Lilia Arellano
“Después de un fracaso, los planes mejor elaborados
parecen absurdos”: Fiodor Dostoievski
Riesgo de ingobernabilidad
Fracasa militarización del país
“El Bronco” duerme en el penal
Padierna se desquita de la Cuevas
Una nueva oleada de violencia impacta a gran parte del país y se constituye en una amenaza para la seguridad nacional debido a la penetración en el ámbito político, como se observó en las pasadas elecciones estatales. Los recientes hechos suscitados en Tamaulipas, Colima, Zacatecas, Sonora y Michoacán, incluidas matanzas, masacres y colgados de puentes, han prendido las alertas durante la última semana por la violenta actividad de cárteles como el de Sinaloa, del Noroeste, Los Zetas y el Jalisco Nueva Generación. La respuesta de las autoridades federales, estatales y municipales es totalmente insuficiente, simplemente no garantizan la aplicación de las leyes ni el Estado de Derecho.
Durante el pasado fin de semana, se registraron homicidios y bloqueos con camiones incendiados en Colima. En Tamaulipas, las confrontaciones y balaceras fueron constantes, además de los bloqueos. En Sonora, son comunes los asesinatos y narcomensajes. En Zacatecas, al gobierno estatal se le complica cada vez más la crisis de los desplazados por la violenta actividad de los criminales. En Michoacán, se resienten las ejecuciones como la del alcalde de Aguililla y el fusilamiento de 17 personas en San José de Gracia, en donde estúpidamente las autoridades federales pretendieron negar los hechos asegurando no se encontraron los cuerpos. La confrontación entre las células de los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, del Noroeste o Los Zetas por el control de territorios completos, desde municipios hasta regiones abarcando varias entidades, son un desafío total a las autoridades de los tres niveles de gobierno.
Con este panorama se encuentra la explicación de la cuarta visita del Secretario de Seguridad de EU a México. En ningún periodo presidencial anterior se habían llevado a cabo tantas entrevistas con el gabinete de seguridad de México y con el presidente de la República. López Obrador mantiene su apuesta por una estrategia de seguridad centrada en el despliegue de las Fuerzas Armadas, particularmente de la Guardia Nacional. En lo que va de este año, han desplegado tres mil 100 elementos a Michoacán, y desde finales de febrero, enviaron otros dos mil 400 más a Nuevo León, Jalisco, Zacatecas y Colima para reforzar las supuestas estrategias. Estos despliegues permitieron la captura de Juan Gerardo Treviño Chávez, alias “El Huevo”, presuntamente líder del Cártel del Noroeste, en Tamaulipas, -y del grupo de sicarios Tropas del Infierno, herederos de los procedimientos violentos del grupo de Los Zetas-, entregado al gobierno de Estados Unidos al ser deportado pues es ciudadano estadounidense; y a Aldrin Jarquín, alias “El Chaparrito”, jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación en Colima, lo que provocó respuestas violentas en los estados durante la madrugada del lunes 14 de marzo.
Personal de la Fiscalía General de la República deportó a “El Huevo”, quien fue trasladado a Tijuana, Baja California, donde lo entregaron en el puente Tijuana-San Ysidro a elementos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, así como a agentes del Buro Federal de Investigaciones. A este capo se le ha identificado como sobrino de Miguel Ángel Treviño Morales, “El Z-40” y cuenta con dos órdenes de aprehensión en México: una en el estado de Tamaulipas por extorsión y asociación delictuosa y otra en el estado de Coahuila por homicidio doloso y terrorismo. Por su parte, Aldrin Jarquín “El Chaparrito”, jefe regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Colima, quien controlaba el tráfico de estupefacientes y productos químicos para la elaboración de drogas sintéticas, utilizando el puerto de Manzanillo como vía principal, fue capturado en Zapopan, Jalisco, en un operativo de la Armada de México y la FGR.
Este capo, “El Huevo” es uno de los más cercanos al líder del CJNG, Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, por quien la agencia antidrogas de Estados Unidos aumentó la recompensa a 10 millones de dólares. Como respuesta, sus lugartenientes incendiaron trailers y camiones en carreteras de Colima y Cuauhtémoc. La entidad costera se ha convertido en los últimos años en una de las más violentas del país y la reciente batalla de los grupos del narco ha provocado escenas propias de una guerra. El éxito de la captura se lo atribuyen las autoridades mexicanas, sin embargo, ha trascendido la puntualidad y la inteligencia aplicadas en el operativo de la DEA para llevar a cabo las detenciones, Ahora que, se les envía a EU sin antes levantarles un sólo cargo en México en donde han cometido masacres, han causado graves daños, son asesinos. Son encarcelados y juzgados por lo causado en EU, importación de estupefacientes, pero por la pérdida de vidas de mexicanos no se levanta un solo dedo.
En Colima, el narco ha demostrado, como en otros puntos del país, es un poder de facto dentro del Estado. Los narcotraficantes se pasean impunemente con armas de uso exclusivo del Ejército y desatan el terror y la muerte. Del control territorial del crimen organizado durante el sexenio de Felipe Calderón, con la cooptación de las corporaciones policíacas y operaciones de trasiego, ahora, en el régimen de la autodenominada cuarta transformación, se ha pasado al control político y social por parte de la delincuencia organizada. La concentración de recursos en la militarización pone en riesgo la estabilidad, la gobernabilidad y obstaculiza se llegue a contar con un real Estado de Derecho. Hay muchos estados y municipios donde ya no hay control gubernamental, no hay presencia del Estado. Las Fuerzas Armadas se están limitando a hacer presencia en lugares donde la violencia se ha desbordado. Pero eso no basta, no se está investigando, no están realizando detenciones con las cuales se den ejemplos de estar minando a las mafias.
Todo índica la instrucción del presidente López Obrador no es la de aplicación estricta de la ley, de un Estado de Derecho donde el que la hace la paga. Así, México se está consolidando como un narco estado. Las bandas criminales hacen prevalecer la violencia urbana. “Las autoridades locales, tanto alcaldes como gobernadores, están totalmente rebasados y, en algunos lugares, lo que vemos son narcoestados”, sostiene José Antonio Ortega, fundador y presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal. El especialista asegura: “la calidad de la violencia se ha incrementado, cada vez es más fuerte, más grave, se cometen masacres con mayor violencia que las anteriores. Ahí pareciera que los ciudadanos ya nos estamos acostumbrando. Tenemos gran indiferencia y no estamos presionando lo suficiente a las autoridades para que cumplan con la ley”.
La idea de focalizar la estrategia de seguridad a algunos municipios, como lo hace el gobierno federal, es equivocada, dadas las capacidades de las organizaciones criminales, que van desde la generación de violencia y actividades como la extorsión mediante el cobro de derecho de piso, hasta su influencia en procesos electorales a nivel municipal y estatal. Un documento con los 50 municipios con mayor violencia fue elaborado por el gobierno federal para afrontar la ola delincuencial en entidades como Michoacán, Zacatecas o Guanajuato, pero no contiene ninguna solución de fondo y se contempla lo determinado en el pasado: regresar la atención de la seguridad pública a las autoridades municipales y estatales, con la participación de la sociedad civil.
DE LOS PASILLOS
El ex gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, fue detenido este martes en un rancho del municipio de General Terán, por el presunto desvío de recursos durante su gestión en el caso conocido como “Broncofirmas”. Trascendió será internado en el penal de Apodaca de forma preventiva. El arresto fue por parte de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, quien confirmó la detención del político es por un caso ocurrido en 2018 cuando el exgobernador fue señalado por haber desviado recursos materiales y humanos en la administración estatal, con el objetivo de obtener las firmas necesarias para contender como candidato independiente a la Presidencia del país. En este caso habrían participado 572 servidores, entre ellos funcionarios de primer nivel…Casualmente “El Bronco” fue quien más aplicó calificativos insultantes al tabasqueño durante los debates ¿lleva este procedimiento del gobernador -por cierto también delincuente electoral al haber reconocido públicamente la aportación de 100 millones de pesos de su familia a la campaña por la guernarura lo cual viola la ley- una carga de quedabien con yasabenquien con el fin de lograr le den los millones requeridos para su proyecto de agua? Lo del dinero de las firmas es nada y parece solamente un recurso para vengar al ofendido en los debates con el fin de lograr de la orden a Conagua para soltar la billetiza… Porque en eso de las venganzas se pintan solos en la 4T y eso ya debe haber sido muy analizado por el mandatario regio, basta con el retiró del cargo hecho a la alcaldesa de la Cuauhtémoc Sandra Cuevas solamente por considerar la probabilidad de la comisión de delitos como robo, abuso de autoridad y discriminación hacia dos policías. ¿Por la posibilidad de cometer delitos, es decir, sin haber comprobación, se le puede retirar el cargo? ¿No será por haberle ganado a la consentida de la Sheinbaum y de los López, Dolores Padierna que, como se dice coloquialmente le “tendieron la cama”? ¿Se trata de una trampa o de cobrarle a Ricardo Monreal -a quien le atribuyeron el padrinazgo de la Cuevas- lo relacionado con la liberación de Del Río y el ridículo de la Ley monárquica veracruzana cancelada? Pero ¿Qué dice la ley sobre la sustitución? Porque todo apunta a que la puesta contra la pared llevará su tiempo al determinar el juez de control no puede salir del país, deberá acudir a firmar cada dos meses y no podrá acercarse a las víctimas. Y pensar que a Ovidio lo dejaron ir ¡que cosa!
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