CARACAS, VENEZUELA.– El ruido de varias explosiones simultáneas despertó a Caracas, la madrugada del sábado 3 enero de 2026. En los alrededores de la base aérea de La Carlota y del complejo militar Fuerte Tiuna –donde se encontraba el presidente venezolano Nicolás Maduro–, llovió el infierno que lanzó Estados Unidos.

De acuerdo con Milenio, a medida que la onda expansiva de los bombardeos se alejaba del epicentro, el estruendo se fue haciendo más débil y a la casa de Sara*, residente del centro de la capital, llegó menguado. Fueron las llamadas de sus conocidos las que la despertaron. “¡Hay unas explosiones, están bombardeando!”, dijo al teléfono un amigo que vive cerca de uno de los puntos del ataque.

“Me levanté rapidito y vi por la ventana que una parte de la ciudad estaba a oscuras, cerca de Fuerte Tiuna. Enseguida escuché explosiones, los misiles. No vivo tan cerca, y por eso no era un sonido que habría podido despertarme, pero las personas que vivían por allí estaban aturdidas”, dice. Desde la torre en la que vive se divisa toda la ciudad, ella miraba igual de sorprendida que todos la caída de Nicolás Maduro.

El resto lo supo de las noticias y las redes sociales que sirven de sustituto, dice, ante el bloqueo del gobierno sobre la información que circula en este país sudamericano. El mismo 3 de enero, el diario estadounidense The New York Times relató con todo detalle la “Operación Resolución Absoluta”.

Un comando de fuerzas especiales aterrizó en Fuerte Tiuna desde helicópteros y capturó a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, antes de que pudieran resguardarse en un búnker. “Era una puerta muy gruesa, muy pesada. Pero no pudo llegar a esa puerta. Llegó a la puerta pero fue incapaz de cerrarla”, contó el presidente Donald Trump en conferencia de prensa

¿Hubo traición del círculo cercano de Nicolás Maduro?

Las fotos del dirigente chavista esposado en Nueva York, luego de atravesar el mar Caribe y el océano Atlántico, dieron la vuelta al mundo; al igual lo hizo la versión del gobierno estadounidense que relataba de un ataque cibernético, sumado al bombardeo de drones y misiles disparados por más de 150 aeronaves que paralizó la defensa de esta nación petrolera.

Sin embargo hay preguntas que están en boca de todos y que nadie ha podido responder aún. Si hubo alguna traición en el gobierno chavista que facilitó la captura de Maduro, diluyendo el relato heroico del operativo . Y si esto, de ser cierto, afectaría las negociaciones en curso con lo que quedó del gobierno descabezado, dirigido ahora por la exvicepresidenta Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo de mandataria interina luego de hablar con el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio.

“No tengo casi ninguna duda”, dice Javier*, uno de los pocos periodistas venezolanos que todavía cubre en el terreno lo más parecido a un conflicto armado internacional que ha visto el continente americano en este siglo. “La forma en que se ejecutó la extracción tiene varios rasgos que delatan algún grado de cooperación interna […]. La resistencia fue mínima, las bajas gringas, cero”.

La reportera Sebastiana Barráez, conocida por su manejo del tema militar venezolano, va incluso más allá al afirmar claramente en su pódcast que hubo “traición”. Otros también cuestionan que no se activara ninguno de los miles de misiles antiaéreos, comprados a lo largo de los 25 años que lleva el chavismo en el poder para enfrentar amenazas externas.

Mike Vigil, exjefe de operaciones de la DEA, no cree que haya sido traición del círculo de Maduro porque, de ser el caso, no le habrían disparado a uno de los helicópteros estadounidenses que aterrizó en Caracas. “Pero sí había gente dentro de Venezuela que no estaba de acuerdo con el régimen y que estaba dando información”.

En la ofensiva murieron cerca de un centenar de personas, según el conteo hecho por The New York Times. Oficialmente sólo se ha dado parte de 32 agentes cubanos fallecidos que formaban parte del primer anillo de protección de Maduro.

De momento, lo único que es seguro es que este caso aparece como el más reciente capítulo de una novela de espionaje que empezó hace tiempo y que marca el regreso del sheriff estadounidense a una parte del continente en la que se han implantado chinos, rusos, cubanos, iraníes y hasta libaneses, además de todo tipo de grupos armados con la bendición de Caracas.

“Vamos a gobernar Venezuela”, dijo abiertamente Donald Trump, quien ya no esconde que manejar las gigantes reservas de petróleo venezolano –303 mil millones de barriles– le interesa tanto o más que la lucha contra el narcotráfico que sirvió de pretexto para realizar la “Operación Lanza del Sur”.

Enseguida, amenazó directamente a Colombia e indirectamente a México, dos países que tienen en común el hecho de ser gobiernos de izquierda en un continente que vira a la derecha y epicentros del narcotráfico, repletos de riquezas naturales, como petróleo y minerales estratégicos.

Los rumores de guerra resonaban en el Palacio de Miraflores
Antes del operativo, hacía meses que reinaba la desconfianza en el palacio presidencial de Miraflores. Bajo el pretexto de combatir el narcotráfico, Estados Unidos estacionó desde agosto pasado frente a las costas venezolanas una gigantesca flota de buques de guerra, compuesta por una decena de navíos, entre ellos el mayor portaaviones nuclear del mundo y más de 15 mil soldados.

Cada día los aviones de caza F-18 y bombarderos B-52 se fueron haciendo más atrevidos, al punto que se pudo ver en la plataforma FlightRadar24 los vuelos que se adentraban al Golfo de Venezuela y rozaban la tierra, en un espacio aéreo por demás vacío de aviación comercial.

Ante los rumores de guerra que resonaban en los pasillos del palacio, la paranoia se impuso e incluso la fuente del primer círculo de negociadores chavistas con Estados Unidos –con la que hablaba la revista DOMINGA– dejó de contestar y hasta borró los registros de sus llamadas.

La posibilidad de una operación militar fue tomando cada vez más forma con el ataque a una instalación de productos químicos de la empresa Primazol, ocurrida el 18 de diciembre en el puerto de Maracaibo. Este bombardeo realizado con la ayuda de drones fue el primer ataque en tierra llevado a cabo por Washington, luego de haber bombardeado durante meses lanchas acusadas de transportar droga en el mar Caribe y el océano Pacífico, incluso cerca de Acapulco, México.

Exactamente 36 años después de que se entregara el general panameño Manuel Noriega a los estadounidenses, el 3 de enero de 1990, se llevó a cabo la captura de Maduro, considerada un “secuestro” por el gobierno venezolano.

Y la CIA volvió a cobrar relevancia, luego de haber sido relegada durante décadas a favor de la DEA. La agencia de espionaje fue la encargada de llevar a cabo la recolección de información para la Operación Resolución Absoluta, incluso a infiltrar el círculo de Maduro, lo que permitió ubicarlo para su captura.

Previamente, ya se había dado a conocer el intento de uno de sus agentes por tratar de “reclutar” al general Bitner Villegas, piloto personal del presidente venezolano. El audaz plan fue revelado por Marshall Billingslea, exsubsecretario del Tesoro para la Financiación del Terrorismo, cuando publicó una fotografía en X en la que se veía a Villegas sentado en un hangar de República Dominicana, con un enigmático post rotulado con un “¡Feliz cumpleaños ‘General’ Bitner!”.

El mensaje que los estadounidenses querían dar era que las negociaciones con algunos altos miembros del chavismo estaban lo suficientemente avanzadas como para fomentar una traición, cuenta el periodista Javier,* quien solicitó anonimato en medio de la persecución que arrecia contra la prensa tras la detención de Maduro. “Pero en el momento clave en que querían entregarlo […], este hombre se echó para atrás”.

El plan no parece tan descabellado si se tiene en cuenta las similitudes con la captura de dos sobrinos de Cilia Flores, la esposa de Maduro, arrestados en 2015 en Haití cuando intentaban negociar un envío de 800 kilos de cocaína a Estados Unidos. Luego fueron liberados en un canje de presos políticos. Sobre todo, en un país como Venezuela que ha vivido al menos tres golpes de Estado exitosos y cuatro fallidos.

Los ataques a embarcaciones de pescadores en el mar Caribe
La gran interrogante que se abre ahora que Nicolás Maduro se declaró inocente ante el tribunal de Nueva York que lo acusa de tráfico de armas y explosivos, es la de saber si la operación llevada a cabo por el sheriff del Tío Sam –con sus agencias de inteligencia– se sostendrá ante la ley.

“El ataque fue bien planeado pero algo que aprendí en mis 31 años dentro de la DEA: no se puede cometer un delito para capturar a un criminal […]. Lo que hizo Donald Trump es ilegal”, opina Mike Vigil, quien lamenta que el presidente no haya pedido permiso al Congreso para atacar a otra nación, como lo ordena la Constitución.

La legalidad de las operaciones estadounidenses está de hecho en duda desde que se empezaron a bombardear lanchas en el Caribe. A la fecha, estos ataques han causado más de 100 muertes, sin que se haya aportado ninguna prueba de la culpabilidad de los difuntos o sobrevivientes en los tribunales.

Una de las víctimas mortales fue Alejandro Carranza. Este colombiano salió a pescar en el mar Caribe el 15 de septiembre de 2025, cuando un ataque aéreo golpeó su embarcación y lo mató al instante, según narra Daniel Kovalic, el abogado de su familia, al compartir la petición interpuesta ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que se estudie su caso.

Ese ataque, asegura el abogado, es “una ejecución extrajudicial”, un “homicidio” cometido contra un hombre que había salido a pescar marlín y atún. Acerca de la posibilidad de que el colombiano hubiera estado narcotraficando, Kovalic asegura que no existe ninguna prueba debido al tipo de operación que se llevó a cabo y, de cualquier manera, “en Estados Unidos no hay pena de muerte para los delitos de narcotráfico. Así que no hay nada legal en lo que ha ocurrido aquí”.

En este marco, “México debería estar preocupado y tomar medidas para evitar participar en operaciones que resulten en ejecuciones extrajudiciales”, advierte Juanita Goebertus, directora de la división para las Américas de la oenegé Human Rights Watch. Al igual que los otros países que colaboran con estos actos.

Sin embargo, el hecho de que la condena de Trump en Estados Unidos de 2024 por falsificación de registros comerciales no le haya impedido ser reelecto y hacer y deshacer a su antojo el hemisferio, no parece albergar muchas esperanzas de justicia para las víctimas de estos operativos en un entorno en el que el derecho internacional cede cada día más espacio a la realpolitik.

La Operación Gedeón y otros intentos fallidos de capturar a Maduro
Quizá la mayor diferencia entre la manera en que opera Donald Trump y sus antecesores en la Casa Blanca sea la costumbre adoptada por el magnate republicano de publicitar todas sus acciones para controlar el relato público. Donde otros operaban en silencio, Trump hace show mediático.

Durante su primer mandato, entre 2017 y 2021, las operaciones encubiertas ya se habían vuelto más atrevidas de lo habitual. Ya no se trataba sólo de recaudar información y realizar otras labores básicas de inteligencia, sino que empresarios privados –ávidos de fama y dinero– comenzaron a fomentar complots.

Por más que el chavismo restara credibilidad a las denuncias de ver conspiraciones en todas partes y tomar cualquier pretexto para reprimir a la oposición, llegó a ser imposible pretender que dichas operaciones secretas eran imaginarias.

Josué*, por ejemplo, formó parte de la Operación Gedeón: un intento fallido urdido por desertores venezolanos –comandados por el exboina verde estadounidense Jordan Goudreau– para capturar a Maduro en 2020. La operación por tierra fue intervenida y el fracaso tan rotundo que al menos seis disidentes murieron en el intento de desembarco en las playas de La Guaira, cerca de Caracas, donde ya los esperaban miembros del ejército venezolano.

“En ese momento ya no había plan de seguir, sino de huir. Simplemente huir, resguardarse y poder salir de Venezuela en la menor cantidad de tiempo posible”, contó Josué en un encuentro en un barrio pobre del sur de Bogotá. Al igual que otros sobrevivientes de la Operación Gedeón, este expolicía fuerte y cachetón erró durante días en las montañas hasta llegar a refugiarse en Colombia, mientras las fuerzas especiales saqueaban su casa en Caracas.

Y aunque esta operación es conocida, hay otra que lo es mucho menos. En 2019, el primer mandato de Trump llegaba a su fin y la oposición venezolana quería aprovechar el momento, se juramentó presidente Juan Guaidó Márquez, asambleísta, al afirmar que Maduro había sido elegido de manera fraudulenta el año anterior.

Venezuela, más empobrecida que nunca, luego de al menos cinco años de crisis impulsada por la corrupción, el manejo estatal de la economía y las sanciones estadounidenses contra el petróleo –su principal producto de exportación–, pasó a tener dos presidentes simultáneos. Parecía encontrarse al borde de una guerra civil.

Entonces una serie de artistas realizaron un megaconcierto en la ciudad colombiana de Cúcuta. El evento fue financiado por el millonario británico Richard Branson, dueño de Virgin Group, para acompañar la entrada a la fuerza de un convoy de ayuda humanitaria al otro lado de la frontera.

Frente a las cámaras del mundo entero, el intento fue repelido por colectivos de civiles armados y guardias venezolanos en medio de una batalla campal con civiles encapuchados. No se disparó ninguna bala pero se incendiaron los camiones de ayuda humanitaria. Y aunque no logró su cometido, la operación llevó a la deserción de decenas de policías y militares venezolanos en una primera señal de que se desmoronaba la unidad del régimen.

Lo que no se ha contado es que Benito* no estuvo arriba de uno de los puentes que conecta a Colombia con Venezuela, donde lo habrían podido ver las cámaras de la prensa. Estaba debajo junto a una decena de hombres armados, dispuestos a entrar a la fuerza a su país para lanzar un golpe apoyado por la oposición, y ya negociado con altos mandos del chavismo, según aseguró en una entrevista llevada a cabo en la Zona T, un barrio acaudalado de Bogotá.

“Cuando dieron la sorpresa de que Guaidó dijo que no, que no autorizaba la entrada de nosotros, que era imposible, que le habían quedado mal los generales, que se cayó todo, pues. Allí nos quedamos en Cúcuta, como dos meses […]. Incluso Clíver Alcalá era el único general, el único militar que dijo que iba a entrar con nosotros. Que él entraba con nosotros porque todos los demás, puras palabras”, agregó con amargura este hombre pequeño y tatuado en los antebrazos.

El general Alcalá fue posteriormente capturado en Estados Unidos. Es el hombre que escribió a mediados de diciembre una explosiva carta en la que denunció nexos entre el gobierno de Maduro –al que perteneció–, el Cartel de los Soles –una alianza de militares y políticos acusados de narcotráfico– y la pandilla del Tren de Aragua, de la que existen células en la Ciudad de México. Se cree que su testimonio es una de las claves de la acusación contra Maduro en Estados Unidos.

Los tragos amargos de Gustavo Petro en Colombia

Las amenazas de intervencionismo de Donald Trump no se han limitado a Venezuela. “Me suena bien”, contestó el mandatario al ser consultado en el avión presidencial Air Force One sobre la posibilidad de llevar a cabo una operación en Colombia.

Más allá de las palabras, el gobierno estadounidense ha desatado una agresiva campaña en contra del presidente colombiano Gustavo Petro, al que ha llegado a incluir en la “lista Clinton” de personas asociadas al narcotráfico por Washington. Lo hizo no porque Petro estuviera directamente involucrado en este negocio, sino por supuestamente permitir el aumento del cultivo de coca a niveles históricos durante su mandato, hasta alcanzar 253 mil hectáreas en 2023, según información de la ONU.

Mas ese relato no se sostiene por sí solo. Primero porque Petro es un líder elegido democráticamente por más de 700 mil votos en 2022. Luego porque el aumento de cultivos se ha dado de una manera sostenida a lo largo del gobierno liberal de Juan Manuel Santos (2010-2018) y el conservador de Iván Duque (2018-2022), sin que ninguno fuera igualmente sancionado. Y finalmente porque no se ensaña de la misma manera con otros países igual de involucrados en el tráfico de estupefacientes.

Según el propio presidente ecuatoriano Daniel Noboa, citado por la BBC, 70% de la coca producida en Sudamérica sale por las costas de su país. Pero su cercanía con Trump parece evitarle los mismos tragos amargos que a Petro, quien no ha dudado en torearlo. Y ni siquiera la investigación de Organized Crime and Corruption Reporting Process, que demostró en 2025 que cargamentos de cocaína habían sido enviados a Europa en containers de banano de la empresa familiar Noboa Trading Co, ha afectado esa decisión.

Además, otro punto inquieta a numerosos expertos. La cruzada contra el narcotráfico que emprende Trump asegura buscar antes que nada salvar vidas estadounidenses. Pero menos de 30 mil sobredosis mortales fueron provocadas por la cocaína en 2023, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, contra más de 73 mil por opioides sintéticos, como el fentanilo y otro tanto por opioides legales que no se producen en Sudamérica. Además, Trump indultó al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años por narcotráfico.

Entonces, ¿cuál puede ser el interés de Estados Unidos en intervenir militarmente en el continente, más allá de restablecer la democracia?

El 16 de diciembre de 2025, Trump dio parte de la respuesta al asumir públicamente un hecho que debería preocupar a toda América Latina. El bloqueo militar llevado a cabo en el mar Caribe también es para que “devuelvan a Estados Unidos todo el petróleo, tierras y demás activos que previamente nos robaron”, dijo en referencia a la supuesta expropiación de bienes estadounidenses llevada a cabo por el chavismo. Sin precisar el alcance de lo que considera como su petróleo.

Esto tiene sentido. La nueva estrategia de seguridad estadounidense, ya apodada ‘Doctrina Donroe’, justifica el intervencionismo a partir de la lucha contra la inmigración, el narcotráfico y las incursiones extranjeras hostiles. Pero cabe preguntarse si México, que tiene petróleo, minerales raros y grandes grupos narcotraficantes en su territorio, no debería preocuparse por llegar a sufrir la misma suerte, luego de Colombia.

“Se tiene que hacer algo con México”, dijo Trump el 5 de enero de 2026, antes de afirmar que el país “está controlado por los cárteles”, poniendo en entredicho la labor del gobierno de Claudia Sheinbaum.

Para Arlene Ramírez, internacionalista y profesora de la Universidad Iberoamericana, “es bastante difícil” que las relaciones entre Estados Unidos y México lleguen a un punto de ruptura debido a que la administración Trump ha logrado obtener “una respuesta de acuerdo con sus intereses” por parte del gobierno de Sheinbaum.

Sin embargo, el simple hecho de que el asesor para la seguridad interior Stephen Miller propusiera atacar a los cárteles directamente en territorio mexicano, antes de cambiar de rumbo e interesarse en Venezuela, simplemente porque “buscaba una pelea”, debería alertar sobre el nivel de seguridad que puede tener México ahora en sus relaciones con la Casa Blanca.
(* Los nombres de los entrevistados con asterisco fueron cambiados por su seguridad.)
AM.MX/fm

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