CHETUMAL.— La Fiscalía General de Quintana Roo detuvo este viernes a José Isidro Santamaría, secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en la entidad, por su probable participación en el homicidio de un hombre, hecho ocurrido el pasado 17 de julio de 2018.
Este 21 de noviembre, agentes de la Policía de Investigación adscritos a la Fiscalía Especializada en Combate al Delito de Homicidio cumplimentaron una orden de aprehensión vigente, cuando el dirigente sindical se disponía a ingresar a una audiencia en la sede del Poder Judicial Federal, en Cancún.
⇒ Dicha audiencia correspondía a un procedimiento para revisar medidas cautelares en otro caso federal que se le sigue a José Isidro Santamaría, por el delito de trata de personas, en modalidad de prostitución ajena, proceso que se inició en 2019 y motivó que el dirigente gremial fuese detenido e interno más de tres años.
En esta ocasión, la orden de aprehensión cumplimentada es por homicidio calificado. Las indagatorias indican que la víctima de ese crimen era un hombre que había sido acusado por Santamaría Casanova del robo de dinero, alhajas y relojes de alta gama dentro de las oficinas del CTM en la entidad.
⇒ Luego de la detención, el dirigente sindical fue puesto a disposición del Juez de Control, quien determinará su situación jurídica dentro del plazo legal.
Al respecto, la CTM calificó el hecho como una presunta violación a los derechos humanos de José Isidro Santamaría, quien lleva más de una semana denunciando que la Fiscalía General de Quintana Roo, presuntamente, le ha fabricado el delito que se le imputa.
Mientras que su defensa legal ha explicado que la acusación está sustentada en el testimonio de otra empleada que dice haber escuchado una conversación del líder sindical, dando instrucciones para cometer el crimen. Sin embargo, se aseguró que el testimonio fue inducido, que la coaccionaron y que, finalmente, se desdijo.
También se acusó que desde que se giró la orden de aprehensión, se les negó acceso a la carpeta de investigación correspondiente, violando su derecho a conocer del caso y así, obstaculizar su defensa. Por lo que se le otorgó una suspensión que impedía su arresto y obligaba a la Fiscalía a poner a disposición el expediente, pero la institución no solo se negó, sino que cumplimentó la orden de aprehensión.
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