CIUDAD DE MÉXICO.- Encabezados por Lenia Batres, una minoría de cuatro ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cerró la tapa del ataúd del Fondo para Atención a Víctimas, pese a que la mayoría de los togados estuvo de acuerdo en declarar inconstitucional su eliminación, impulsada en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
Se trata de un caso inédito, pues la extinta Primera Sala ya había declarado inconstitucional la desaparición del fondo, pero faltaba la declaratoria del Pleno de la SCJN, lo que solo sería un trámite; pero con la votación en contra de una minoría, lo que sucedió es que se reabrió la discusión de algo ya juzgado y se cambió el criterio en una sola sesión.
El Fondo para Atención a Víctimas, desaparecido en 2020, tenía como propósito garantizar recursos inmediatos para afectados por delitos o violaciones a derechos humanos, incluyendo apoyos para atención médica, alojamiento y, en casos urgentes, reparaciones parciales del daño.
Este caso se suma al que se prevé presentará el jueves la ministra Batres, en el que propone que las indemnizaciones por fallecimientos se fijen en la Unidad de Medida y Actualización (UMA) y no en salarios mínimos, lo que bajaría los montos de reparación del daño a menos de la mitad.
La discusión sobre el Fondo de Víctimas se dio el 18 de noviembre y requería mayoría calificada, es decir un mínimo de seis votos, lo que no se alcanzó, por lo que quedó firme el artículo que eliminó ese fideicomiso.
Cinco ministros votaron por la declaratoria de inconstitucionalidad de la eliminación del fondo, con lo que se reactivaría, pero aunque fueron mayoría, se impuso un bloque minoritario, encabezado por Lenia Batres, quien fue la que más expuso argumentos, entre los que destacan que el fideicomiso tenía límites presupuestales.
Lenia Batres, Sara Herrerías, María Estela Ríos e Irving Espinosa votaron en contra del proyecto de Giovanny Figueroa, mientras que a favor de la restauración del fondo se sumaron Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz, Arístides Guerrero y el propio presidente de la Corte, Hugo Aguilar.
Decenas de organizaciones han advertido que la SCJN dio la espalda a las víctimas, y alertaron sobre los riesgos de reabrir discusiones de cosas juzgadas en la otra época de la Corte.
La votación dividida de la Suprema Corte forma parte de la correlación de fuerzas que se comienzan a formar entre los nuevos ministros, consideró Gustavo López Montiel, académico de la Escuela de Ciencias y Gobierno del Tecnológico de Monterrey.
“Hay un conjunto de ministros y ministras un poco más apegados a una posición dura, más apegada a la posición de la ministra Lenia Batres o de María Estela Ríos; sin embargo, los otros ministros y ministras juegan un papel de contraposición a esa posición de fuerza que es un poco más homogénea”, refirió.
Juzgadores en retiro, expertos y organizaciones civiles acusaron a Lenia Batres de simulación al impulsar proyectos que van en contra de la protección a víctimas y “bajarle el precio a la vida”.
24 HORAS publicó que la ministra Batres presentó un proyecto idéntico al del pasado 2 de octubre, que retiró para estudiarlo a fondo y ante las preocupaciones de sus pares. Se trata de establecer como jurisprudencia el pago de indemnizaciones por fallecimiento en Unidad de Medida y Actualización (UMA) y no en salarios mínimos.
La Asociación de Protección a Víctimas de Accidentes (Aproviac) señaló que la ministra busca “imponer un criterio que reduciría en más del 50% las indemnizaciones que reciben las víctimas de accidentes y sus familias. De aprobarse, significaría el mayor retroceso en derechos humanos de las víctimas en la historia reciente de México”.
Al respecto, Israel Trinidad Muriel, juez de Distrito en retiro, dijo en su cuenta de X:
“Lo he venido advirtiendo, Lenia Batres simuló retirar el proyecto en la pasada sesión para replantearlo, supuestamente desde una nueva perspectiva, aparentemente respondiendo a críticas de proteger a un sector económico: no lo hizo”.
Criticó que “¿no que muy protectora de los derechos del pueblo? Esto no lo es, porque atenta precisamente contra los derechos de los más vulnerables, es decir, de todo el sector que pregona proteger y no queda más que en discurso retórico”.
Por su parte, José Mario de la Garza, abogado y presidente de la organización Perteneces, consideró que “Batres quiere que México valore la vida en UMAS, no en salarios mínimos. Su proyecto reduciría casi 60% las indemnizaciones por muerte o incapacidad”.
Manifestó que “con un plumazo, una madre que pierde a su hijo, una familia que se queda sin sustento, una víctima de negligencia médica, recibiría apenas una fracción de lo que hoy marca la ley. No es un ajuste técnico: es bajar el precio de la vida. Es transformar el dolor en trámite administrativo”.
Abundó que “lo más grave es que este golpe viene envuelto en el discurso de estar del lado del pueblo, pero cada decisión apunta hacia otro rumbo: proteger al Estado, abaratar la responsabilidad pública, blindar a quienes deberían rendir cuentas”.
AM.MX/fm
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