierno corporativo que se constituye por accionistas e inversionistas, lo que no aplica a la empresa pública.
AM.MX/fm

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