CIUDAD DE MÈXICO.- En abril de 2021, 204 personas escaparon de sus hogares en el municipio de Cotija, en Michoacán, después de que miembros de un grupo criminal irrumpieran en sus casas y los amenazaron con rifles y lanzagranadas. La cifra de desplazados en el Estado siguió aumentando ese año y para diciembre ya eran más de 13.500.

De acuerdo con el diario español EL PAÍS, en julio, alrededor de 3.000 personas del municipio de Pantelhó, en Chiapas, dejaron sus viviendas para refugiarse en las montañas o en albergues habilitados en iglesias o edificios municipales forzados por la persecución política y el asedio territorial. Algunas regresaron después, pero no porque las condiciones hubieran mejorado. En Zacatecas ocurrió de forma similar.

En Guerrero también y en Chihuahua y en Jalisco. En 2021, al menos 28.943 personas tuvieron que desplazarse de forma forzada dentro de México debido a la violencia, según un informe presentado este martes por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.

El estudio cuenta 42 “episodios de desplazamiento interno masivo” en 10 Estados del país causados por la violencia de grupos armados, la persecución política o el asedio territorial –es decir, que no se incluye a las miles de personas desplazadas, por ejemplo, por motivos medioambientales–.

Esos episodios, que un año antes habían sido poco más de la mitad, obligaron a abandonar sus casas a casi 29.000 personas. La cifra es el resultado de un monitoreo que hace la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos desde 2016 y que tiene como fuente principal las publicaciones en prensa, aunque incluye consultas a expertos y otras organizaciones.

El trabajo de la comisión, que es una organización de la sociedad civil, intenta suplir la falta de información sobre el tema, ya que no existe un registro público difundido por las autoridades sobre los desplazamientos internos forzados en el país.

El 84% de los desplazados escaparon de los Estados de Michoacán, Chiapas y Zacatecas, según el análisis; el resto huyó de Guerrero, Jalisco, Chihuahua, Oaxaca, Tamaulipas, Durango y Nayarit, que registró en 2021 el primer desplazamiento forzado del que la organización ha tenido noticias.

Daniel Márquez, miembro del equipo que ha hecho el estudio, una publicación detallada de más de 200 páginas, ha destacado este martes la “focalización” del fenómeno en tres Estados y la “expansión geográfica” hacia otras entidades federativas del territorio: “Es normal que con más eventos haya mayor expansión. Pero ha habido más episodios, no solo se ha expandido”.

El número de desplazados internos contabilizados por la comisión para 2021 es tres veces más alta que la registrada un año antes. Márquez ha indicado que es una cifra “nunca antes vista”. Los analistas han señalado este martes que entre 2016 y 2019 se había observado “una tendencia hacia la disminución” del número de desplazados.

No se podía decir, sin embargo, que la situación hubiera mejorado porque los altos niveles de violencia persistían. Un año después, en 2020, se notó un aumento que “no fue significativo”. Pero en 2021, los resultados fueron “alarmantes”, señala el informe. En total, la organización ha registrado que, desde 2016, 379.322 personas han tenido que dejar sus hogares obligados por la violencia en México. El país no es un caso aislado en un continente que concentró el 20% de los desplazamientos forzados en todo el mundo en 2021 ocurrieron en América, según el último informe de ACNUR.

El estudio señala que la mayoría de los desplazamientos afecta a familias enteras que vivía en localidades rurales cuando tuvieron que huir. Al menos en la mitad de los episodios, las notas de prensa mencionaban la presencia de niñas y niños en los grupos.

El estudio también estima que al menos 8.174 de las personas desplazadas internas en 2021 fueron indígenas, lo que representa casi un tercio del total (cerca del 87% residían en Chiapas). Cuando una persona huye su casa lo hace, principalmente, dentro del mismo municipio en el que reside, según el informe: en un tercio de los desplazamientos masivos registrados las personas permanecieron en su municipio y en el 60% de los episodios lo hicieron dentro del mismo Estado.

Esto es así, ha señalado Laura Alvarado, otra de las expertas que participó en la realización del informe, por “el tipo de violencia que decanta el desplazamiento”. Los analistas han precisado en el estudio las formas específicas de violencias que detonaron los desplazamientos, como la quema de cultivos o de negocios, los saqueos a viviendas, los asesinatos o desapariciones de personas de la comunidad, entre otros. “Este tipo de detonante no te deja espacio para planear.

Es muy reactiva. Muchos van a casas de vecinos o familiares; o a zonas más alejados, como las zonas montañosas de sus propias localidades; o a las cabeceras municipales, donde encuentran más protecciones estatal en estadios, iglesias, centros de salud…”, ha explicado Alvarado.

Desplazamientos hacia la frontera norte
Para Josep Herreros, representante asistente de Protección de ACNUR en México, el informe es “una herramienta valiosa” porque existe “un vacío” de información oficial. “México viene sufriendo por décadas el flagelo del desplazamiento interno. Desde hace unos años hay voluntad de diseño de políticas de respuesta. Pero para eso hace falta conocer la dimensión”, ha criticado Herreros este martes durante la presentación del estudio. El experto de ACNUR ha indicado que “la principal dificultad” a la que se enfrentan las autoridades es alcanzar “soluciones duraderas” para que las personas puedan regresar a sus territorios: “Mientras eso no se alcance se sigue perpetuando una violación a los derechos humanos de las personas desplazadas internamente”.

Herreros ha indicado que en esas circunstancias “es lógico que busquen en otro país las soluciones” y se ha referido a la crisis en la frontera norte, donde miles de personas esperan para cruzar hacia Estados Unidos y “ejercer su legítimo derecho al asilo”. El Gobierno del demócrata Joe Biden aún aplica el Título 42 para expulsar en caliente a migrantes y solicitantes de asilo, principalmente, a mexicanos.

La medida, de 1929, fue recuperada al comienzo de la pandemia por la Administración del republicano Donald Trump, que arguyó motivos sanitarios para hacerlo. Su sucesor prometió eliminarla, pero sufrió el último revés en diciembre cuando el Tribunal Supremo rechazó derogar la norma. “El Título 42 debe ser levantado lo antes posible y se debe priorizar el derecho al asilo”, ha instado Herreros.

Valentina Glockner, antropóloga especialista en migración e infancia, ha advertido este martes en la presentación del informe de que la búsqueda de asilo en Estados Unidos se presenta como “una vía prioritaria de las familias desplazadas para ponerse a salvo”. “Cada vez es más difícil encontrar alternativas de vida en otros Estados [de México]”, ha indicado Glockner, que es parte de un equipo binacional de expertas que entre 2019 y 2021 documentó el impacto del desplazamiento interno forzado sobre niños, niñas y adolescentes y sus cuidadoras en las fronteras entre Sonora y Arizona y entre Chihuahua y Texas.

Pero en el límite entre ambos países, Glockner detectó “una serie de mecanismos que sistemáticamente han bloqueado la posibilidad [de los solicitantes de asilo] de ponerse a salvo” y ejercer su derecho. Además de la aplicación del Título 42, indentificó listas de espera, engaños y amenazas que “están siendo desarrolladas por autoridades mexicanas”.

Glockner ha insistido en que “la política migratoria estadounidense está históricamente sesgada en contra de las personas mexicanas que solicitan refugio en Estados Unidos”. Eso se suma a una nueva situación que para la antropóloga es “grave”: “En México no hay un reconocimiento pleno del desplazamiento forzado interno que permita [a los solicitantes de asilo] llevar sus casos con mayor fuerza y recursos, y está generando una dinámica de fricción entre las personas migrantes y las desplazadas internas mexicanas”. “Eso es casi lo peor que puede suceder: generar dinámicas de confrontación entre personas que están en terribles situaciones de vulnerabilidad y vienen huyendo de nuestro país y de otros países”, ha agregado la antropóloga.
AM.MX/fm

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Sara Lovera
CIUDAD DE MÉXICO / SemMéxico.- Tener menos de 18 años, estar en lugar público, en una fiesta, o camino a la escuela, es el perfil de la mayoría de las desapariciones en México: 55 por ciento niñas y jóvenes de entre 10 y 19 años.

Entre 1965 y el 25 de enero de 2023, se ha acumulado un total de 111 mil 889 mujeres reportadas como desaparecidas en México, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) de la Comisión Nacional de Búsqueda.

Si bien las desapariciones reportadas incluyen a niñas desde cero años de edad y mujeres de más de 80, la desaparición se concentra en el rango de 10 a 19 años: 61 mil 490.

El texto “Desaparición de Mujeres Adolescentes, Niñas y Niños su vínculo con la Explotación Sexual o la Trata de Personas con ese u otros fines” realizado por la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) explican que la desaparición de una mujer oculta otro tipo de violencias contra las mujeres, entre ellas, trata de personas, secuestro y feminicidios.

No obstante reconoce que “las desapariciones de mujeres obedecen a múltiples factores. El cuerpo de la mujer es un sujeto de agresión desde distintos ángulos, algunos incrustados en una posición oficial. Se investigan diferentes sectores”.

Muchos casos de desaparición tienen que ver con violencia dentro de sus familias, por maltrato de esposos, colegas, compañeros. Muchas otras es simplemente por ser mujer o niña; por vivir en espacios comunitarios de alta incidencia delictiva o pertenecer a grupos campesinos o indígenas.

“Pero es claro que las mujeres son vistas como sujeto de comercio, muchas de las desapariciones tiene que ver con la trata de personas”, explica Juan Carlos Gutiérrez, especialista en derechos humanos y director general de IDHEAS Litigio Estratégico.

Dos días después de la desaparición de Ángela Olguín -aparecida en circunstancias aún no explicadas- que según el reporte fue encontrada a casi 30 kilómetros de donde se separó de su mamá y luego la autoridad dijo que “ella lo decidió, de acuerdo con Itzel Álvarez Pérez, policía del municipio de Nezahualcóyotl, quien encontró a Ángela Olguín, la menor aseguró que tras su desaparición, estuvo encerrada en un cuarto en el que había una niña más, de 11 años, y una jovencita de 18 años. ¿Cómo entonces la investigación de la Fiscalía de la Ciudad de México, dice que fue su voluntad? ¿Qué no está diciendo? Dice el experto.

De acuerdo con el RNPDNO, la mayor parte de las desapariciones de mujeres se han dado a partir del crecimiento del narcotráfico o la llamada guerra contra el narcotráfico. De los 111 mil ,889 reportes de desaparición de mujeres, el 82 por ciento se dio a partir de 2007.

De ese total, ocho entidades del país concentran el 56.13 % de las desapariciones de mujeres, adolescentes y niñas. Se trata de Puebla, Veracruz, Estado de México, Ciudad de México, Colima, Jalisco, Nuevo León y Guerrero.

Respuesta tardía
Para búsqueda inmediata para la localización de mujeres y niñas desaparecidas, en México se creó el protocolo Alba, y hoy se pide una Alerta de Violencia de Género contra las mujeres, por desaparición, por ejemplo en el Estado de México.

En 2003 se comenzó a poner en marcha ese protocolo en Ciudad Juárez, Chihuahua, a través del cual los tres órdenes de gobierno deben coordinarse para la búsqueda rápida de las mujeres desaparecidas, en las que se involucra a medios de comunicación, sociedad civil, organismos públicos y privados.

Este protocolo contempla un Comité Técnico de Colaboración institucional, a través del cual se trabaja coordinadamente entre las Fiscalías y las Comisiones Locales de Búsqueda de Personas.

Sin embargo, en los hechos suele haber una reacción tardía.

En su reporte, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A.C. (IMDHD) identificó que en la mayoría de los estados, existe dilación en los procesos de búsqueda de mujeres.

“Esto se refleja en la realización de la ficha de búsqueda, la solicitud de la sábana de llamadas y geolocalizaciones, obteniendo las órdenes de cateo de forma expedita para ingresar en recintos donde se presume la localización de la persona, entre otras, disminuyendo con rapidez las posibilidades de encontrarlas con vida”, refiere el documento.

Un caso de esa tardía respuesta se dio con la desaparición de Ivette Melissa Flores Román ocurrida el pasado 24 de octubre de 2012 en Iguala, Guerrero.

La joven de 19 años de edad fue sustraída de su domicilio por un grupo armado. Su madre interpuso una denuncia ante el Ministerio Público, sin embargo, la averiguación previa y las acciones de búsqueda iniciaron hasta dos semanas después.

Por este caso, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU calificó como omiso al Estado mexicano y concluyó que autoridades violaron el artículo 2 de la Convención sobre Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer porque no realizó una búsqueda inmediata, sin dilación y con enfoque de género, con el que se le negó el acceso a la justicia.

Al respecto, Juan Carlos Gutiérrez recuerda parte de las anomalías que hubo en la búsqueda de Ivette Melissa.

“10 años después la Fiscalía del estado de Guerrero envía un oficio a la mamá de Ivette Melissa para que se acerque a ratificar la denuncia de la desaparición de su hija, 10 años después, cuando la aparición fue en 2012, además le dicen que, si no se presenta, la van a detener”, sostiene.

Al respecto, María Teresa Villarreal Martínez, profesora e investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León, explica que además de la respuesta tardía, la impunidad que prevalece en las desapariciones contribuye a que persista este problema.

“Uno de los problemas más graves ligados directamente a la desaparición, es la impunidad, que atañe tanto a las fiscalías, que son las que persiguen a los autores del delito, como la administración de justicia: juezas, jueces, los tribunales. Es un problema muy grave que tiene que ver con asignación de recursos, juzgados atiborrados de casos y corrupción generalizada”, explica.

De las más de 111 mil mujeres que han sido reportadas como desaparecidas desde hace casi seis décadas, aún se desconoce el paradero de 22 mil 571.

*Con información de Expansión Política, REDIM y la Comisión de Búsqueda.
AM.MX/fm

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