TUXTLA GUTIÉRREZ.— Chiapas se sumó a los estados que han incorporado en su Código Penal la denominada Ley Ingrid, una reforma que busca proteger la dignidad de las víctimas y sancionar a los servidores públicos que filtren videos, fotografías o información contenida en carpetas de investigación.
Con 36 votos a favor, el Congreso de Chiapas aprobó la adición del artículo 424 bis al Código Penal en materia de delitos cometidos en la procuración e impartición de justicia. Quienes incurran en este delito podrán enfrentar penas de prisión que van desde los 24 meses hasta los seis años.
La propuesta fue impulsada por la diputada del Partido del Trabajo, Elvira Catalina Aguiar Álvarez, quien recordó que la Ley Ingrid surgió luego de que en 2020, se filtraran imágenes del feminicidio de Ingrid Escamilla, ocurrido en la Ciudad de México. Desde entonces, familiares de víctimas y colectivos feministas han demandado que se establezcan sanciones contra funcionarios que difundan material sensible.
Destacó que en Chiapas también se han registrado casos de este tipo, como el de dos hermanas indígenas de 14 y 18 años asesinadas en San Juan Chamula este año, cuyas fotografías circularon en redes sociales a las pocas horas de ocurrido el crimen. “Se le están poniendo límites a la insensibilidad, al morbo y al lucro con el dolor ajeno”, afirmó.
Aprueba @congresoChis #LeyIngrid. Reforma artículo 424 Bis del #CódigoPenal estatal. La pena es de dos a seis años de prisión a cualquier #ServidorPúblico que difunda, filtre o exponga imágenes, videos o información de víctimas de agresiones, particularmente #Feminicidios.… pic.twitter.com/lit3E95yEh
— Gabriela Coutiño (@GabyCoutino) August 28, 2025
La diputada del Partido del Trabajo aclaró que la reforma está dirigida a los servidores públicos y no pretende coartar la libertad de expresión, aunque sí es un llamado a periodistas y medios de comunicación a reflexionar sobre sus coberturas y evitar la revictimización.
Mientras que el presidente de la Mesa Directiva de la 69 Legislatura local, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, expuso que principal y desafortunadamente quienes comparten las imágenes en Chiapas “han sido servidores públicos”, por lo que “esta ley va enfocada únicamente para ellos“.
Tras la aprobación, familiares de mujeres asesinadas en Chiapas consideraron positiva la medida, pero advirtieron que el reto será garantizar su aplicación. “Se espera que con esta ley no haya revictimización, porque en donde nos paramos para pedir apoyo recibimos burlas”, señaló Maricruz Velasco Nájera, madre de Karla Yesenia Gómez, joven asesinada en 2018 en Tuxtla Gutiérrez.
Con esta aprobación, Chiapas se suma a los estados que han adoptado la Ley Ingrid en su marco legal. Sin embargo, familiares y colectivos insistieron en que no basta con aprobar leyes, sino que deben cumplirse. “Se escuchan bonitas, pero solas no se ejercerán”, advirtió Adriana Gómez, madre de Jade Guadalupe, hallada muerta en 2020.
Desde la colectiva @50mas1Chiapas celebramos la reciente aprobación en el Congreso local de la
llamada #LeyIngrid, una reforma al Código Penal del estado que representa un avance
significativo en la protección de los derechos humanos de las víctimas de feminicidio y otras… pic.twitter.com/c4gohgUlRX— 50+1 (@50mas1Mx) August 28, 2025
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EM/dsc
