Ciudad de Mexico, 07 de enero de 2021.- Prohibir totalmente la Subcontratación en México, como lo ha propuesto el gobierno federal, sólo traería pérdida de empleo y competitividad, afectación a empresas, aumentaría la informalidad laboral, e incluso habría mercado negro de servicios, estiman investigadores.
El presidente del Congreso Nacional de la Abogacía, Roberto Vidal Méndez, ha dicho que resulta “inviable” desaparecer esta figura, ya que en plena pandemia del Covid-19 aniquilará, “de un plumazo”, millones de empleos”.
En los últimos cinco años, esta modalidad de subcontratación creció 37% en México, lo que representa la fuente de empleo para 4 millones 128,912 colaboradores —13% del personal ocupado en el país—, de acuerdo con cifras del Censo Económico del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 2019.
Un estudio del COLMEX señala que, en los sectores que hacen uso intensivo de la subcontratación se ha reducido la informalidad del 33% al 22% de la población ocupada en esos sectores. La eliminación de la subcontratación haría que los trabajadores ahora formales se fueran a la economía informal, donde no tienen seguro social ni prestaciones.
Además, gobiernos se quedaría sin suficiente personal, ya que en todos los niveles (federal, estatal y municipal) son usuarios de la subcontratación. Tan solo el gobierno federal en 2019 subcontrató a más de 52 mil personas. En 2020 se preveía que la administración federal termininara subcontratando a más de 7 mil plazas de trabajo.
El eliminar la subcontratación, indica el Colmex, pondría en problemas la operación de algunos servicios públicos que prestan los gobiernos, los cuales se verían imposibilitados a contratar ese personal por los continuos recortes presupuestales.
Vidal Méndez, señaló que lo que se requiere es dar certeza a las inversiones y aplicar el Estado de Derecho. Pidió no satanizar al empresariado mexicano, ni generalizar que la subcontratación provoca prácticas ilegales, pues desde el 2012 la figura del outsourcing ya está regulada, por lo tanto, hay materia para sancionar las malas prácticas, porque también está vinculada a la ley fiscal y del IMSS, para poder tipificar las conductas por evasión.
Explicó que están en favor de combatir la evasión y elusión fiscal, el subregistro de los trabajadores, la facturación falsa y de cualquier otra actividad que perjudique la hacienda pública y los derechos de los trabajadores. Pero, agregó, este argumento no significa de ningún modo eliminar por completo la subcontratación y menos aprobar una iniciativa de ley sin un análisis profundo, donde sean tomadas en cuenta las posiciones y opiniones de los participantes en las reuniones de alto nivel del año pasado y las de este 2021.
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