• En medio del debate nacional sobre la exigencia de “pruebas contundentes” para señalar a funcionarios públicos, Manuel Roberto Farías Laguna acusa haber sido vinculado a proceso sin elementos suficientes y bajo un entorno de presión mediática y silencio institucional.
• La nueva carta enviada a la Presidencia de la República reabre el debate sobre presunción de inocencia, debido proceso y justicia selectiva, tras ocho meses de prisión y cinco solicitudes formales sin respuesta oficial.
ALMOLOYA DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.- Mientras desde el Gobierno Federal se exige públicamente que toda acusación esté sustentada en pruebas contundentes y no en simples señalamientos, en México existen ciudadanos que denuncian estar privados de su libertad sin acceso pleno a las pruebas, sin condiciones adecuadas de defensa y sin siquiera obtener respuesta institucional a sus llamados de auxilio.

Ese es el caso de Manuel Roberto Farías Laguna, quien este 10 de mayo de 2026 envió una nueva carta a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo denunciando presuntas violaciones a sus derechos fundamentales, irregularidades procesales y un estado de indefensión jurídica derivado de la negativa de distintas autoridades para entregarle información clave para su defensa.

La carta cobra especial relevancia porque se trata ya de la QUINTA misiva enviada directamente a la titular del Ejecutivo Federal sin que hasta el momento exista una respuesta formal, pública o institucional por parte de la Presidencia de la República.

Ese silencio institucional contrasta con los posicionamientos recientes de la propia Presidenta, quien ha sostenido en sus conferencias que para señalar o responsabilizar a cualquier persona deben existir “pruebas suficientes” y “elementos contundentes”.

(El debate ocurre además en medio de las recientes acusaciones y señalamientos provenientes de Estados Unidos contra diversos actores políticos de Sinaloa, entre ellos el gobernador Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza y otros funcionarios, casos en los que desde el Gobierno mexicano se ha insistido correctamente en la necesidad de pruebas y debido proceso antes de emitir juicios).

Sin embargo, Manuel Roberto Farías Laguna sostiene que en su caso ocurrió exactamente lo contrario.

De acuerdo con el contenido de la carta, el acusado afirma haber sido vinculado a proceso dentro de la causa penal 325/2025 sin pruebas fehacientes que acrediten circunstancias de tiempo, modo y lugar, además de denunciar que fue exhibido públicamente como culpable antes de su audiencia judicial, generando —según expone— un “efecto corruptor” que violentó su presunción de inocencia.

También denuncia que, después de ocho meses privado de la libertad, continúa sin acceso completo a la carpeta de investigación FED/FEMDO/FEIDRPIFAM-CDMX/000568/2024 y que información útil para acreditar su inocencia habría sido reservada bajo argumentos de seguridad nacional.

El punto central del reclamo no es político, sino jurídico y constitucional: si el Gobierno de México sostiene que nadie puede ser condenado sin pruebas, ese criterio debe aplicarse para todos los ciudadanos por igual y no únicamente en los casos políticamente convenientes.

La falta de respuesta a cinco cartas consecutivas enviadas a la Presidencia no solo profundiza la percepción de abandono institucional denunciada por el acusado y su familia, sino que alimenta cuestionamientos sobre la congruencia entre el discurso público sobre justicia y la actuación real de las instituciones encargadas de procurarla.

La justicia no puede depender del contexto político.
La presunción de inocencia no puede aplicarse selectivamente.
Y el derecho de defensa no puede quedar subordinado al silencio institucional.
AM.MX/fm

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CIUDAD DE MÉXICO.- La desigualdad en plataformas digitales representa una nueva amenaza para la vida pública y la privacidad. Así lo advirtió el antropólogo Néstor García Canclini durante una conferencia en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la UNAM.

De acuerdo con Cadena Política, el especialista señaló que los usuarios se han convertido en “ciudadanos monitoreados” por las grandes corporaciones tecnológicas. Al utilizar correos electrónicos y redes sociales, las personas entregan constantemente datos sobre sus gustos, rutas y afectos. Esta dinámica transforma la participación ciudadana en un insumo para mecanismos de control y vigilancia masiva.

El investigador explicó que las tecnologías digitales prometieron inicialmente espacios más horizontales para la sociedad. Sin embargo, con el tiempo consolidaron una preocupante concentración de poder. La desigualdad en plataformas digitales surge porque pocas empresas controlan la información global en alianza con diversos gobiernos. Aunque las redes sociales sirven para organizar marchas y peticiones, también funcionan como herramientas de monitoreo constante. García Canclini sostiene que hemos transitado de una sociedad civil participativa hacia una “sociedad de vigilancia” administrada por algoritmos.

La llegada de la inteligencia artificial a finales de 2022 aceleró estas disputas de poder. Según el académico, las interacciones digitales ahora dependen de sistemas que administran la información de forma individualizada. Esto fragmenta la opinión pública y reduce los espacios colectivos de discusión, como las asambleas o la prensa tradicional. El diseño de los teléfonos móviles favorece el aislamiento en lugar de la convivencia comunitaria. Esta tendencia debilita la capacidad de los ciudadanos para construir agendas públicas compartidas y defender sus derechos frente a las plataformas.

La gestión algorítmica de la información ha desplazado la hegemonía de los medios masivos tradicionales. Antes, la radio y la televisión construían una conversación social más colectiva, a pesar de sus sesgos. Hoy, la desigualdad en plataformas digitales se manifiesta en cómo los algoritmos deciden qué vemos y con quién conversamos. En la sociedad de 2026, esta dependencia tecnológica redefine las jerarquías sociales y el acceso al conocimiento. Asimismo, la economía tecnológica en 2026 prioriza la monetización de datos personales sobre el bienestar del usuario final.

Por ahora, los estudios de comunicación buscan mecanismos para proteger a las audiencias digitales. García Canclini subrayó la necesidad de recuperar la conversación comunitaria frente al individualismo que imponen las aplicaciones móviles. El reto actual es humanizar la tecnología para evitar que los algoritmos dicten la totalidad de nuestra vida pública. Las instituciones académicas deben liderar este análisis para proponer alternativas que garanticen una participación digital más justa y equitativa.
AM.MX/fm

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CIUDAD DE MÉXICO.- La recién nombrada titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), Columba Jazmín López Gutiérrez, tiene el gran reto de evitar un colapso estructural en el campo mexicano, ya que México tiene la realidad de un campo que ha sido tratado más como una estadística de exportación que como el motor de la soberanía de un país y la crisis agrícola en la nación mexicana se ha vuelto estructural, aseguró Álvaro López Ríos, Secretario General de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas.

El problema no es solo la volatilidad de los precios internacionales en mercados como la Bolsa de Chicago, sino una serie de fallas internas que han dejado al productor en total vulnerabilidad, remarcó el dirigente de la UNTA ante medios de comunicación.

El campo mexicano enfrenta una crisis estructural profundizada por el fenómeno climático de El Niño 2026 y una dependencia tecnológica de insumos importados, lo que ha generado vulnerabilidad ante la volatilidad de los precios internacionales.

La falta de soberanía alimentaria, sumada al abandono de las 59 razas de maíz nativo en favor de híbridos comerciales, ha desplazado a los productores locales y mermado la rentabilidad, argumentó Álvaro López Ríos.

Señaló Álvaro López Ríos, que el campo mexicano vive tiempos de crisis no solo por los eventos mundiales, sino por obstáculos propios de cada entidad y los precios de los granos, a esto se enfrentará la recién nombrada Secretaria de Agricultura, Columba Jazmín López Gutiérrez.

Confío el dirigente campesino que esta nueva funcionaria no asuma una actitud igual que la de su antecesor, Julio Berdegué, quien evitaba reunirse con los pequeños y medianos agricultores para escucharlos en sus demandas y propuestas y sólo aceptaba reuniones con dirigentes empresariales nacionales o internacionales.

También destacó “quizá una mayor preocupación de quien encabeza ya la SADER, es quiénes le ayudarán en su encomienda, Lionel Cota, Víctor Suarez y sus asociados dentro de la dependencia, que han demostrado que sólo juegan para ellos y son para efectos prácticos enemigos de la Agricultura productiva, tendrá en pocas semanas, la prueba de fuego en sus manos ante los maiceros, en Sinaloa pues desde hace 19 meses, la añorada cosecha de maíz blanco de 6,5 millones de toneladas, difícilmente alcanzará las 3.7 millones de toneladas, con unos precios internacionales bastante bajos con lo cual veremos qué tanta cercanía real tiene la Secretaria de Agricultura con la Presidenta Claudia Sheinbaum para apoyar la producción de este grano de consumo nacional.

Álvaro López Ríos le dejó en claro a la Secretaría de Agricultura el futuro del agro mexicano depende de si se rompe el cabildeo de las transnacionales en la SADER. Si la política sigue siendo de “simulación” con transferencias de efectivo en lugar de construir infraestructura científica nacional, el campo enfrentará un abandono masivo y una mayor dependencia alimentaria de EE. UU.

El mayor riesgo para el productor mexicano es la volatilidad externa, por lo que el Estado debe fortalecer los Precios de Garantía diferenciados: Para este 2026, ya se han establecido precios como $7,200 por tonelada para maíz híbrido y $8,200 para maíz nativo. El Estado debe asegurar que estos precios cubran realmente los costos de producción, que han subido por la inflación y los insumos.

Además, apuntó el dirigente de la UNTA, es urgente crear una Reserva Estratégica de Granos y, para ello, se requiere implementar mecanismos de pignoración de granos con respaldo estatal para que los productores no tengan que malbaratar su cosecha en épocas de sobreoferta o crisis geopolítica.

Algo muy importante es Blindar el Presupuesto al Sector Primario ya que actualmente, el presupuesto para Agricultura en 2026 muestra un incremento nominal mínimo del 0.9%, lo que en términos reales (ajustado por inflación) representa un recorte.

Integrar a la Agricultura Comercial y no abandonar a los productores medianos y comerciales de estados como Sinaloa o Jalisco, quienes garantizan el volumen de alimentos para las ciudades y actualmente se sienten excluidos de los apoyos.
AM.MX/fm

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CIUDAD DE MÉXICO.- La figura de Alejandro Martínez Araiza, secretario general del Sindicato Nacional de Alimentos y del Comercio (SNAC), atraviesa su peor momento político y operativo. Lo que antes se gestionaba como un conflicto interno bajo la sombra de un cacicazgo heredado, hoy se ha convertido en un riesgo sistémico para la estabilidad comercial de México frente a sus socios del norte.

El dirigente, apodado en los pasillos sindicales como “El Principito”, enfrenta un aislamiento total tras confirmarse su exclusión de las mesas estratégicas del Gobierno Federal y su derrota política en la Confederación de Trabajadores de México (CTM).

Una apuesta fallida y el vacío en la CTM

La falta de oficio político de Martínez Araiza quedó en evidencia tras el reciente proceso de sucesión en la CTM. En un intento por escalar al primer nivel de influencia de la central obrera, el dirigente del SNAC invirtió cuantiosos recursos de las cuotas sindicales para financiar la campaña de Fernando Salgado Delgado. Sin embargo, la victoria de Tereso Medina Ramírez como nuevo secretario general sepultó las aspiraciones de Araiza de convertirse en secretario general adjunto.

Este error de cálculo no solo lo dejó fuera del círculo de poder cetemista, sino que lo posiciona como un “dirigente de medio pelo” sin interlocución con el liderazgo que hoy encabeza las negociaciones del capítulo 23 del T-MEC junto al secretario Marcelo Ebrard.

A pesar de proyectar una imagen de “sindicalista moderno” con supuestos aliados en Washington, la realidad se impuso cuando el Gobierno Mexicano conformó el Consejo Asesor para las negociaciones comerciales que inician este mayo. Martínez Araiza no aparece en las listas del “cuarto de junto” ni en ninguna mesa de consulta. Al ser cuestionado sobre sus vínculos en Estados Unidos, el dirigente no pudo acreditar los apoyos que presumía, revelando que su supuesta influencia era un simple “bluff” mediático.

Para las empresas estadounidenses que reciben servicios del SNAC, la permanencia de Araiza es una amenaza legal. Bajo el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR), cualquier violación a la democracia sindical puede derivar en sanciones comerciales directas. Con la revisión del tratado en 2026 en el horizonte, la falta de legitimidad de Araiza es un pasivo que el sector empresarial ya no está dispuesto a tolerar.

Corrupción y años de ilegalidad

El descontento interno ha escalado ante la desaparición de 500 millones de pesos del patrimonio sindical, recursos de los cuales Araiza no ha rendido cuentas ni a los trabajadores ni a la Secretaría del Trabajo. A esto se suma la denuncia de trabajadores por el descuento injustificado del 5% de sus salarios.

La crisis se agrava con dos frentes adicionales:

Ilegalidad Electoral: Se cumple un año de una reelección considerada nula por abogados y disidentes, quienes señalan 11 causales de ilegalidad, incluyendo el uso de un padrón no verificado y la exclusión del 89% de los trabajadores con derecho a voto.

Simulación Tecnológica: El lanzamiento de la plataforma “La Rebel” ha sido denunciado como un mecanismo para desplazar a los delegados sindicales humanos por formularios automatizados. Además, existe incertidumbre sobre si esta tecnología fue financiada con cuotas sindicales pero registrada a título personal de Araiza, repitiendo el esquema usado con la marca del sindicato ante el IMPI.

Con oficinas de lujo en Polanco y escoltas pagados por el gremio, Martínez Araiza opera con una lógica del pasado en un entorno que exige transparencia absoluta. El margen para la simulación se ha agotado; hoy, el “Principito” se queda sin reino y sin aliados en la víspera de la renegociación comercial más importante de la década.

AM.MX/fm

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