CHETUMAL, Q.R.- La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) benefició a la empresa Promocasa Industrial S.A. de C.V. con un contrato para la instalación de drenaje pluvial en la capital quintanarroense, mismo que debió entregar en diciembre pasado y que a la fecha presenta un irrisorio avance del 19.4 por ciento.
De acuerdo con Sol Quintana Roo, fue el 6 de abril de 2020 cuando la CAPA pasó por alto que la constructora tiene su especialidad en la edificación de viviendas y signó el contrato con ésta para la ejecución de la obra, cuyo costo asciende a 137 millones 592 mil 641.14 pesos (con IVA incluido) y que se ubicará en el tramo comprendido de la intersección de la avenida Erick Paolo Martínez con la avenida Constituyentes a la intersección de la calle Ignacio Manuel Altamirano con Salvador Alvarado, de la ciudad de Chetumal, misma que se entregó por licitación.
Si bien uno de los lineamientos principales para otorgar un contrato por esta vía es privilegiar el precio más bajo, en este caso no ocurrió así. La CAPA determinó priorizar a Promocasa, que presentó una propuesta por 118 millones 614 mil 345.81 pesos, por sobre Urbanizaciones 115, S.A. de C.V., que lanzó una propuesta por 111 millones 737 mil 370 pesos; es decir, seis millones 876 mil 975 pesos más barata, como consta en el acta de presentación y apertura de proposiciones en poder de Sol Quintana Roo.
De acuerdo con el Gobierno del Estado, una vez ejecutado el proyecto, se dotará a la ciudad de ocho sistemas de colectores principales, con una cobertura del 37 por ciento, que cubrirá un área para 137 mil 558 habitantes, cuya característica principal es la de incrementar la capacidad de conducción del sistema en mil 200 litros por segundo.
“El nuevo sistema colector contará con un recorrido total de dos mil 726.35 metros; tendrá inicio en el cruce de las vialidades Erick Paolo Martínez y Constituyentes del 74 y tendrá desembocadura en la Bahía de Chetumal, con una capacidad máxima de mil 200 litros por segundo y además recibirá la aportación del sistema colector existente.
“Asimismo, contará con un sistema de tres mil 514.74 metros de colectores pluviales secundarios de PVC de 8, 12 y 16 pulgadas de diámetro, que permitan el desalojo de los caudales pluviales excedentes de las cuencas 18 y 12 de la ciudad”, detalla la ficha del proyecto.
Dicha obra debió concluir hace más de 285 días, de acuerdo con el contrato CAPA-FIFONMETRO-01-OP-20-LP, en poder de este medio, que celebraron la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, representada por su titular, Francisco Gerardo Mora Vallejo, y Promocasa Industrial S.A. de C.V., representada por su apoderado legal, Juan Manuel Mercader Rodríguez, quien se ostenta como “ingeniero”, pero cuya cédula que avale que tiene estudios en el área no existe en el Registro Nacional de Profesionistas.
La cuarta cláusula del convenio en cuestión, denominada “Plazo de Ejecución”, establece a la letra que “la contratista se obliga a iniciar la obra objeto de este contrato a partir del día 16 de abril de 2020, o en su caso al día siguiente de recibir el anticipo de obra correspondiente, y a terminar el día 31 de diciembre de 2020, en un plazo no mayor de 260 días naturales, de acuerdo al programa de obra contratado”.
Sin embargo, en una revisión realizada por este medio, se constató que el único avance hasta el momento es la excavación de zanjas y la instalación de cajas.
En el mismo documento se establece que en caso de atraso, la CAPA está obligada a aplicar una “pena convencional por la cantidad que resulte de multiplicar el 2% (dos por ciento) de la diferencia de dichos importes por el número de meses transcurridos desde la función de los trabajos no ejecutados conforme al programa de obra”, sanción que, al parecer, sigue en vilo.
Cabe señalar que, tras celebrar el contrato, la CAPA entregó un anticipo de 35 millones 584 mil 303 pesos, más IVA; es decir, 30 por ciento del valor de la obra, de los que 10 por ciento debió destinarse al inicio de los trabajos y un 20 por ciento para la compra y producción de materiales, adquisión de equipos, entre otros; todo proveniente de recursos federales del Fideicomiso del Fondo Metropolitano.
No es extraño que la CAPA beneficie a estos constructores, pues la familia Mercader Rodríguez es una de las consentidas de los gobiernos estatales, gracias a sus relaciones cercanas, sobre todo con los Borge.
Para muestra está Juan Manuel Mercader Rodríguez, quien fue secretario de Gobierno en el periodo de Miguel Borge Marín, como gobernador de Quintana Roo (1987-1993), quien a su vez es tío del otrora mandatario Roberto Borge Angulo y pariente del empresario textil Kamel Nacif Borge, acusado de tortura.
También está su hermano, Juan Pedro Mercader Rodríguez, quien fue secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Borge Angulo, y quien entre 2010 y 2012 se hizo de más de 137 mil millones de pesos por obtener contratos para el mantenimiento y conservación de carreteras.
AM.MX/fm
