SAN FRANCISCO, CALIFORNIA.- Un subcomandante general testificó este lunes que a las fuerzas militares llamadas para ayudar con las redadas de inmigración en Los Ángeles se les permitió tomar algunas medidas de aplicación de la ley, pese a que una ley federal que prohíbe al presidente utilizar a las fuerzas armadas como fuerza policial nacional.

De acuerdo con la agencia AP, el mayor general Scott Sherman afirmó que los militares asignados para asistir en operaciones nacionales pueden proteger la propiedad federal y a los agentes federales en su misión de llevar a cabo operaciones federales. Añadió que podrían tomar ciertas medidas policiales, como establecer un perímetro de seguridad fuera de las instalaciones federales, si un comandante en el terreno se siente inseguro.

Sherman testificó al inicio de un juicio de tres días sobre si la administración del presidente Donald Trump violó la Ley Posse Comitatus de 1878 al desplegar soldados de la Guardia Nacional y marines estadunidenses en Los Ángeles tras las protestas de junio por las redadas migratorias.

La ley generalmente excluye a los militares de las fuerzas del orden civiles. Trump ha traspasado los límites de la actividad militar habitual en territorio nacional, incluso mediante la creación de zonas militarizadas a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México.

Este lunes, Trump dijo que estaba desplegando la Guardia Nacional en Washington, DC, y asumiendo el control del departamento de policía de la ciudad con la esperanza de reducir el crimen, incluso cuando el alcalde señaló que el crimen está disminuyendo en la capital de la nación.

La administración Trump federalizó a los miembros de la Guardia Nacional de California y los envió a la segunda ciudad más grande de Estados Unidos a pesar de las objeciones del gobernador demócrata Gavin Newsom y los líderes de la ciudad después de que estallaran las protestas el 7 de junio cuando agentes de Inmigración y Control de Aduanas arrestaron a personas en varios lugares.

El Departamento de Defensa ordenó el despliegue de aproximadamente 4 mil efectivos de la Guardia Nacional de California y 700 infantes de marina en Los Ángeles. La mayoría de los efectivos se han marchado ya, pero aún quedan 250 miembros de la Guardia Nacional, según las últimas cifras proporcionadas por el Pentágono.

California le pide al juez Charles Breyer que ordene a la administración Trump devolver el control de las tropas restantes al estado y evitar que el gobierno federal utilice tropas militares en California “para ejecutar o ayudar en la ejecución de la ley federal o cualquier función de aplicación de la ley civil por parte de cualquier agente u oficial federal”.

Newsom obtuvo una victoria temprana frente a Breyer, quien encontró que la administración Trump violó la Décima Enmienda de la Constitución, que define el poder entre los gobiernos federal y estatal, y excedió su autoridad.

La administración Trump apeló de inmediato, argumentando que los tribunales no pueden cuestionar las decisiones del presidente. Logró una suspensión temporal, permitiendo que el control de la Guardia Nacional de California permanezca en manos federales mientras se desarrolla la demanda.

Después de su despliegue, los miembros de la guardia acompañaron a los oficiales federales de inmigración en redadas en Los Ángeles y en dos sitios de cultivo de marihuana en el condado de Ventura, mientras que los marines en su mayoría montaron guardia alrededor de un edificio federal en el centro de Los Ángeles que incluye un centro de detención en el centro de las protestas.

Desde junio, agentes federales han detenido a inmigrantes sin permiso de residencia en Estados Unidos en tiendas Home Depot, lavaderos de autos, paradas de autobús y granjas. Algunos ciudadanos estadunidenses también han sido detenidos.

Trump federalizó a los miembros de la Guardia Nacional de California bajo una ley que permite al presidente llamar a la Guardia Nacional al servicio federal cuando el país “es invadido”, cuando “hay una rebelión o peligro de rebelión contra la autoridad del Gobierno”, o cuando el presidente no puede “ejecutar las leyes de los Estados Unidos”.

Breyer consideró que las protestas en Los Ángeles “están muy lejos de ser una ‘rebelión’”.

Ernesto Santacruz Jr., director de la oficina de campo del Departamento de Seguridad Nacional en Los Ángeles, dijo en documentos judiciales que las tropas eran necesarias porque la policía local tardó en responder cuando una multitud se reunió afuera del edificio federal para protestar por los arrestos de inmigración del 7 de junio.

“La presencia de la Guardia Nacional y la Infantería de Marina ha desempeñado un papel esencial en la protección de la propiedad y el personal federal de las turbas violentas”, dijo Santacruz.
AM.MX/fm

WASHINGTON, D.C.- El Mencho denunció al empresario Ramón Alexandro Rovirosa Martínez según el Departamento de Estado de Estados Unidos tras sobornos en Petróleos Mexicanos (Pemex) bajo la gestión de Octavio Oropeza.

Con información de Diario Reforma, adicionalmente de las acusaciones de los sobornos en Pemex, El Departamento de Estado de Estados Unidos también vincula al empresario Ramón Alexandro Rovirosa Martínez con miembros del narcotráfico.

Señalamiento que de acuerdo con Guacamaya Leaks el vínculo sería con el grupo criminal de “Los Zetas”, según la denuncia atribuida a Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Según Guacamaya Leaks con documentos de filtraciones de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), existe un correo “acreditado” a El Mencho, líder del CJNG, en el que se ofrecía hasta ’10 millones de dólares’ por datos que revelaran la relación con el tabasqueño Marcos Manzanilla Fojaco.

Pero además, según esta acusación el empresario Ramón Alexandro Rovirosa Martínez y Marcos Manzanilla Fojaco son dueños de Roma Energy México y Tubular Technology, compañías dedicadas a la exploración petrolera y que señalan habrían recibido más de 150 millones de pesos en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

En el documento se indicaba además que se darían los 10 millones de dólares por información sobre los dueños de la empresa Tubular Technology, empresa asociada de los contratos “CNH-R02-L03-VC01-2018 y CNH-R01-L03-A16-2015″.

Asimismo se mencionaba que los verdaderos dueños de la empresa Roma Energy México y VLOQUE, SAPI de CV, son Marco Manzanilla Fojaco y Alejandro Rovirosa Martínez, “quienes ostentan una fortuna entre los 2,000 y 3,000 millones con origen de la extorsión, cobro de pisos, secuestros u homicidios al ser señalados de haber sido operadores de Los Zetas”, según la denuncia de El Mencho.

Además se sabe que Marcos Manzanilla fue detenido el 7 de julio de 2017 con armas, drogas y casi 2 millones de dólares en efectivo, por ello se le había abierto una averiguación previa PGR-FED-TAB-VHSA-0000666-2017 en la delegación de la entonces PGR en Tabasco.

Con base a la misma denuncia Marcos Manzanilla fue liberado por la intervención del entonces Gobernador de Tabasco, Arturo Núñez.

Acusan además que se mantendría en su nómina a mandos medios de la Marina, Sedena y Policía Federal, incluso a personal de la SEIDO, a quienes pagaría sobornos que van de 100 a 500 mil pesos mensuales.
AM.MX/fm

SAN FRANCISCO, CALIFORNIA.- Un subcomandante general testificó este lunes que a las fuerzas militares llamadas para ayudar con las redadas de inmigración en Los Ángeles se les permitió tomar algunas medidas de aplicación de la ley, pese a que una ley federal que prohíbe al presidente utilizar a las fuerzas armadas como fuerza policial nacional.

De acuerdo con la agencia AP, el mayor general Scott Sherman afirmó que los militares asignados para asistir en operaciones nacionales pueden proteger la propiedad federal y a los agentes federales en su misión de llevar a cabo operaciones federales. Añadió que podrían tomar ciertas medidas policiales, como establecer un perímetro de seguridad fuera de las instalaciones federales, si un comandante en el terreno se siente inseguro.

Sherman testificó al inicio de un juicio de tres días sobre si la administración del presidente Donald Trump violó la Ley Posse Comitatus de 1878 al desplegar soldados de la Guardia Nacional y marines estadunidenses en Los Ángeles tras las protestas de junio por las redadas migratorias.

La ley generalmente excluye a los militares de las fuerzas del orden civiles. Trump ha traspasado los límites de la actividad militar habitual en territorio nacional, incluso mediante la creación de zonas militarizadas a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México.

Este lunes, Trump dijo que estaba desplegando la Guardia Nacional en Washington, DC, y asumiendo el control del departamento de policía de la ciudad con la esperanza de reducir el crimen, incluso cuando el alcalde señaló que el crimen está disminuyendo en la capital de la nación.

La administración Trump federalizó a los miembros de la Guardia Nacional de California y los envió a la segunda ciudad más grande de Estados Unidos a pesar de las objeciones del gobernador demócrata Gavin Newsom y los líderes de la ciudad después de que estallaran las protestas el 7 de junio cuando agentes de Inmigración y Control de Aduanas arrestaron a personas en varios lugares.

El Departamento de Defensa ordenó el despliegue de aproximadamente 4 mil efectivos de la Guardia Nacional de California y 700 infantes de marina en Los Ángeles. La mayoría de los efectivos se han marchado ya, pero aún quedan 250 miembros de la Guardia Nacional, según las últimas cifras proporcionadas por el Pentágono.

California le pide al juez Charles Breyer que ordene a la administración Trump devolver el control de las tropas restantes al estado y evitar que el gobierno federal utilice tropas militares en California “para ejecutar o ayudar en la ejecución de la ley federal o cualquier función de aplicación de la ley civil por parte de cualquier agente u oficial federal”.

Newsom obtuvo una victoria temprana frente a Breyer, quien encontró que la administración Trump violó la Décima Enmienda de la Constitución, que define el poder entre los gobiernos federal y estatal, y excedió su autoridad.

La administración Trump apeló de inmediato, argumentando que los tribunales no pueden cuestionar las decisiones del presidente. Logró una suspensión temporal, permitiendo que el control de la Guardia Nacional de California permanezca en manos federales mientras se desarrolla la demanda.

Después de su despliegue, los miembros de la guardia acompañaron a los oficiales federales de inmigración en redadas en Los Ángeles y en dos sitios de cultivo de marihuana en el condado de Ventura, mientras que los marines en su mayoría montaron guardia alrededor de un edificio federal en el centro de Los Ángeles que incluye un centro de detención en el centro de las protestas.

Desde junio, agentes federales han detenido a inmigrantes sin permiso de residencia en Estados Unidos en tiendas Home Depot, lavaderos de autos, paradas de autobús y granjas. Algunos ciudadanos estadunidenses también han sido detenidos.

Trump federalizó a los miembros de la Guardia Nacional de California bajo una ley que permite al presidente llamar a la Guardia Nacional al servicio federal cuando el país “es invadido”, cuando “hay una rebelión o peligro de rebelión contra la autoridad del Gobierno”, o cuando el presidente no puede “ejecutar las leyes de los Estados Unidos”.

Breyer consideró que las protestas en Los Ángeles “están muy lejos de ser una ‘rebelión’”.

Ernesto Santacruz Jr., director de la oficina de campo del Departamento de Seguridad Nacional en Los Ángeles, dijo en documentos judiciales que las tropas eran necesarias porque la policía local tardó en responder cuando una multitud se reunió afuera del edificio federal para protestar por los arrestos de inmigración del 7 de junio.

“La presencia de la Guardia Nacional y la Infantería de Marina ha desempeñado un papel esencial en la protección de la propiedad y el personal federal de las turbas violentas”, dijo Santacruz.
AM.MX/fm

WASHINGTON, D.C.- El Mencho denunció al empresario Ramón Alexandro Rovirosa Martínez según el Departamento de Estado de Estados Unidos tras sobornos en Petróleos Mexicanos (Pemex) bajo la gestión de Octavio Oropeza.

Con información de Diario Reforma, adicionalmente de las acusaciones de los sobornos en Pemex, El Departamento de Estado de Estados Unidos también vincula al empresario Ramón Alexandro Rovirosa Martínez con miembros del narcotráfico.

Señalamiento que de acuerdo con Guacamaya Leaks el vínculo sería con el grupo criminal de “Los Zetas”, según la denuncia atribuida a Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Según Guacamaya Leaks con documentos de filtraciones de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), existe un correo “acreditado” a El Mencho, líder del CJNG, en el que se ofrecía hasta ’10 millones de dólares’ por datos que revelaran la relación con el tabasqueño Marcos Manzanilla Fojaco.

Pero además, según esta acusación el empresario Ramón Alexandro Rovirosa Martínez y Marcos Manzanilla Fojaco son dueños de Roma Energy México y Tubular Technology, compañías dedicadas a la exploración petrolera y que señalan habrían recibido más de 150 millones de pesos en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

En el documento se indicaba además que se darían los 10 millones de dólares por información sobre los dueños de la empresa Tubular Technology, empresa asociada de los contratos “CNH-R02-L03-VC01-2018 y CNH-R01-L03-A16-2015″.

Asimismo se mencionaba que los verdaderos dueños de la empresa Roma Energy México y VLOQUE, SAPI de CV, son Marco Manzanilla Fojaco y Alejandro Rovirosa Martínez, “quienes ostentan una fortuna entre los 2,000 y 3,000 millones con origen de la extorsión, cobro de pisos, secuestros u homicidios al ser señalados de haber sido operadores de Los Zetas”, según la denuncia de El Mencho.

Además se sabe que Marcos Manzanilla fue detenido el 7 de julio de 2017 con armas, drogas y casi 2 millones de dólares en efectivo, por ello se le había abierto una averiguación previa PGR-FED-TAB-VHSA-0000666-2017 en la delegación de la entonces PGR en Tabasco.

Con base a la misma denuncia Marcos Manzanilla fue liberado por la intervención del entonces Gobernador de Tabasco, Arturo Núñez.

Acusan además que se mantendría en su nómina a mandos medios de la Marina, Sedena y Policía Federal, incluso a personal de la SEIDO, a quienes pagaría sobornos que van de 100 a 500 mil pesos mensuales.
AM.MX/fm