Denegada la solicitud de empréstito para obra pública productiva del Ejecutivo estatal

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Denegada la solicitud de empréstito para obra pública productiva del Ejecutivo estatal

MERIDA.- Con 14 votos a favor y 11 en contra, no se aprobó la iniciativa del Ejecutivo estatal para contratar uno o más empréstitos hasta por 1,728 millones de pesos que se destinarían a inversiones públicas productivas para la reactivación económica del estado en los ejercicios fiscales 2020-2021.

Lo anterior, por no conseguir las dos terceras partes del pleno de los legisladores (es decir, 17 votos), como lo establece el artículo 117 fracción octava de la Constitución Política de Yucatán. Al ser así, la iniciativa regresó a la comisión de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal.

En la discusión del tema, Victor Sánchez Roca (PAN) manifestó que este crédito es la única posible y probable, sin apoyo de la federación y con poca recaudación por lo que no se está poniendo en riesgo al Estado; al igual que agregó que para este tema “muchas diferencias son por afinidad de partidos políticos”.

En su turno, Leticia Euán Mis (Morena) argumentó que al igual que el gobierno federal, los estatales en turno deben apretarse el cinturón durante esta contingencia sanitaria, dando prioridad de los apoyos para los más pobres y vulnerables del país, por lo que su voto es en contra de más deuda para Yucatán.

Por otro lado, Lila Frías Castillo (PRI) indicó que “nadie va a ser más bueno por aprobarlo y nadie va a ser más malo por rechazarlo, simplemente cada quien tiene que asumir su papel frente a la historia, la decisión que tuvo que tomar en este preciso momento, y será la historia quien juzgue nuestro actuar”; al igual que expresó que resistirá el embate de quienes tienen malas intenciones y respetará cualquiera que sea la voluntad de la mayoría o la voluntad de la minoría que no permita que se alcance la aprobación de esta iniciativa.

Del mismo modo, Fátima Perera Salazar (Morena) señaló que nada asegura que todas las familias yucatecas contarán con este beneficio, además de que es notable la descalificación y la independencia de las y los diputados en sus opiniones y decisiones, por parte del Ejecutivo estatal, “que se muestra autocrático en denostar a quienes no piensan igual”.

Por otro lado, Marco Rodríguez Ruz (PRI) expresó que está de acuerdo en apoyar a la ciudadanía pero no es válido enfrentar a los ciudadanos con los diputados, cómo lo hizo el Ejecutivo estatal, porque es una falta de respeto para todos los que conforman esta soberanía; añadió que se han buscado construir otras maneras para que el Gobierno estatal cuente con los recursos económicos sin necesidad de endeudar, al igual que recordó que existen 22 licitaciones de obras a contratar y existe ahorro en la Secretaría de Educación, al suspenderse las clases.

Alejandro Cuevas Mena (PRD) propuso al pleno de los diputados donar la mitad de su sueldo, al igual que al Poder Judicial y Ejecutivo, además de reducir los gastos superfluos, para apoyar a los ciudadanos, porque “el camino es la austeridad para el ahorro público”.

Miguel Rodríguez Baqueiro (PAN) mencionó que se puede ayudar a la sociedad con esta iniciativa que no solo fue hecha por parte del Ejecutivo estatal, sino se hizo en conjunto con la sociedad civil organizada, empresarios y sindicatos.

Miguel Candila Noh (Morena) sentenció que solo a un sector le llegaría el apoyo de aprobarse este crédito y recordó que el proyecto del tren maya será a largo plazo, que tendrá una derrama de dinero durante varios años, sin solicitar deuda.

En asuntos generales, Silvia López Escoffié (MC) advirtió que la ley seca aplicada en el estado ha causado muertes, detenidos, intoxicaciones y un alza de quejas por violencia intrafamiliar, además que ha aumentado la venta clandestina, los robos en agencias e incluso, la comercialización de alcohol adulterado.

Ante ello, pidió a la Secretaría de Salud analizar la aplicación de la Ley Seca para presentar los resultados obtenidos de la misma y a la Secretaría de Seguridad Pública para que brinden información de las investigaciones sobre los puntos de venta de alcohol clandestino y se castiguen a los responsables, al igual que al Gobierno del Estado un estudio profundo de los beneficios de esta medida.