MÉRIDA.— Hace unas semanas, Julissa fue ingresada al Hospital General Dr. Agustín O’Horán, ubicado en Mérida, Yucatán, para tener a su segundo hijo. Aquel día, fue la única vez que pudo verla, porque las autoridades hospitalarias consideraron que la bebé y su hermanito de seis años no estaban seguros con su madre, por lo que los menores fueron retenidos y trasladados a albergues del DIF estatal.
Dariana Quintal, abogada de Julissa, señaló que las autoridades separaron a la mujer, de 30 años, de sus dos hijos a razón de que es lesbiana. En respuesta, el DIF de Yucatán afirmó en un comunicado que “frente al riesgo en que se encontraban los niños, pasaron a estar bajo tutela del Estado… siempre priorizando la seguridad y correcto desarrollo de los menores”.
⇒ El DIF de Yucatán señaló que esta acción se dio en respuesta al llamado que las autoridades recibieron del personal del hospital el 26 de octubre. Los funcionarios del lugar reportaron que la niña, con entonces dos días de nacida, así como su hermano presentaban evidencias de malos tratos.
La abogada Dariana Quintal afirmó que a Julissa, una trabajadora social le hizo preguntas personales desde antes del parto, algo que consideró “fuera de lugar, porque estuvo cuestionándola sobre por qué no tenía marido, si le gustaban las mujeres y si su acompañante era su pareja, e hicieron comentarios de que eso podría dar mal ejemplo a los niños”.
“Esta mujer empezó a hacerle plática y Julissa muy confiada le comentó, por ejemplo, que cuando era adolescente alguna vez usó marihuana, y en el hospital comenzaron a manejar el asunto como si ella fuera una drogadicta. De hecho, entre los exámenes que ella está presentando para recuperar a los niños está una prueba toxicológica en la que se observa que los resultados son negativos para toda sustancia”, detalló Quintal.
Según la versión que las autoridades ministeriales han dado a la abogada y a Julissa, las acusaciones realizadas en contra de la madre por supuesto maltrato están sustentadas en los testimonios de algunas vecinas de la joven. Sin embargo, Quintal la abogada afirmó que las mujeres que han presentado su declaración ante la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Prodennay), y que conocen a esta familia, han señalado que los niños no viven situaciones de violencia.
Pese a las explicaciones del DIF de Yucatán, Dariana Quintal sostuvo que existe discriminación contra Julissa y que se ha violentado a sus hijos con el proceso al que están siendo sometidos. Al niño de seis años, por ejemplo, le practicaron exámenes para descartar que hubiera sido víctima de abuso sexual, los cuales incluyeron una exploración anal, aunque no hay una denuncia que fundamente la necesidad de practicarle dicha evaluación.
“Imagínese el evento traumático para el niño, no solo lo separan de su madre, su única familia, sino que además lo someten a esta exploración. Julissa habló conmigo de esto y llorando me dijo que no puede ni imaginar cómo la pasó su hijo, porque ella siempre lo educó para que no permitiera que extraños tocaran sus partes íntimas, y ahora, sin necesidad, esto fue lo que le hicieron”, indicó la abogada. El examen concluyó que el niño no presentaba datos de penetración.
De acuerdo con la abogada, al no acreditarse el supuesto de abuso sexual contra el menor, las autoridades de la Prodennay buscaron otro pretexto para acusar a Julissa de ser una mala madre, por lo que argumentaron que el proceso de separación de su hijo se dio a causa de que ella no lo había registrado ante el Registro Civil.
Al respecto, el DIF de Yucatán indicó que se acreditaron varias omisiones en el cuidado del niño, ya que, además de no estar registrado, no acude a la escuela y muestra signos de violencia, “resultando que no se restituye en su totalidad sus derechos para vivir en condiciones dignas y para su sano desarrollo”.
Además de las afectaciones psicológicas que ha provocado la separación a Julissa, su abogada indicó que ha tenido problemas físicos, derivado de que no tuvo oportunidad de guardar reposo después del parto de la niña, pues tuvo que retomar su trabajo como ayudante de albañil, con el fin de reunir dinero suficiente para pagar los exámenes médicos que las autoridades le solicitaron.
“Tiene mucho estrés, ha presentado sangrados y otras complicaciones derivadas de que no puede amamantar a su bebé. Física y emocionalmente han perjudicado mucho a esta muchacha… está devastada, ingresó al hospital con la ilusión de salir con su niña en brazos, y ahora le niegan la oportunidad de ver crecer y cuidar a sus dos hijos”, lamentó.
La Prodennay aseguró que ya solicitó a Julissa el certificado de nacimiento de su hijo, para realizar el trámite correspondiente de registro de los dos niños, mientras continúa el proceso de investigación. Durante este tiempo, debido a que la joven no cuenta con familiares cercanos en Yucatán, los niños permanecerán bajo resguardo de las autoridades.
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EM/dsc
