CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía General de la República revisará si México puede solicitar una parte de los recursos que lleguen a recuperarse por la orden de decomiso de 15 mil millones de dólares impuesta en Estados Unidos contra Ismael “El Mayo” Zambada, informó la presidenta Claudia Sheinbaum.

El tema importa porque involucra ganancias atribuidas a décadas de narcotráfico y podría abrir un proceso de cooperación entre ambos países; sin embargo, hasta ahora no se ha confirmado que exista esa cantidad en bienes identificados, cuánto podría recuperarse ni si México tiene derecho automático a recibir una proporción.

La declaración presidencial fue realizada durante la conferencia matutina del 21 de julio, mientras que el Departamento de Justicia estadounidense confirmó la cadena perpetua y la sentencia monetaria contra Zambada.

“Vamos a pedirle a la Fiscalía que revise”, respondió Sheinbaum al ser cuestionada sobre la posibilidad de que México reclame recursos para la reparación de los daños causados por las actividades del narcotraficante.

La mandataria explicó que la cifra fijada por el tribunal no debe interpretarse como dinero que ya está disponible para ser distribuido.

“Normalmente se hace. No quiere decir que lo hayan decomisado, fue una parte de la resolución que se está planteando. Entonces, la Fiscalía normalmente participa en estos casos y ya le pedimos a la Fiscal que informe”, señaló.

La FGR deberá determinar si existe una vía jurídica para que México participe en la recuperación o distribución de los bienes que Estados Unidos logre identificar y decomisar como parte del proceso contra Zambada.

La revisión tendrá que establecer, entre otros puntos:
Si autoridades mexicanas participaron directa o indirectamente en investigaciones que facilitaron el decomiso.
Qué acuerdos de cooperación judicial pueden aplicarse.
Si México debe presentar una solicitud formal.
Qué bienes han sido localizados y cuáles pueden ser ejecutados.
Si existe una cantidad que pueda destinarse a México como reparación o recuperación de activos.

Sheinbaum no precisó cuándo presentará la Fiscalía su informe ni qué porcentaje podría reclamar el Gobierno mexicano. Por ahora, solamente se anunció la revisión del caso.

Las reglas del Departamento de Justicia de Estados Unidos permiten transferir activos decomisados a un país extranjero cuando ese gobierno participó directa o indirectamente en el aseguramiento o decomiso. No obstante, la entrega es discrecional y no constituye un derecho automático.

Las solicitudes internacionales pueden tramitarse mediante tratados, acuerdos bilaterales, canales diplomáticos o mecanismos de cooperación entre autoridades judiciales. Estados Unidos también evalúa el nivel de participación del país extranjero y la ayuda que facilitó la recuperación de los bienes.

Esto significa que la revisión de la FGR no garantiza que México recibirá recursos. Primero deberá acreditarse que existen bienes decomisados y que se cumplen las condiciones legales para solicitar una parte.

El juez federal Brian M. Cogan sentenció el 20 de julio a Ismael “El Mayo” Zambada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. También incorporó el decomiso monetario por 15 mil millones de dólares.

Zambada se había declarado culpable el 25 de agosto de 2025 de encabezar una empresa criminal continua y participar en una organización dedicada al crimen organizado bajo la legislación estadounidense conocida como RICO.

Según el Departamento de Justicia, las acusaciones comprendieron actividades realizadas entre 1989 y 2024, entre ellas:

Tráfico de cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo.
Lavado de dinero.

Conspiraciones para cometer asesinatos y secuestros.
Uso de violencia para proteger las operaciones del Cártel de Sinaloa.

Corrupción de funcionarios y autoridades.
La dependencia estadounidense sostuvo que Zambada encabezó durante casi cuatro décadas una estructura dedicada al tráfico de drogas hacia Estados Unidos y al traslado de las ganancias hacia México.
AM.MX/fm

The post Revisará FGR si México puede reclamar parte de los 15 mil millones de dólares decomisados a «El Mayo» Zambada appeared first on Almomento | Noticias, información nacional e internacional.

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, a través del Órgano Interno de Control (OIC) en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), inhabilitó a las empresas Alta Especialidad de Medicina y Capacitación, S.C. y Protein, S.A. de C.V., para participar, por sí o mediante intermediarios, en procedimientos de contratación o celebrar contratos con la Administración Pública Federal, tras detectar irregularidades en procesos de contratación relacionados con el instituto.

Además de las inhabilitaciones, ambas compañías fueron sancionadas con multas de 138 mil 911 pesos, de acuerdo con las resoluciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

En el caso de Alta Especialidad de Medicina y Capacitación, S.C., la autoridad impuso una inhabilitación de un año y tres meses, además de la multa económica.

De acuerdo con el comunicado oficial, “se le impuso una multa de 138 mil 911 pesos e inhabilitación por 1 año con 3 meses, debido a que proporcionó información falsa en la Adjudicación Directa número AA-050GYR005-E220-2021 para contratar el Servicio de traslado de pacientes en ambulancia de alta tecnología bajo el régimen ordinario, con vigencia del 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2021”.

La investigación determinó que la empresa obtuvo el contrato tras declarar bajo protesta de decir verdad que ninguno de sus accionistas desempeñaba funciones públicas; sin embargo, la autoridad acreditó que “uno de sus accionistas se desempeñaba como servidor público en el IMSS”.

La notificación de esta sanción fue realizada el 10 de julio de 2026.

Protein incumplió contrato para suministro
Respecto a Protein, S.A. de C.V., la Secretaría informó que “se le impuso una multa de 138 mil 911 pesos e inhabilitación de 3 meses, por omitir entregar la garantía de cumplimiento y 150 piezas de la clave 010 000 2030 00 00 (cloroquina tableta, cada tableta contiene: fosfato de cloroquina equivalente a 150 mg de cloroquina, envase con 1000 tabletas), por lo que incumplió el contrato abierto número U210105, con el que resultó adjudicada, derivado de la Adjudicación Directa número AA-012M7B998-E46-2021, cuyo objeto era la Adquisición Consolidada de Medicamentos y Bienes Terapéuticos”.

La resolución fue notificada a la empresa el 9 de julio de 2026.

La Secretaría Anticorrupción señaló que “las sanciones referidas aparecen publicadas en el Diario Oficial de la Federación y dichas empresas se encuentran inscritas en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, lo que les impide participar en nuevas contrataciones con el Gobierno de México”.

Con ello, ambas compañías quedan impedidas de celebrar nuevos contratos con dependencias y entidades de la Administración Pública Federal durante el periodo que dure la inhabilitación.

Las empresas pueden impugnar las resoluciones
La dependencia federal precisó que “las medidas se emitieron conforme a la ley y considerando los criterios de proporcionalidad y gravedad de la falta”.

Asimismo, recordó que las empresas sancionadas “tienen derecho a impugnar las resoluciones, y en caso de hacerlo, la Secretaría defenderá con firmeza las sanciones”, por haber sido impuestas “con apego a derecho y en protección del interés público”.

Las sanciones forman parte de las acciones de supervisión y control implementadas por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para fortalecer la transparencia, la legalidad y la rendición de cuentas en las contrataciones públicas, particularmente en los procesos relacionados con el IMSS y el suministro de bienes y servicios para el sector salud.
AM.MX/fm

The post Sancionan e inhabilitan a dos empresas proveedoras del IMSS por irregularidades appeared first on Almomento | Noticias, información nacional e internacional.

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de más de tres meses desde que la presidenta de la República anunció la iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio, finalmente fue enviada al Congreso el lunes 13 de julio. El documento completo no se conoce.

Hace 12 años se tipificó el delito de feminicidio, no homologado nacionalmente; hace 20 años se aprobó la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida sin Violencia; hace 30 años se creó un Sistema Nacional contra la Violencia; hace 40 años nacieron las primeras fiscalías especializadas, hay un enorme catálogo de herramientas que deben ser analizadas, advirtieron expertas como Marcela Lagarde, Andrea Medina y Angélica de la Peña.

Desde la presentación de esta iniciativa, se generaron diversas reacciones y análisis por parte de expertas y organizaciones de la sociedad civil, como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, EQUIS Justicia para las Mujeres y Balance A.C.

Sobre ello, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) llamó al Congreso de la Unión a abrir un proceso de diálogo en torno a la iniciativa, con el objeto de fortalecer el proyecto incorporando experiencia de organizaciones y personas expertas que, desde el litigio estratégico, acompañamiento a víctimas y el trabajo en los territorios, han contribuido a construir los criterios que hoy permiten investigar y acreditar el delito de feminicidio en México.

María de la Luz Estrada Mendoza, directora del OCNF, informó que las agrupaciones feministas y civiles que dan seguimiento al feminicidio desde hace tres lustros pueden contribuir a que la legislación “quede bien hecha” y consideró que para eso “se debería considerar a las voces de quienes estamos en territorio acompañando los casos y conocemos dónde están los obstáculos para probar el delito de feminicidio”.

La activista y experta dijo que es muy importante contar con “presupuesto etiquetado para el fortalecimiento de las investigaciones en materia de feminicidio, porque es fundamental”. Recordó que este ha disminuido desde hace casi 10 años.

En el Senado
La presidenta del Senado dijo a SEMlac que la iniciativa será formalmente recibida en septiembre e hizo votos para que este proyecto se apruebe de manera urgente. Aseguró que se trata de una ley muy importante para fortalecer la protección de los derechos de las mujeres, para que este ilícito se juzgue con perspectiva de género y robustecer el castigo hacia quienes cometan el delito de feminicidio.

No hizo comentarios sobre si debe ir o no a consulta con las organizaciones de la sociedad civil.

Piden diálogo
También La Red Nacional de Refugios (RNR) exhortó a las y los legisladores para que, durante la discusión de la iniciativa, “se abran mesas de diálogo con organizaciones feministas, sobrevivientes, familiares de víctimas, academia y quienes acompañamos diariamente a mujeres en riesgo feminicida. La participación fortalece las leyes y contribuye a construir respuestas más eficaces, desde una perspectiva de derechos humanos”.

El OCNF precisó que la violencia feminicida sigue siendo una de las expresiones más extremas de la violencia contra las mujeres. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante 2024 se registraron al menos 855 feminicidios; en 2025, 732 casos; y tan solo en enero de 2026 se contabilizaron 94 feminicidios. “Aunque las cifras muestran una reducción en la incidencia, la realidad es que cientos de mujeres siguen siendo asesinadas por razones de género y miles de familias continúan enfrentando obstáculos para acceder a la verdad y la justicia.”

La RNR añadió que, ante la iniciativa de Ley General para homologar la investigación y sanción del delito de feminicidio, es fundamental recordar que fortalecer el marco jurídico debe traducirse en una protección efectiva para las mujeres.

“Homologar la investigación del feminicidio puede representar un avance. Sin embargo, el desafío sigue siendo garantizar que las leyes se implementen con debida diligencia, coordinación institucional y recursos suficientes. Porque prevenir el feminicidio no depende solo de nuevas leyes, sino de hacer efectivo el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia.”

El OCNF subrayó que la creación de esta Ley General representa una oportunidad para fortalecer la respuesta del Estado frente al feminicidio, pero advirtió que “para que realmente contribuya a mejorar el acceso a la justicia, es indispensable que su discusión incorpore la experiencia de quienes conocen de primera mano las dificultades para que un asesinato de una mujer sea investigado con perspectiva de género, se acrediten correctamente las razones de género y se garantice el acceso a la justicia para las víctimas y sus familias.”

Estrada Mendoza estimó que “legislar sobre feminicidio, sin escuchar a quienes han acompañado a las víctimas, sería perder una oportunidad histórica para fortalecer el acceso a la justicia. La experiencia acumulada por las organizaciones y personas expertas puede contribuir a que esta ley responda a los retos que hoy enfrentan las investigaciones en todo el país.”

Por ello, el OCNF pidió al Congreso de la Unión abrir espacios de diálogo y análisis con organizaciones de la sociedad civil y personas expertas antes de dictaminar la iniciativa. “Escuchar estas voces que han impulsado cambios desde la defensa de los derechos humanos, fortalece la posibilidad de contar con una ley sólida, eficaz y capaz de responder a la complejidad del feminicidio en México, así como garantizar el acceso a la justicia de las víctimas y sus familias.”

El reiteró su disposición para aportar su experiencia técnica y jurídica durante el proceso legislativo, con el objetivo de contribuir a la construcción de una ley que fortalezca el acceso a la justicia, combata la impunidad y garantice una respuesta más efectiva del Estado frente al feminicidio.

La demanda inicial de diálogo surgió desde marzo, cuando se conoció la iniciativa. Desde entonces ha habido reuniones de expertas para sugerir que no se puede aprobar sin conocer la voz de la experiencia. En ese sentido, la presidenta del Senado, quien asumirá en septiembre la titularidad de la Secretaría de las mujeres, afirmó en cambio que debe aprobarse urgentemente

Laura Itzel Castillo celebró que la titular del Ejecutivo Federal, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que está lista la iniciativa, aunque en declaraciones a SEMlac dijo que todavía no ha llegado, pero que seguramente estará para el próximo periodo de sesiones, en septiembre.

Aseguró que se trata de una ley muy importante para fortalecer la protección de los derechos de las mujeres, para que este ilícito se juzgue con perspectiva de género y con ello robustecer el castigo hacia quienes comentan el delito de feminicidio.

La iniciativa prevé penas de 50 a 70 años de prisión y considera 19 agravantes en los casos en que las víctimas sean niñas, adolescentes, adultas mayores o personas con discapacidad.

Subrayó que será fundamental homologar el tipo de feminicidio, para que no prevalezca la visión de cada autoridad involucrada en la investigación y sanción, sino que en todos los estados de la república se mantenga un mismo criterio.

“El objetivo es que en todas las instancias se trabaje en el mismo sentido y el feminicidio se persiga de oficio”, comentó.

Laura Itzel Castillo añadió que la iniciativa de ley también podrá contemplar el hecho “que es determinante, de que el agresor no puede estar en casa y que en la mayoría de los casos resulta que los feminicidios son cometidos por personas cercanas”; por ello, es relevante proteger a las mujeres a través de nuestra legislación, destacó.

Finalmente, la legisladora recordó que existe una línea telefónica a nivel nacional, que es el 079, con opción 1, y que funciona las 24 horas del día, los 365 días del año, para atender a mujeres a partir de la denuncia de cualquier tipo de abuso.

Del esquema a un análisis
Un análisis realizado por las organizaciones Balance, México Unido contra la Delincuencia y Equis Justicia a la iniciativa anunciada considera que una Ley General contra el Feminicidio y el programa integral para erradicar violencias contra las mujeres revela que diversas observaciones presupuestales y operativas deben ser tomadas en cuenta para apuntar a la prevención más que al punitivismo.

Ante la iniciativa de Ley General contra el Feminicidio y el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar las Violencias contra las Mujeres, dos de los principales instrumentos de esta administración en materia de género, las feministas advierten que, mientras el programa federal apuesta por la prevención, la iniciativa de ley privilegia un enfoque punitivo que ignora las causas de la violencia y amenaza con colapsar un sistema de justicia ya rebasado en el país.

Hoy lo más importante es que estos instrumentos sean efectivos frente a presupuestos sensibles al género y a sus intersecciones; pidieron reglas claras de asignación territorial de recursos, fondos permanentes, indicadores públicos de seguimiento y mecanismos que garanticen la participación activa de la ciudadanía en todas las fases de la política pública.

Organizaciones piden reglas claras de asignación territorial de recursos
Como un primer punto, Balance, México Unido contra la Delincuencia y Equis Justicia señalaron que el estatus de la propuesta no es del todo claro. Se dijo que la propuesta legislativa llegó esta semana al Congreso, pero no está disponible. Esto ocurre luego de la reforma constitucional que facultó al Congreso de la Unión para legislar en materia de tipo penal único de feminicidio, desde mayo pasado, lo que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 6 de ese mes de 2026. La reforma dio un plazo transitorio de 180 días naturales para la emisión de la ley. O sea, hasta noviembre: tres meses en que pueden abrirse las mesas de diálogo y balance de lo que se ha hecho, qué resultó positivo y qué falta.

El anuncio formal de la Iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio lo hizo la presidenta Claudia Sheinbaum en la conferencia matutina del 24 de abril de 2026, junto con la fiscal General de la República Ernestina Godoy Ramos. Aunque la plataforma oficial del Senado de la República publicó un documento con la propuesta, lo retiró poco después.

Luz María León, de la organización civil Balance, explica que el análisis tiene como objetivo hacer observaciones, enriquecerla y escuchar a distintos sectores de la sociedad, antes de formalizarla o aprobarla.

Aunque querían que se presentara con tiempo, si llega en septiembre, como dijo la presidenta del senado, habrá apenas un mes para ello y que el Congreso tome en cuenta las observaciones de la sociedad civil.

La trampa del punitivismo contra la reparación del daño
Una de las críticas más importantes de las organizaciones a la propuesta de Ley General contra el Feminicidio se centra en su carácter punitivo. El borrador propone elevar las penas para el delito de feminicidio a un rango que va de 50 a 70 años de prisión, y podría incrementarse en una mitad adicional si concurre alguna de las agravantes previstas.

Además, los puntos 13, 14 y 30 del esquema en power point conocido suprime para los imputados cualquier margen de negociación.

Homologación nacional: el delito se definirá y castigará igual en todo el país (con penas de 40 a 70 años y alrededor de 20 agravantes).

Protocolos de investigación: toda muerte violenta de una mujer deberá ser investigada inicialmente como feminicidio.

No prescripción y castigos accesorios: el delito será imprescriptible y contempla la pérdida de la patria potestad, derechos sucesorios y destitución si el agresor es servidor público.

Protección a víctimas indirectas: creación de un Registro Nacional de niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad y garantía de reparación integral del daño.

Las Colectivas feministas reconocen que la homologación y los protocolos obligatorios colocan la violencia de género en el centro de la agenda, pero advierten sobre un enfoque excesivamente punitivo que apuesta por aumentar penas sin garantizar presupuestos para el fortalecimiento institucional real.

Analistas recuerdan que el Estado ya tenía órdenes históricas (como la Sentencia Mariana Lima de 2015) para investigar toda muerte violenta con perspectiva de género, por lo que el verdadero reto de esta nueva ley será su correcta implementación a nivel local.

Desde la postura antipunitivista de las agrupaciones, Luz María León explica que la experiencia de acompañamiento en el terreno ha demostrado el fracaso de la lógica carcelaria. “Nosotras creemos que existe otro tipo de justicia, una justicia que puede ser restaurativa”, puntualiza.

Para las activistas, la obsesión con aumentar los años de cárcel ignora las demandas más apremiantes de las víctimas directas e indirectas, como las madres, padres e hijos en situación de orfandad.

“Está demostradísimo que eso no solamente no soluciona la violencia que ya vivieron las víctimas, sino que tampoco ayuda en temas de prevención”, asegura al recordar que las reformas punitivas aplicadas en México durante las últimas décadas no han logrado disminuir los índices delictivos ni mitigar la impunidad generalizada, porque no apuntan a la prevención.

En cambio, la insistencia en el endurecimiento penal responde a una lógica de exclusión y neutralización del presunto agresor que debilita las verdaderas herramientas orientadas a transformar las causas estructurales de la violencia y a asegurar la no repetición de los hechos.

México tiene 378 unidades y 937 laboratorios de servicios periciales y forenses, operados por 14.466 peritos. La asfixia presupuestal: fiscalías especializadas “sin papel para imprimir”

Una de las contradicciones más severas que señalan las organizaciones en su análisis de la iniciativa de Ley General contra el Feminicidio radica en la desconexión total entre las exigencias procesales que impone a los operadores de justicia y la precariedad material y humana en la que operan las fiscalías locales.

De acuerdo con los datos oficiales del Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2025, la infraestructura forense de las entidades federativas se encuentra colapsada. México tiene apenas 378 unidades y 937 laboratorios de servicios periciales y forenses, operados por tan solo 14.466 peritos.

Esta fuerza de trabajo tuvo que procesar en un solo año 5 millones 69.925 intervenciones periciales, lo que implica un rezago de más de 557.962 solicitudes pendientes al cierre del periodo anual.

Bajo esas condiciones de extrema precariedad, obligar legalmente a realizar peritajes de alta especialización sin otorgar fondos financieros adicionales solo propiciará la parálisis de los procesos o la simulación de cumplimiento por parte de ministerios públicos rebasados y carentes de capacitación básica.

Legítima defensa: el peligro de revertir la carga de la prueba a las sobrevivientes

Otra de las problemáticas técnicas más preocupantes identificadas por el análisis de las colectivas se ubica en el artículo 31 de la iniciativa, el cual busca regular la legítima defensa para sobrevivientes de feminicidio.

Aunque la intención original es establecer una presunción favorable para las mujeres que se enfrentan a agresiones continuas y estructurales de género, la redacción actual abre la puerta a un efecto adverso en la práctica judicial.

La legítima defensa es una causa de exclusión del delito que libera de responsabilidad penal a quien se defiende de una agresión inminente. Sin embargo, debido a los profundos sesgos de género que persisten en los ministerios públicos, las sobrevivientes que lesionan o privan de la vida a sus agresores suelen ser tratadas, desde el primer momento, como imputadas por homicidio o lesiones, en lugar de ser reconocidas como víctimas de violencia de género.

El documento de Balance cita como ejemplo emblemático el Amparo Directo 101/2021 de la Suprema Corte. En ese caso, una mujer víctima de violencia doméstica sistemática fue sentenciada penalmente por el homicidio de su concubino, tras defenderse de una agresión física. Tuvo que transcurrir todo el proceso penal y llegar hasta la revisión de amparo federal para que los tribunales finalmente reconocieran que su conducta encuadraba en la legítima defensa.

Las organizaciones alertan que la redacción de la iniciativa corre el riesgo de ser interpretada de forma restrictiva por los operadores judiciales, obligando a las mujeres que sobreviven a una tentativa de feminicidio a probar que su respuesta cumplió estrictamente con los cánones formales de la legítima defensa para que el Estado les reconozca la calidad jurídica de víctimas.

Punición identitaria y el uso de lenguaje estigmatizante
La iniciativa de ley también presenta fallas conceptuales graves en la redacción de sus agravantes. El artículo 18 establece que las sanciones del delito de feminicidio se incrementarán sustancialmente si la víctima pertenece a pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, o si pertenece a la “población callejera” o en situación de calle.

Ma. de la Luz estrada insiste: es necesario el diálogo y la escucha.
AM.MX/fm

The post Piden organizaciones feministas mesas de diálogo y análisis sobre feminicidio appeared first on Almomento | Noticias, información nacional e internacional.

CIUDAD DE MÉXICO.- En la medición del bienestar de los mexicanos en 2025 aumentó el promedio de satisfacción con la vida a 8.62 respecto a 2021 (8.45), cuando el país aún sentía los efectos del COVID 19; aunque para las mujeres los resultados fueron menores: los hombres registraron una calificación promedio de 8.67, mientras que las mujeres alcanzaron 8.57.

Persisten las brechas: la satisfacción con la vida es diferente para las mujeres, las personas mayores de 60 años, la población indígena y con discapacidad, reveló la Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado (ENBIARE) 2025, que mide cómo la población percibe la satisfacción con la vida, el balance anímico y el sentido de vida (eudemonia).

Las mujeres con mayor nivel educativo, casadas o en unión libre tuvieron un promedio de satisfacción con la vida más alto en comparación con las separadas, divorciadas y viudas, de acuerdo con los indicadores reportados en las dos ediciones (2025 y 2021) de la ENBIARE.

La Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado (ENBIARE) 2025 mide cómo la población percibe la satisfacción con la vida, el balance anímico y el sentido de vida (eudemonia). Foto: Tomada de cronica.com.mxEntre las personas que respondieron estar totalmente satisfechas con la vida, el mayor porcentaje respondió que le fue fácil o muy fácil cubrir los gastos del mes: 70.6 correspondió a mujeres y 71.5, a hombres. Para las personas que reportaron dificultad o mucha dificultad para cubrir los gastos, el porcentaje fue menor (44.2 en mujeres y 44 en hombres).

Entre las mujeres, los promedios más altos de satisfacción con la vida correspondieron a Baja California Sur (8.81), Sonora (8.77) y Tamaulipas (8.77). Los más bajos se observaron en Oaxaca (8.31), Tabasco (8.34) y Michoacán (8.40).

La Encuesta, presentada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) el 14 de julio, también muestra que en una escala de 10 el balance anímico general fue positivo, con un promedio de 5.29 en comparación con 5.07 reportado en 2021. Sin embargo, las mujeres registraron un balance anímico promedio de 5.07, menor al 5.55 de los hombres.

En el promedio de balances anímicos específicos, la dupla emoción-tristeza alcanzó 6.25, que es el valor más alto. En las mujeres fue de 6.01 y en los hombres, de 6.53. Ahora bien, la combinación energía-cansancio presentó el promedio más bajo, con 4.20. En las mujeres fue de 3.87 y en los hombres, de 4.58. Lo anterior refleja que el cansancio predominó entre las mujeres.

Los resultados
Por sexo, los hombres registraron una calificación promedio de 8.67, mientras que las mujeres alcanzaron 8.57.

Por escolaridad, las personas con educación superior reportaron una satisfacción promedio de 8.74, frente al 8.51 observado entre quienes cuentan con algún grado de educación básica.

Las personas casadas o en unión libre registraron un promedio de 8.75, por encima de las personas solteras, con 8.52, y de quienes se encuentran separadas, divorciadas o viudas, con 8.25.

Con base en los grupos de edad, la población de 30 a 44 años presentó el promedio más alto de satisfacción con la vida, con 8.72. Siguió el grupo de 18 a 29 años, con 8.70. Mientras que la población de 60 años y más fue la que presentó los niveles más bajos de satisfacción con la vida, con 8.48.

En la población que habla lengua indígena, el promedio de satisfacción con la vida fue de 8.33; entre quienes no la hablan, fue de 8.64.

Al distinguir según sexo, las mujeres hablantes de lengua indígena registraron un promedio de 8.3, frente al 8.58 de aquellas que no la hablan. En los hombres, el promedio fue 8.31 entre quienes hablan lengua indígena y de 8.69 entre quienes no la hablan. La población de 18 años y más con discapacidad presentó un promedio de satisfacción con la vida de 7.99: en los hombres fue de 8.09 y en las mujeres, de 7.92. En contraste, la población sin discapacidad registró un promedio de 8.74.

Mientras que en general las entidades federativas con los promedios más altos de satisfacción con la vida fueron Coahuila (8.85), Tamaulipas (8.79), Durango (8.78), Sinaloa (8.77) y Baja California Sur (8.77). Y los promedios más bajos se registraron en Oaxaca (8.32), Tabasco (8.37), Michoacán (8.48), Guerrero (8.51) y Zacatecas (8.51).

Libertad de decisión
En México, la población manifestó un fuerte arraigo hacia el propósito de vida, la libertad de decisión y el sentir que la vida vale la pena. Ante el enunciado “siento que tengo un propósito o misión en la vida”, el promedio de identificación fue de 9.15, valor similar entre mujeres (9.18) y hombres (9.11).

La frase “soy libre para decidir mi propia vida”, en las mujeres fue de 9.13 y en los hombres de 9.15. La frase “siento que lo que hago en la vida vale la pena”, alcanzó 9.10 para las mujeres y 9.10 para los hombres.

No obstante, la oración “siempre soy optimista con respecto a mi futuro” obtuvo el menor promedio, con 8.42 ara las mujeres y 8.48 para los hombres.

La brecha mayor en el promedio entre mujeres y hombres se presentó en el enunciado “Tengo fortaleza frente a las adversidades”: mujeres 8.80, hombres 8.91, promedio 8.85

Salud y gastos influyen en estado anímico
Las personas que consideraron su salud como buena o muy buena presentaron los promedios más altos en satisfacción con la vida y balance anímico, con 8.93 y 5.97 puntos, respectivamente. En contraste, quienes la calificaron como mala o muy mala obtuvieron 7.08 y 2.58 (ver gráfica 5).

Entre quienes declararon que fácil o muy fácilmente pueden cubrir gastos habituales en el hogar, el promedio de satisfacción con la vida se ubicó en 8.99 y el balance anímico, en 5.69. En contraste, entre las personas con dificultad o mucha dificultad para cubrir los gastos, la satisfacción bajó a 7.98 y el balance anímico, a 4.21

Según sexo, entre las personas que respondieron estar totalmente satisfechas con la vida, el mayor porcentaje respondió que le fue fácil o muy fácil cubrir los gastos del mes: 70.6 correspondió a mujeres y 71.5, a hombres. Para las personas que reportaron dificultad o mucha dificultad en cubrir los gastos, el porcentaje fue menor (44.2 en mujeres y 44.0 en hombres).

La satisfacción con la vivienda tuvo 8.66 en mujeres y 8.70 en hombres. En contraste, el dominio con el promedio más bajo fue seguridad ciudadana, con 5.95 para las mujeres y 6.22 para los hombres.

Ansiedad y depresión
En 2025, entre las personas con indicios de ansiedad, 43.5 por ciento reportó estar totalmente satisfecha con la vida, mientras que entre quienes no presentaron indicios de ansiedad, el porcentaje fue de 64.3.

Entre las personas con indicios de depresión, 36.3 por ciento reportó estar totalmente satisfecha. En contraste, entre quienes no presentaron indicios de depresión, este porcentaje fue de 62.7: la diferencia fue de 26.4 puntos porcentuales.

Entre las personas que reportaron nunca haberse sentido solas en el último mes, 70.4 por cieno dijo estar totalmente satisfecha con la vida. Entre quienes se sintieron solas pocas o algunas veces, el porcentaje fue de 47.3 y bajó a 36.7 entre quienes se sintieron solas la mayor parte o todo el tiempo.

Por su parte, los indicadores asociados con la movilidad social subjetiva revelaron que 37.3 por ciento de las personas de 18 años y más señaló haber logrado un patrimonio mayor al de sus padres; 53.1 por ciento percibió que cuenta con un nivel socioeconómico mayor al del hogar en el que creció; y 71.3 por ciento afirmó haber alcanzado un logro escolar superior al de sus padres.

Finalmente, con la ENBIARE 2025 se identificó que 66.4 por ciento de las viviendas en México tenía al menos una mascota. El volumen nacional estimado fue de 41.2 millones de perros, 19.2 millones de gatos y 16.9 millones de otras mascotas.
AM.MX/fm

The post En México la satisfacción con la vida se percibe diferente por las mujeres, personas mayores, indígenas y discapacitados appeared first on Almomento | Noticias, información nacional e internacional.

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sehinbaum, reaccionó a la carta de El Mayo Zambada en la que pidió a los jóvenes no acercarse al crimen organizado.

Sheinbaum dijo que no tenia una opinión personal sobre la sentencia de El Mayo Zambada pero que respecto al tema de jóvenes su gobierno está haciendo un trabajo de atención a las causas para que no tomen a la delincuencia con una opción.

“No hay un opinión personal sobre eso. Es lo que es. Obviamente viniendo de quien viene es difícil citarlo, ¿verdad?, pero es el trabajo que estamos haciendo, la atención a las causas, de que ningún joven se acerque a la delincuencia”.

Claudia Sheinbaum dijo que es difícil citar a El Mayo Zambada tras ser condenado a cadena perpetua pero dijo a los jóvenes que acercarse a la delincuencia es acercarse a la muerte y al maltrato.

La presidenta agregó que el suyo “es un llamado a los jóvenes que nunca vean en la delincuencia una forma de vida, más allá de lo dicho por este delincuente”.

Lo dicho por El Mayo Zambada en su carta ante el juez Brian Cogan fue: “La violencia debe terminar… demasiados jóvenes quedan atrapados en un ciclo que solo conduce a la cárcel o a la muerte… A la próxima generación le digo: elijan un camino diferente. No hay honor en la violencia ni nada duradero en el crimen, solo traen dolor y pérdida. Pasaré el resto de mi vida reflexionando sobre mis actos…”

Claudia Sheinbaum dijo que sobre el Buró Federal de Investigaciones (FBI) que es obvio que participaron en el operativo para extraer a El Mayo Zambada debido a la exposición del avión en el que fue sacado del país.

“Es como obvio, porque por qué muestran un avión… en una feria, como un operativo de ellos cuando la versión oficial es que ellos no participaron. Es una contradicción ¿que llevó a generar un conflicto interno en un grupo delincuencial con efectos en Sinaloa?”

Sobre la fortuna decomisada a El Mayo Zambada en Estados Unidos, calculada en 15 mil millones de dólares, dijo que la Fiscalía General de la República (FGR) analizará si reclama parte de ella.
AM.MX/fm

The post ¡SIN COMENTARIOS!: Claudia Sheinbaum sobre la carta de El Mayo Zambada a jóvenes appeared first on Almomento | Noticias, información nacional e internacional.