CIUDAD DE MÉXICO.- En el sexenio de Enrique Peña Nieto se dieron 739 condenas por feminicidio y 105 absoluciones, de 3,050 asesinatos de mujeres en condición de feminicidio en todo el país, según datos recabados por la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
El auto en el que una mujer fue asesinada por su pareja pasó tres años en un corralón de la fiscalía mexiquense sin que se tomaran huellas, muestras de sangre o de ADN.
Los videos de las cámaras de seguridad del motel donde otra mujer fue violada y asesinada pasaron por varias manos antes de llegar a la policía, y por ello fueron invalidados como prueba.
Un feminicida confeso fue retenido demasiadas horas por la policía, por lo que el juez anuló la confesión en la que ese hombre reconocía el asesinato de una mujer.
Esas son algunas de las aberraciones procesales por las que los jueces liberan a presuntos feminicidas, por las que se caen los juicios y por las que los asesinos de mujeres están en las calles.
De acuerdo con la organización, en los seis años de la administración de Enrique Peña Nieto, las Fiscalías Estatales reportaron oficialmente 3,056 feminicidios.
Sin embargo, a partir de solicitudes de información hechas por MCCI a las Fiscalías locales, los datos son completamente distintos, ya que contabilizó 12,374 casos más de mujeres asesinadas a golpes, asfixiadas o con rastros de violencia sexual o mutilación; y cuyas muertes no fueron reconocidas como feminicidios.
También, MCCI señala que de “cientos de solicitudes de información” solo fueron entregadas 18 sentencias absolutorias de casos “de apenas un puñado de entidades federativas”.
A partir de ese universo, que no llega ni a la veintena, MCCI sostiene que todas las liberaciones ocurrieron por fallas de debido proceso y no por duda fundadas sobre la responsabilidad del inculpado.
Sistemas de procuración de justicia de los estados fueron opacos y omisos en revelar esa información. En las 18 carpetas hay indicios, evidencias, testimonios, videos, objetos, vehículos, escenas del crimen, dictámenes periciales y elementos que, de haberse procurado correctamente, habrían bastado para que las víctimas de esos feminicidios tuvieran justicia, en vez de la sentencia de absolución de quienes dieron muerte a esa mujeres.
También, “se puede concluir a partir de esos casos que el feminicidio no solo es perpetrado por una persona, sino encubierto, o permitido de facto, por todo el sistema de justicia de los estados, que encima reservan los expedientes donde quedaría evidenciada su impericia y negligencia”.
Karla Michel Salas Ramírez, abogada especializada en violencia feminicida y directora del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, asegura que el gobierno federal mantiene una negación ante la violencia de género.
La abogada explicó que no sólo se trata de números sino que tipificar el feminicidio implica reconocer las condiciones de violencia con las que son asesinadas las mujeres.
“Atrás hay un profundo machismo y misoginia. Vemos como desde la academia, desde el derecho, como los jueces o fiscales todavía siguen insistiendo en que por qué se habla de feminicidio y no de masculinicidio. Es decir, estas personas que están encargadas de la investigación, del juzgamiento de los casos, siguen hablando desde la ignorancia”, dijo la abogada.
“Empezamos con siete feminicidios diarios, luego ocho, luego nueve y últimamente las Naciones Unidas dice que son diez homicidios los que se cometen todos los días contra mujeres. Es decir, el mensaje que se ha mandado es que en este país las mujeres podemos ser asesinadas, las mujeres podemos ser violadas y no pasa nada. Y cuando digo no pasa nada es porque efectivamente no pasa nada. Porque no se están materializando las condenas contra esos feminicidas”.
Para la especialista, los cambios hacia el sistema penal acusatorio debieron obligar a las autoridades a crear herramientas que les ayuden a tener elementos suficientes para poder juzgar y sentenciar los casos de feminicidio.
Una de esas herramientas es una bodega de evidencia. En su trabajo ha detectado que las autoridades permiten que la ropa que llevaba la víctima el día de su asesinato, sus pertenencias o las pruebas de ADN no sean preservadas por las autoridades.
“Si los servicios periciales no tienen bancos de ADN tenemos un problema. Si en los servicios periciales no se tiene bancos en general de información genética para identificar agresiones sexuales o si una persona ha cometido otras agresiones sexuales. Tenemos un problema si no tenemos bodega de evidencia”, dijo.
AM.MX/fm
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