Por Sara Lovera *
(saraloveralopez@gmail.com)
CIUDAD DE MÉXICO/SEMlac.- La Cárcel de Mujeres Santa Martha Acatitla, la primera penitenciaría para mujeres creada en 1954, a donde miles de mujeres desde hace 70 años llegaron acusadas de homicidio, filicidio y robo, está descabezada por razones políticas desde el 19 de septiembre, luego de que Susana Itzel Ramírez Ramírez fue destituida.
La situación hizo crisis en junio pasado: la directora fue acusada por presas, sus familiares y la diputada local del partido verde Rebeca Peralta León de corrupción, violencia y extorsión.
Hasta ahora las autoridades de la Ciudad de México no han nombrado nueva directora. La destitución de Ramírez Ramírez sucedió el mismo día del deceso de una reclusa, hallada muerta en el dormitorio E-11, sin que todavía se conozcan las causas.
En junio hubo una muerte y desde hace tres años se repiten las denuncias de toda clase: hacinamiento, venta de drogas, maltrato a las reclusas por parte de autoridades y custodias, sin que todavía se explique algo por las autoridades.
En menos de un año de gestión, Ramírez Ramírez tiene al menos 10 denuncias por maltrato y violencia, cobros de piso y corrupción.
Su salida se dio tras ser grabada pidiendo un depósito bancario a la madre de una interna a la que se encontró sin vida, quien previo a su muerte denunció que estaba siendo extorsionada al interior del penal, como fue revelado por el diario La Prensa.
El penal de Santa Martha Acatitla alberga a más de 1.400 presas; históricamente, el centro ha enfrentado denuncias por autogobierno, corrupción de custodios y violencia entre internas.
En los últimos tres años, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México ha emitido al menos 15 recomendaciones relacionadas con condiciones de hacinamiento, malos tratos y falta de acceso a la justicia en este penal.
La destitución de la directora ocurre en medio de un plan de reforzamiento de medidas de seguridad en los centros penitenciarios de la capital.
Esta penitenciaria, la primera cárcel solo para mujeres, tiene una población de 1.400 presas, de las cuales hasta 40 por ciento no han sido procesadas; es decir, que todavía no ha recibido una resolución o sentencia, según el informe de agosto del Cuaderno Mensual de Información Penitenciaria Nacional, que depende de la Secretaría de Seguridad.
Lo que salió a la luz en los últimos meses es que el reclusorio femenil se estaba convirtiendo en una bomba de tiempo: sin aviso alguno se retiraban los derechos de las internas, como las llamadas telefónicas; así como también los abusos en contra de internas extranjeras, cuyos familiares ya acudieron en varias ocasiones a sus embajadas pidiendo interceder por ellas.
El 23 de junio hubo una muerte, la de Marlen “N”; en julio y agosto se difundieron noticias sobre denuncias de presunta extorsión y maltratos que sufren las mujeres en este Centro Femenil de Reinserción Social y el 25 de agosto la Cámara de Diputados de la Ciudad de México pidió efectuar recorridos sorpresa, intervención de la Comisión de derechos humanos e informes de la jefatura de gobierno.
“No podemos seguir cerrando los ojos a estas extorsiones sistemáticas, donde a las internas se les obliga a pagar por lo más básico: un lugar donde dormir, una botella de agua, un simple pase; se denuncian maltratos físicos y psicológicos”, dijo la diputada del partido verde Rebeca Peralta León.
Las instalaciones del penal femenil de Santa Martha fueron escenario de la muerte de una interna que estaba presa, dijeron las autoridades, por el delito de extorsión. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó el martes 23 de septiembre que continúan con las investigaciones, a fin de conocer los motivos de la muerte de esta mujer. Han dejado correr la versión de que podría ser suicidio.
Acuerdo de la Cámara en agosto 25
Para verificar y garantizar el pleno respeto de los derechos humanos de las mujeres privadas de su libertad, ante la denuncia de abusos y violencia, la integrante de la fracción parlamentaria del PVEM en el Congreso capitalino, Rebeca Peralta León, recibió el apoyo de personas legisladoras en su propuesta de que los titulares de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, Andrés Ponce Aceituno, y de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez Hernández, realicen recorridos sorpresivos y permanentes de supervisión en el Centro Femenil de Reinserción Social.
La también vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el recinto de Donceles y Allende afirmó que las irregularidades del sistema penitenciario de la capital del país, que atentan contra la integridad de las reclusas, son públicas y representan una cruda realidad documentada, a la vez que pidió se investigue de manera exhaustiva sobre “las diversas denuncias que me han hecho llegar familiares de las mujeres privadas de libertad referentes al trato que reciben”.
Antecedentes narrados por el periodista Gerardo Jiménez de El Sol de México
La nota cabeceada como “Matan a ´La Chola´ tras un cateo antidrogas en el Penal de Santa Martha Acatitla” señala que los familiares de Marlen “N” pidieron, en junio pasado, se esclarezcan las causas de su muerte dentro de un supuesto módulo de castigo que existe en esa cárcel.
La reclusa habría muerto luego de denunciar la venta de estupefacientes dentro de reclusorio femenil. El deceso ocurrió la tarde del 23 de junio. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) no aclaró hasta ahora las causas de su fallecimiento, según familiares consultados.
“No se han precisado las causas, todo fue muy raro y muy rápido, nos hizo una llamada ese lunes y cuando acudimos a Santa Martha nos dijeron que ya estaba muerta y tenemos muchas dudas”, dijo una familiar cercana, quien no quiso ser identificada.
De acuerdo con testimonios de internas y personal de custodia recabados por La Prensa, el deceso de Marlen ocurrió la tarde del 23 de junio, luego de un amplio operativo para detectar droga al interior de ese centro penitenciario.
“Marlen o ´La Chola´, como era conocida por sus amigas, fue sometida por custodias por órdenes de la directora y fue llevada al Módulo 1 de castigo. Antes de que la subieran, ella llamó a su mamá para que le trajera dinero, porque presuntamente debía dinero a otra interna conocida como Wendy Macho, por venta y consumo de droga; eso fue de lo que nosotras nos enteramos”, expuso una interna, quien pidió el anonimato.
Muere el día que difunden video de venta de droga
Al llegar la madre de la interna, después de más de una hora, le informan que su hija estaba muerta. Sus familiares fueron canalizados a la dirección de ese penal, donde permanecieron por varias horas, mientras que las redes telefónicas fueron suspendidas y las internas fueron llevadas a sus dormitorios, dijo una custodia.
“Eran entre las 6:40 de la noche cuando pasó eso; a todas nos encerraron, pero la versión de que ´La Chola´ estaba muerta ya la sabíamos nosotras: primero dijeron que se había ahorcado, pero también una custodia nos dijo que tenía varios golpes en el cuerpo”, agregó otra interna.
Al penal llegó personal de la dirección de Asuntos Internos de la SSC, que tiene como indicativo “Pretores” para conocer las causas y posibles motivos del fallecimiento y probable responsabilidad del personal de ese penal, además de peritos de la Fiscalía general de Justicia de la CdMx.
La víctima se comunicó por última vez con sus familiares advirtiéndoles que era sometida por custodias a presunta petición de la directora del penal.
Para conocer los detalles y tener una versión oficial del fallecimiento de Marlen, se solicitó un reporte a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y hasta el momento no hubo respuesta.
Este deceso coincidió con que ese mismo 23 de junio se difundió un video donde se oferta droga al interior del penal femenil de Santa Martha Acatitla.
“De cien perico de cien, trae bien poquito ¿verdad? y me dijo que este es de dos miligramos Clonazepam”, se alcanza a escuchar en el video de 54 segundos, donde se observa cómo distribuyen los productos en una mesa con mantel blanco.
Otra controversia dentro del Penal de Santa Martha
La semana anterior al 23 de junio, la vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local, Rebeca Peralta León, le dijo al periodista que ella en mayo sufrió agresiones físicas y verbales por parte de una custodia asignada a la vigilancia del penal de Santa Martha Acatitla e intimidó a una interna que le ayudaba a sostener su teléfono, que estaba apagado.
“Una de ellas (guardia) se me puso enfrente, me quiso golpear a mí como diputada, en presencia de la jefa de seguridad y en presencia de la directora”.
“Yo tuve que ser más inteligente porque ya las custodias estaban molestas y sí hay quejas de abuso de autoridad hacia ellas; yo se lo dije a la directora y se lo dije también a la jefa de seguridad: ‘Imagínese, yo soy la diputada y cómo se me pone’, y le dije a la custodia: ‘No te tengo miedo, ¿eh? Pero tengo que ser más inteligente y no vengo a generar problemas´”, expuso Peralta.
El motivo de la agresión, agregó la legisladora del Partido Verde Ecologista, fue que estaba entregando apoyos alimentarios, medicamentos y otros productos de primera necesidad para las internas de ese penal femenil durante un recorrido de los que lleva a cabo con frecuencia y solicitó el apoyo de una interna para que la ayudara a sostener un teléfono.
“Se me hizo fácil decirle a una chica que tenía una niña que me detuviera mi teléfono y mi gafete. La custodia ya nos venía siguiendo y comenzó a gritonearle a la interna y cuestionarla por qué traía un teléfono”.
Peralta León afirma que mientras la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, implementa estrategias para combatir la extorsión a negocios en la Ciudad, el “cobro de piso” está normalizado en Santa Martha e insinuó que ello comenzó con la llegada del Subsecretario de Sistema Penitenciario, Andrés Ponce Aceituno.
Aquí lo único cierto es que las acusaciones son muchas y en cada una de ellas los nombres de las presuntas responsables son los mismos, comenzando por la directora del penal, Susana Itzel Ramírez. Rebeca Peralta León.
En este contexto, la congresista hizo un llamado a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México a realizar visitas imprevistas e indagar las denuncias que han realizado familiares y las propias reclusas ante la Fiscalía capitalina.
La situación en este centro es insostenible; esos ecos de dolor y desesperación ahora se han convertido en denuncias públicas y virales, no podemos cerrar los ojos a estas extorsiones sistemáticas, afirmó Rebeca Peralta.
Si bien la diputada verde ecologista del Distrito 14 de Iztapalapa fue apoyada por sus pares en su punto de acuerdo, no logró que en el Poder Legislativo local se considerara de urgente y obvia resolución el exhorto a la Subsecretaría del Sistema Penitenciario y a la Comisión de Derechos Humanos capitalina.
La diputada demandó especial atención a la situación de las niñas y niños que viven con sus madres al interior del centro de internamiento, para asegurar su bienestar físico y de salud mental, así como de seguridad integral en un ambiente de dignidad y legalidad.
“Los abusos y la violencia en el sistema penitenciario de nuestra ciudad no son un secreto a voces, son una cruda realidad documentada que exige nuestra acción inmediata”, insistió, a la vez que acotó que “una y otra vez hemos repetido que la privación de libertad restringe la libertad, pero jamás la dignidad humana; sin embargo, la teoría dista mucho de la práctica en nuestros centros de reclusión”.
Al presentar su propuesta desde la tribuna del Congreso de la Ciudad de México en sesión de la Comisión Permanente de ese recinto deliberativo, sin que contuviera el llanto por la forma que describió cómo viven las reclusas, Rebeca Peralta delineó que la situación del Centro Femenil de Reinserción Social es insostenible: “esos ecos de dolor y desesperación ahora se han convertido en denuncias públicas y virales”.
Dijo que no se puede ignorar la gran alarma, en medio de todo el caos, en alusión a los casi 40 pequeños que viven con sus madres en Santa Martha Acatitla; sus primeros años de vida, pasos y palabras están marcados por la realidad de un centro penitenciario donde se denuncian abusos, extorsiones y crueldad, por lo que el interés superior de la niñez solo es un discurso más.
“Lo único cierto es que las acusaciones son muchas y en cada una de ellas los nombres de las presuntas responsables son los mismos, comenzando por la directora del penal, Susana Itzel Ramírez Ramírez”, afirmó la congresista del Partido Verde Ecologista de México.
Argumentos de presas y familiares
Informa Gerardo Jiménez en otra información que presas y familiares han presentado por escrito distintas denuncias dirigidas a la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, por presuntas extorsiones y agresiones que padecen las internas.
Mediante oficios entregados en la Jefatura de Gobierno, familiares de las mujeres privadas de la libertad pidieron la intervención de la mandataria capitalina, pues aseguran que la vida de sus hijas corre peligro.
“En los últimos días ha sido víctima de abusos, golpes, extorsiones y de amenazas de muerte dentro del mismo centro”, explica una de las madres en un oficio del cual La Prensa tiene copia.
De acuerdo con fuentes del Gobierno capitalino, se han recibido en los últimos días por lo menos 10 denuncias acusando solicitudes de dinero a las internas por parte de un grupo de otras mujeres que están encarceladas.
Modus operandi
En los documentos, madres y familiares relatan el modus operandi de las extorsiones. Se asegura que la Jefa de Seguridad, de nombre Fabiola, y la directora Susana Ramírez Ramírez permiten estos ilícitos, al retirar la seguridad y custodia para que se cometan las extorsiones en todos los dormitorios del penal.
“Mi hermana Leticia fue detenida
y en los últimos días ha sido víctima de abuso (golpes) extorsión y amenazas de muerte dentro del mismo Centro, por internas que han ido afectando su salud en estas semanas; en ese sentido, las involucradas están haciendo pasar a mi hermana como la provocadora y la incitadora de problemas, cuando no es así”, solicita en su escrito una de las denunciantes, de la cual se omite el nombre por temor a represalias.
Agregó que, derivado de estos hechos, sufre ataques de epilepsia y no se le brindan medicamentos o atención médica para atenderse.
El 23 de junio pasado, Marlen, una interna de este penal, llamó a su mamá pidiéndole ayuda y asegurando que era extorsionada. La familia de la mujer se trasladó al penal, pero al llegar la directora del penal les informó que estaba muerta como reveló este diario.
Tras estos hechos, la madre de la víctima denunció que su hija era extorsionada y en distintos videos difundidos en redes sociales aseguró que el depósito monetario fue de 5.000 pesos (2.707 dólares) y se lo hizo a la directora del centro.
Por estos hechos, la Secretaría de Seguridad Ciudadana ha sido consultada para solicitarle una postura; no obstante, hasta el momento, la dependencia no ha respondido.
Narran que se llevó a cabo un despliegue operativo realizado por personal de la Marina y de la policía capitalina; durante la inspección fueron decomisadas consolas de videojuegos, celulares y pantallas.
El cateo forma parte de una investigación iniciada a mediados del mes de junio, luego de que se exhibiera en un video la aparente venta de diferentes tipos de drogas dentro del Centro de Reclusión Femenil Santa Martha Acatitla.
Además, en el lugar se aseguraron 1.193 dosis de cocaína en piedra, 133 dosis de cocaína en polvo, 1.016 dosis de marihuana, una navaja, ocho pipas, ocho molinos, dos paquetes de cigarros, 19 paquetes de sábanas para cigarros y tres memorias USB.
La mayoría de las personas que buscan ayuda para las reclusas están en situación de vulnerabilidad (madres de reclusas) y también temen represalias, pues han sido amenazadas los días de visita o, peor aún, porque “les pueden matar a sus hijas”, como sucedió con Marlen, una joven que fue extorsionada y murió hace unos días dentro de Santa Martha.
Piden informar a Sheinbaum y a Brugada
En uno de los relatos periodísticos del Diario Crónica, escrito por Jennifer Garlem, se informa que una de las internas comentó que lleva siete años dentro del penal, la otra lleva 16, y ambas aseguraron que nunca les habían cobrado derecho de piso en el lugar. Con súplicas y ruegos, pidieron a la madre de una de ellas que informara a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, o a la presidenta, Claudia Sheinbaum, lo que estaba pasando dentro del reclusorio.
“Tememos por nuestra vida porque está en riesgo; ya le están ofreciendo dinero a las chicas, entonces pues necesitamos que alguien nos escuche y ya hagan algo por favor. Vayan con la presidenta, con la jefa de Gobierno, no sé, algo mamá, yo ya no puedo estar así, ya no puedo. Se la pasan tarareándonos una y otra persona por donde pasamos.
“La verdad, tememos porque hasta a las mismas compañeras de aquí están comprando, les están las están ofreciendo dinero por hacer escritos en contra de nosotras, están ofreciendo material, droga, les están pagando con cigarros; les están ofreciendo cosas para que ellas caigan en este juego y entonces nos puedan perjudicar de alguna manera”.
Las denunciantes añadieron que hasta el momento no existen pruebas en contra de ellas, pero ellas sí tienen cómo demostrar que han sido víctimas de extorsión, amenazas y abuso de autoridad. Lamentablemente, las autoridades del penal han hecho caso omiso a sus denuncias.
“Estamos mal psicológicamente, estamos dañadas, no salimos, no comemos, tememos por nuestra vida todos los días; pedimos que nos ayuden porque si aquí nos dirigimos a las autoridades, las autoridades están coludidas con la directora. No sé por qué, no sé si por dinero, por miedo, pero no sé; entonces ahorita ya son más gentes que se están uniendo a ellas”.
Comentaron que más compañeras de las tiendas también han sido amenazadas, pero tienen temor de hablar, “quisieron apoyar, pero cuando nos vinieron a golpear, pues obviamente a ellas las intimidaron también y las amenazaron”.
“Todos los días es lo mismo, sufrimos un acoso laboral cuando se supone que nosotros aquí estamos internas. Esto ya se salió de control, nuestra vida está en riesgo y necesitamos que alguien haga algo inmediatamente”.
Ante extorsiones, la directora se queda de brazos cruzados
Las reclusas informaron que la directora de dicho penal, Susana Ramírez, y Andrés Ponce Aceituno, subsecretario de Sistema Penitenciario, se comprometieron a mejorar la calidad de vida de las internas, a que habría estabilidad y cero problemas. En cambio, comentaron que la directora, pese a estar enterada de la situación, no hace nada.
“No se me hace justo que tengamos esta vida solo porque la directora quiera más y más. Que tenga ambición de más y más”.
Revelaron que la directora recibe el cobro de piso, las concesiones de droga, de teléfonos, de alcohol, de cigarros; además de las concesiones de las tiendas, el cobro de los puestos, “está a cargo del cobro de todo. Entonces no es justo, ya no es normal”.
En 16 años no había ocurrido algo similar
“Nosotras estamos pagando un delito aquí, pero en 16 años que yo llevo en este lugar nunca se había visto eso. La directora es la máxima autoridad y es algo increíble, de verdad, que sea ella quien esté haciendo todo esto, cuando se supone que estamos a su resguardo. Tiene que velar por nuestra integridad física y emocional y está haciendo todo lo contrario”.
“Estamos mal, por favor ayúdennos, ayúdennos por favor, que alguien haga algo por favor ya”, suplicaron antes de finalizar la llamada.
AM.MX/fm
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