CIUDAD DE MÉXICO, 15 de febrero (AlmomentoMX).- Para este gobierno no basta cumplir los requisitos de ley, o en el caso del desarrollo económico del país, crear cientos o miles de empleos; sino tener claro qué beneficio para el pueblo o qué justicia social está detrás de cada uno de éstos, aseguró la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

Durante la toma de protesta a los integrantes del Consejo Directivo 2019-2020 de la CI Asamblea General de la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN), la encargada de la política interna del país reiteró que la prioridad en el programa del Gobierno de México es el bienestar para el pueblo y la inclusión social, no solamente el checklist o el dar muchísimos empleos, no solamente haber cumplido con todos los requisitos. “El tema más profundo se llama justicia social, se llama bienestar de nuestro pueblo”.

“A veces es difícil entender el mensaje y la política de nuestro Presidente de la República, y es difícil entenderlo porque se tienen que desentrañar en muchas ocasiones el sentido de lo que nos está diciendo y de lo que nos está hablando. En la administración pública, en la administración del Presidente López Obrador, esta política, la política interior, se sustenta en la gobernabilidad democrática y en la vigencia y respeto a los derechos humanos”.

Olga Sánchez Cordero dijo que la política interior de la administración del Presidente de la República coincide con la visión y objetivos de la agenda de CONCAMIN, en donde el Estado de Derecho y la Seguridad son ejes fundamentales.

La Secretaria de Gobernación en compañía del Jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo Garza y de la Subsecretaria de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos, Diana Álvarez Maury, recalcó que la industria mexicana debe ser pilar en la transformación y modernización de México.

“Los industriales de México deben saber que el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador está a su lado, y que espera contar con ustedes para que el crecimiento económico sea más dinámico, para que sus beneficios se repartan de mejor forma entre los trabajadores y la sociedad”, afirmó.

Por ello, ofreció a la CONCAMIN que la Secretaría de Gobernación sea puente entre la tercera cámara empresarial más antigua del país y las distintas instancias del gobierno federal.

“Quiero –ratificó—  invitarlos a que tengamos una relación de confianza, de estrecha colaboración, fundada en los intereses que nos identifican, que son el progreso económico, la gobernabilidad, pero, subrayo, el bienestar social en beneficio de todas y todos”.

Asimismo, reconoció el trabajo de Francisco Cervantes Díaz, presidente de la CONCAMIN, a quien calificó como promotor de una agenda de integración industrial para fortalecer los vínculos entre el sector empresarial y el gobierno, con la participación de las y los trabajadores y otros sectores, como el académico y la comunidad científica.

AM.MX/fm

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CIUDAD DE MÉXICO, 15 de febrero (AlmomentoMX).- El Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, informó que se dejará de otorgar recursos a todas las organizaciones civiles y no solamente a las dedicadas al sector social.

Aseguró que antes se le daba presupuesto a muchas OSC y se favoreció hasta al sector empresarial; nueva política, pareja para todos, dice; en 2017 se financió con 4.8 mmdp a 10 mil 230 agrupaciones; en 2016 se asignaron 7 mmdp a 12 mil 793, según Cuenta Pública de cada año.

“Es parejo, no se le va a dar dinero a ninguna organización que hacían funciones de gobierno, ni a organizaciones sociales, ni a organizaciones de la sociedad civil, ni a organizaciones de estudios de investigación, porque se les transferían recursos a muchas organizaciones”, expuso, a pregunta de La Razón, durante la conferencia matutina de este jueves.

Tan sólo en 2017 el gobierno federal otorgó apoyos económicos y suscribió convenios con 10 mil 382 Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) por un monto de cuatro mil 885 millones de pesos, de acuerdo con la Cuenta Pública de ese año, correspondiente al último informe disponible.

“Es general, no se les va a entregar dinero a estas organizaciones; va directo a los beneficiarios”

El monto de recursos asignado fue 31 por ciento inferior respecto a los siete mil 83 millones de pesos asignados en 2016 a las OSC, cuando se benefició a 12 mil 793 organizaciones según la Cuenta Pública de dicho ejercicio fiscal.

Durante la conferencia matutina de este jueves, el Presidente López Obrador aseveró que las organizaciones dedicadas a proteger los derechos humanos, las especializadas en seguridad e incluso los Centros de Desarrollo Infantil (Cendi) del Partido del Trabajo (PT), tampoco recibirán apoyo económico.

“Ya no, a nadie, o sea, si no no tendríamos autoridad; dirían: ‘cómo a esta organización sí y a esta otra no’ (…), es general, o sea no se les va a entregar dinero a estas organizaciones; va directo a los beneficiarios”, indicó.

Para recibir apoyo gubernamental, las asociaciones deben inscribirse en el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil (RFOSC), a cargo del Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol), un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría del Bienestar, antes Secretaria de Desarrollo Social (Sedesol), el cual contaba con 37 mil 254 asociaciones hasta 2016.

Fue durante la administración del exmandatario Enrique Peña Nieto cuando creció el número de asociaciones inscritas en dicho registro, algunas de las cuales brindan atención a grupos vulnerables y desprotegidos, como migrantes, personas con discapacidad y comunidades indígenas.

“En 2012, 19 mil 824 organizaciones estaban inscritas en el RFOSC y en cuatro años obtuvieron su registro 17 mil 430 más, para llegar al total de 37 mil 254, lo que representa un incremento del 87.9 por ciento”, se lee en un comunicado oficial publicado por el Indesol el 17 de julio de 2017.

Cabe destacar que no todas las asociaciones inscritas reciben recursos, como se desprende de los datos de la Cuenta Pública.

Desde el comienzo de su administración, el titular del Ejecutivo informó que dejaría de haber intermediarios en la entrega de todo tipo de apoyos, como ocurrió con las estancias infantiles, cuyo presupuesto se redujo en 50 por ciento, derivado de un casos de presuntos desvíos de recursos y de que las organizaciones repartían el dinero supuestamente con “moche”.

Dicha reducción desató manifestaciones en el país de madres de familias, quienes exigen se restituya el presupuesto original para la estrategia, el cual pasó de cuatro mil 70 millones de pesos en 2018 a 2 mil 41 millones en 2019.

Este miércoles, la Secretaría del Bienestar emitió un informe, en el cual reiteró que dicho ajuste se debió al trato discrecional en las asignaciones, cobros indebidos y diversos actos de corrupción.

“Por ejemplo, como resultado de la Auditoría de Desempeño 2017-0-20100-07-0265-2018, aplicada al programa de Estancias Infantiles por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Sedesol no acreditó la debida admisión de más de 300 estancias, no atendió a su población objetivo, no acreditó la debida capacitación a más de 20 mil responsables de estancias; y tampoco acreditó que 659 estancias (siete por ciento del total) contaran con el documento que formaliza la entrega de subsidios”, detalla el documento.

Orlando Camacho, director general de México SOS, advirtió que si el Gobierno federal elimina las partidas para las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), éstas dejarán de operar y “el gobierno no va a poder solo”.

“Hay muchos huecos que sin las organizaciones sociales el gobierno no cubriría, por ejemplo, escuelas de padres para prevenir la violencia o atención psicológica a niños víctimas de la violencia y la delincuencia”, explicó a La Razón.

Aseguró que las organizaciones deben seguir trabajando de la mano del Gobierno,que debe encargarse de supervisar sus resultado.

El especialista reconoció que “puede haber organizaciones que sólo viven del gobierno”, sin embargo, consideró como “radical” decir que ninguna OSC recibirá recursos federales, pues “muchas sí trabajan”.

“Entiendo que no todas las organizaciones trabajan como nosotros y bajan recursos, pero no hay que ser radical; ya sea en abusar de los recursos del gobierno, o bien que el gobierno de repente cancela todo”, aseveró.

AM.MX/fm

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CIUDAD DE MÉXICO, 15 de febrero (AlmomentoMX).- El tema de corrupción y contratación por amiguismos ha permeado en todo el sector público, incluso en la ciencia y la cultura, aseveró el Presidente Andrés Manuel López Obrador; sin embargo, advirtió que en su gobierno no se va a tolerar que haya “lacras de la política”.

“Hay mafias en todo, hasta en la ciencia, en la cultura, en la intelectualidad, cotos de poder”, agregó.

Aseguró que la titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez, será convocada para aclarar las contrataciones polémicas. “Le vamos a pedir que hable con ustedes de todo esto, que no haya ninguna anomalía; no se va a tolerar corrupción, influyentismo, amiguismo, nepotismo, ninguna de esas lacras”, aseveró.

Advirtió que se revisarán los casos con lupa, porque también tiene información de que existe toda una campaña promovida por altos mandos al interior del Conacyt: “Están muy molestos algunos machachones, porque eran intocables y con sueldos elevadísimos”.

López Obrador respaldó a Álvarez Buylla al reiterar que: “Es una mujer inteligente, Premio Nacional de Ciencia 2017, pero no sólo eso, es honesta, con convicciones”.

La polémica por los nombramientos en el Consejo se dio por dos funcionarios: Edith Arrieta Meza y David Alexir Ledesma, quienes ya fueron dados de baja por no cumplir con el perfil; en el primer caso se nombró subdirectora de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem) a una diseñadora, mientras que el subdirector de Coordinación de Comunicación sólo cuenta con estudios hasta tercer semestre de la carrera.

En tanto, ya revisan otros casos en el Consejo para evitar que se permitan contratos irregulares de personal que no cuenta con experiencia.

AM.MX/fm

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CIUDAD DE MÉXICO, 14 de febrero (AlmomentoMX).- En Petróleos Mexicanos (Pemex) y en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) es insuficiente la calidad de las prácticas de transparencia corporativa, reveló una investigación de México Evalúa, según la cual únicamente el 28% de las variables analizadas en el caso de la petrolera y 22% en el caso de la eléctrica presentaron buenas prácticas en la materia.

La organización elaboró un tabulador de medición para evaluar la transparencia corporativa de las grandes empresas productivas del Estado, en la que en 12 (24 %) de 50 variables analizadas tanto Pemex como CFE obtuvieron 0 de calificación.

A través de una conferencia de prensa en la que se presentó el estudio Edna Jaime, directora general de México Evalúa, lamentó que “no hemos tenido empresas productivas del Estado transparentes”, lo cual ha repercutido en pérdidas económicas para ambas empresas y para el gobierno mexicano.

Por su parte, Fernanda Ballesteros, coordinadora de Regulación y Competencia Económica de México Evalúa, destacó que Pemex y CFE no utilizan la transparencia o la difusión de información como una herramienta para generar mayor valor a la empresa, es decir, no se utilizan dichos elementos para generar certidumbre en socios e inversionistas, actuales y potenciales, ni para disuadir comportamientos al interior de la empresa para reducir la corrupción.

“La transparencia es un elemento relevante para mejorar las empresas”, aseguró Ballesteros.

Otro de los hallazgos de esta investigación es que se difunde poca información que sea accesible para la mayoría de las personas, tanto por la forma en cómo es presentada, como por encontrarse en inglés y en un lenguaje técnico.

Ambas empresas han estado vinculadas con actos de corrupción, en este sentido, Jaime comentó que es posible erradicar la corrupción pero esto pasa por fortalecer las buenas prácticas y fortalecer el gobierno corporativo.

Preocupa reforma a la Ley de Pemex

Edna Jaime dijo que están preocupados por la iniciativa de reforma a la Ley de Petróleos Mexicanos (Pemex), propuesta el pasado 9 de enero por el grupo parlamentario de Morena, dijo que dicha iniciativa incrementa la interferencia política en los procesos de toma de decisión y reduce los contrapesos al interior de la empresa, lo que tendría consecuencias negativas para Pemex, la sociedad y el país.

“Hacemos un llamado a los legisladores para que abran la discusión de la propuesta actual de manera pública y plural. Si una de las prioridades de esta administración es fortalecer a Pemex, el foco de la discusión debe estar en cómo hacerla sostenible, mejorar su gobernabilidad y generar un ambiente de control en el que se salvaguarde su integridad tomando en cuenta la opinión de representantes sociales y especialistas en el sector”, refirió la investigadora.

La titular de la organización advirtió que dicha iniciativa modifica sustancialmente los objetivos y la conformación del órgano de gobierno de Pemex, concentra las decisiones en una sola figura de forma personal, afecta a los mecanismos de transparencia y excluye a la sociedad en los procesos de toma de decisiones.

AM.MX/fm

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